El obispo J. Jon Bruno, diocesano de Los Ángeles, pasó casi siete horas el 29 y 30 de marzo respondiendo ante el tribunal que está contemplando una acción disciplinaria en su contra. Foto de Mary Frances Schjonberg / ENS.

[Servicio de Noticias Episcopales - Pasadena, California] Tres días de testimonio en la vista disciplinara del obispo J. Jon Bruno de la Diócesis de los Ángeles terminaron aquí el 30 de marzo sin un dictamen.

El abogado Raymond Coughlan ("Jerry"), nombrado para representar a la Iglesia Episcopal, y el canciller de la Diócesis de Los Ángeles Richard Zevnik no hicieron declaraciones finales, sino que presentarán testimonios por escrito a la declaración del tribunal ante de este tomo una decisión

"No tengo idea el tiempo que tomará nuestro dictador, pero hay otros procesos canónicos implicados que podrían significar que esto podría extenderse por un tiempo", dijo Hermanos Hollerith IV, obispo de la Diócesis de Virginia del Sur y presidente del tribunal al final de la sesión. "Esto no es algo que va a ocurrir antes de Pascua".

Las acusaciones detalladas en la vista derivada de la conducta de Bruno durante y después de su infructuoso intento de vendedor, en 2015, la iglesia episcopal de Santiago el Mayor [Iglesia de Santiago el Gran Episcopal ] en Newport Beach, un agente inmobiliario por $ 15 millones. Miembros de la iglesia observaron una querella disciplinaria contra él.

Un bruno se le acusa de haber violado el Título IV Canon IV.4.1 (g) por no haber ejercido su ministerio en conformidad con los cánones vigentes de la Iglesia (específicamente el Título II Canon II.6.3 que exige el consentimiento previo del comité permanente a cualquier plan de que una iglesia o capilla sea “trasladada, desmantelada o en otra forma destinada a cualquier uso mundano o común”), Título IV Canon IV.4.1 (h) (6) por “conducirse en forma deshonesta, fraudulenta, engañosa o falaz” y el Título IV Canon IV.4.1 (h) (8) por “cualquier conducta impropia de un clérigo” Los incisos necesarios del Título IV Canon IV.4.1 comienzan en la página 127 aquí.

Los demandantes de Santiago el Mayor alegan que Bruno violó los cánones de la Iglesia porque él:

• No obtuvo el consentimiento del comité permanente de la diócesis antes de concertar un contrato para vender la propiedad;
• tergiversó su intención hacia la propiedad con los miembros [de la congregación] el clero y la comunidad local en general;
• declararon falsamente que Santiago el Mayor no era una congregación sostenible;
• declaró falsamente que la Rda. Canónica Cindy Evans Voorhees, vicaria de Santiago, había renunciado;
• declaramos falsamente a algunos miembros de Santiago que él les alquilaría la propiedad durante cierto número de meses y que la diócesis ayudaría económicamente a la iglesia; mi
• incurrió en una conducta impropia en un miembro del clero al "inducir un error y engañar" al clero y los fieles de Santiago [el Mayor] así como a la comunidad local, respecto a sus planos para la propiedad, al tomar posesión de la misma y excluir a la congregación.

El reverendo Canon Kelli-Grace Kurtz, presidente de la reunión del grupo de programas de Los Ángeles en misiones, discute con el Panel de Audiencias lo que la diócesis requiere de esas congregaciones. Ella dijo que el grupo clasificó a St. James como una "estación de misión" y, por lo tanto, tenía que cumplir con ciertos requisitos de información. La Reverenda Canon Cindy Evans Voorhees, la vicaria de St. James, había testificado que había informado verbalmente a Bruno y no creía que tuviera que presentar esos informes. Foto: Mary Frances Schjonberg / Episcopal News Service

Bruno dijo en su breve respuesta al tribunal que cinco de las acusaciones deben decidirse a su favor porque “pruebas indiscutibles determinadas que no hay ninguna violación canónica”. Él dijo que la sexta acusación respecto a la supuesta tergiversación a Voorhees presenta una prueba contradictoria que el tribunal debe sopesar. Sin embargo, él calificó que “ella dijera (él me dijo que no vendería la propiedad) frente al testimonio de él (nunca dije que no vendería la propiedad) una dicotomía”.

El tribunal puede optar entre varios dictámenes, desde la desestimación de las acusaciones hasta la remoción de Bruno de su ministerio ordenado. Bruno o Coughlan tendrían 40 días para apelar la decisión del tribunal ante el Tribunal de Revisiones para Obispos.

La sesión del 30 de marzo comenzó la comparecencia de Bruno en la que respondió durante casi dos horas a las preguntas de Coughlan y Zevnik sobre su testimonio del 28 de marzo. Las preguntas abarcan varios temas al objeto de entender las acciones del obispo respecto a su intento de vendedor [la propiedad de] Santiago el Mayor, y sus motivos para las acciones de cuentos. Al tope de la lista de motivaciones estaba la de proporcionar dinero para financiar la misión y el ministerio actual de la diócesis.

