[Servicio de noticias episcopal] El Casa de obispos el 20 de septiembre invitó a dos destacados abogados de la iglesia a brindar una descripción general del proceso disciplinario del Título IV de la Iglesia Episcopal para los obispos y un cronograma de cómo se siguió ese proceso después de que la presidenta de la Cámara de Diputados, Julia Ayala Harris, acusó al obispo retirado de Oklahoma, Ed Konieczny, de mala conducta en julio. 2022.

La presentación fue dirigida por Mary Kostel, canciller del obispo presidente Michael Curry, y JB Burtch, asesor legal de la Junta Disciplinaria para Obispos, y fue seguida por un período de preguntas y respuestas moderado por el obispo Todd Ousley, quien dirige la Oficina de Desarrollo Pastoral. Ousley había servido anteriormente como oficial de admisión de quejas contra obispos, hasta que Curry asignó ese rol a un puesto recién creado el 1 de agosto.

Ayala Harris hizo público su caso el mes pasado, revelando que Konieczny la había “dominada físicamente”, quien supuestamente también le hizo “declaraciones verbales inapropiadas” en la 80ª Convención General. La investigación de la iglesia sobre la denuncia de Ayala Harris terminó en una “respuesta pastoral”, pero ninguna acción disciplinaria contra Konieczny, a quien Ayala Harris no nombró, aunque su nombre se hizo público más tarde. Konieczny ha negado participar en cualquier mala conducta o decir algo inapropiado.

Varias obispas de diócesis del oeste de los Estados Unidos pidieron que se agregue el proceso del Título IV a la agenda de esta reunión del 19 al 22 de septiembre. que se lleva a cabo en línea. (Se proporcionó una transmisión en vivo para los periodistas). Kostel comenzó su presentación diciendo que el objetivo no es volver a litigar la queja del presidente de la Cámara de Diputados sino más bien explicar “cómo se desarrolló procesalmente”.

"Mi mejor entendimiento es que ninguna de las partes involucradas en este momento está interesada en volver a litigar el asunto", dijo Kostel. “Entonces, el objetivo de la cronología es, con suerte, proporcionar suficiente información sobre el proceso para que la gente pueda ver que hubo algún proceso (lo que se hizo, lo que no se hizo) y luego se puedan tomar decisiones... con la gente dando su opinión sobre lo que se hizo y lo que no se hizo. Es posible que sea necesario modificarlo en el proceso, o más que modificarlo, para garantizar que el proceso disciplinario funcione hacia sus objetivos”.

De izquierda a derecha, Mary Kostel, canciller del obispo presidente; El obispo Todd Ousley, jefe de la Oficina de Desarrollo Pastoral, y JB Burtch, asesor legal de la Junta Disciplinaria para Obispos, hablan ante la Cámara de Obispos sobre el proceso disciplinario del Título IV durante su reunión en línea el 20 de septiembre.

Kostel, con la ayuda de Burtch, procedió línea por línea a través de un cronograma escrito detallado que fue preparado para la Comisión Permanente de Estructura, Gobernanza, Constitución y Cánones de la iglesia, que es considerando posibles cambios a los cánones del Título IV en respuesta a los llamados de Curry y Ayala Harris para una nueva revisión que garantice la igualdad de responsabilidad de los obispos y otros clérigos.

El cronograma describe cómo una entidad conocida como Panel de Referencia dirigió gran parte del proceso de resolución de la queja de Ayala Harris. Por lo general, el obispo presidente es uno de los tres miembros del Panel de Referencia, pero Curry se recusó y designó a la obispo sufragánea retirada de Texas, Dena Harrison, para que ocupara su lugar. Ousley también formó parte del panel, junto con el Rt. Rev. Chilton Knudsen, como presidente de la Junta Disciplinaria para Obispos.

Dos veces durante el año pasado, Harrison, en nombre del Panel de Referencia y después de consultar con Ayala Harris, negoció exitosamente un acuerdo con Konieczny solo para que el acuerdo propuesto fuera rechazado por la Junta Disciplinaria para Obispos en pleno, según el cronograma. No se dio ninguna razón y Kostel y Burtch se negaron a dar más detalles sobre el asunto cuando los miembros de la Cámara de Obispos les preguntaron.

El cronograma también arrojó más luz sobre la participación de otro abogado de la iglesia, Brad Davenport de la Diócesis de Virginia, quien fue asignado al caso por la Junta Disciplinaria para Obispos. Después de que los acuerdos negociados fueron rechazados y el Panel de Referencia remitió el asunto a un Panel de Audiencia para considerar una posible disciplina para Konieczny, Davenport ejerció su autoridad bajo los cánones del Título IV para recomendar una “respuesta pastoral en lugar de una acción disciplinaria” el 25 de julio. aceptó esa recomendación y emitió la respuesta pastoral el 31 de julio, cerrando efectivamente el caso.

Junto con el Panel de Referencia, los cánones otorgan autoridad significativa al abogado de la iglesia designado en un caso del Título IV, incluyendo “ejercer discreción consistente con este Título y los intereses de la Iglesia al negarse a avanzar en los procedimientos” o enviar el asunto “para consulta pastoral”. respuesta en lugar de acción disciplinaria”.

Kostel, al responder a las preguntas de los obispos, describió la autoridad del abogado de la iglesia bajo el Título IV como aproximadamente equivalente a la de un fiscal penal, que tiene discreción en el sistema judicial civil para presentar o retirar cargos. La comisión permanente que está revisando los cánones del Título IV ya había identificado esto como un asunto que merecía un mayor escrutinio, incluso antes de que Ayala Harris hiciera público su caso, dijo Kostel.

Ousley, aunque remitió la mayoría de las preguntas a Kostel y Burtch, respondió directamente a una pregunta sobre la frecuencia de las quejas contra los obispos. Aunque ya no se desempeña como oficial de admisión, estimó que anteriormente recibía entre 40 y 50 quejas al año, siendo a veces los obispos individuales el foco de múltiples quejas. Durante su mandato, dijo, después de la revisión inicial, alrededor del 95% de esas quejas no alcanzaron el nivel de asuntos del Título IV. Eso podría significar que el demandante no estaba alegando ninguna violación canónica, o que el asunto equivalía a algo así como una interrupción de la comunicación entre el demandante y el obispo que podría resolverse con una conversación pastoral.

"Eso no significa que no sea un tema que deba abordarse", dijo Ousley. "Significa que el Título IV no es el lugar apropiado para eso".

– David Paulsen es reportero principal y editor de Episcopal News Service. Él puede ser contactado en dpaulsen@episcopalchurch.org.