El dinero era un problema, dijeron Bruno y otros testigos, porque la diócesis ha gastado más de $ 10 millones en el largo litigio en el que finalmente recobró cuatro propiedades que habían sido retenidas por episcopales que se habían desafiliado [de la denominación]. Bruno dijo que el gasto valió la pena porque tuvo un precedente respecto al derecho de propiedad de la Iglesia en la diócesis y en el estado. Él persistió en estas acciones aun después de que el obispo primado entonces, Frank Griswold y el canciller del Obispo Primado, David Booth Beers, aconseran en contra, supuestamente él.

Bruno y otras personas discutieron las pruebas que mostraban la venta de Santiago El Mayor era también un medio posible de la diócesis con dinero para comprar el interés restante en algunas propiedades comerciales en Anaheim, California. Algunos de ellos legado a la diócesis un interés parcial en esas propiedades. Las propiedades producidas un ingreso para la diócesis y la diócesis también creyeron que podría vender la propiedad cerca del estadio Angel. Un documento demostrado que las propiedades habían sido tasadas en $ 140 millones. La diócesis en este tiempo ha pedido el dinero prestado para adquirir el 100 por ciento de interés en las propiedades.

Algunos de los otros testigos en la vista del 30 de marzo dijeron que Bruto también quería dejar la diócesis en buena situación económica cuando se jubilara. Bruno cumple 72 años, la edad de retiro obligatorio para los clérigos de la Iglesia Episcopal, una multa de 2018. Su sucesor, el obispo coadjutor electo John Taylor, debe ser ordenado y consagrado el 8 de julio de este año.

David Tumilty, jefe del personal diocesano, le dice al tribunal de la preocupación del obispo de la Diócesis de Los Ángeles J. Jon Bruno sobre la salud económica de la diócesis y cómo esas preocupaciones pesaron en sus decisiones respecto a Santiago el Mayor. Foto de Mary Frances Schjonberg / ENS.

Ellos dijeron que la diócesis había sido severamente afectada no solo por los costos de los litigios, sino también por la recesión de 2008 que se produjo mientras las diócesis estaba gastando capital para pagar por el litigio, según el jefe del personal diocesano David Tumilty.

Tumilty afirmó que los gastos dieron lugar a reducciones de personal y de programas, tales como el que le proporciona una consejería [pastoral] a sacerdotes. Explicó también que el sistema de “corporación a su sola discreción” mediante el cual Bruno controlaba algunas, pero no todas, las propiedades diocesanas y activos estaba cortos de fondos por tener habitualmente que cubrir deficientes operativos en lo que se conoce como el presupuesto del Fondo de Acciones para la Misión.

La necesidad de recuperar capital es un tema en la vista del 30 de marzo. Por ejemplo, cuando Coughlan le solicitó al obispo quién era el enlace con la Sociedad de Rosas Náutica de la Comunión Anglicana, un empleo de $ 110.000 que él le había ofrecido a Voorhees, Bruno dijo que la plaza estaba vacante. “No cuento con el dinero para cubrirlo ahora porque él estuvo pagando un litigio durante dos años”, dijo refiriéndose al proceso del Título IV.

“¿De quién es la culpa?”, Pocos miembros del público preguntaron en voz baja pero perfectamente audible. Voorhees se volvió y le indico al público que se callara y luego Hollerith le grabó a los espectadores el requerimiento de mantenerse en silencio.

La Rda. Canóniga Melissa McCarthy, que presidió el Comité Permanente de la Diócesis de Los Ángeles durante 2015 y 2016, le cuenta al tribunal acerca de las acciones del comité respecto al intento de Bruno de vender la propiedad de la iglesia episcopal de Santiago el Mayor. Foto de Mary Frances Schjonberg / ENS.

La sesión del 30 de marzo también identificó que la venta de Santiago el Mayor había provocado controversia al menos entre dos líderes diocesanos. La Rda. Canóniga Melissa McCarthy, presidenta del Comité Permanente durante 2015 y 2016, le dijo al tribunal que la entonces obispa sufragánea Mary Glasspool la había llamado para obtener información acerca de una posible venta de Santiago [el Mayor]. McCarthy expresó que Glasspool le había dicho que, como presidente del comité permanente, McCarthy tenía el deber de detener la venta. Ella agregó que Glasspool le había pedido que se pusiera en contacto con un canciller diocesano episcopal en el estado a quien MCarthy conocía ya que Glasspool pensaba que podría ayudar a desarrollar un argumento contra la venta.

Glasspool se proponía ponerse en contacto con otros obispos episcopales en lo preocupante a la venta, dijo McCarthy. Luego de orar durante un día, McCarthy dijo que ella se puso en contacto con Bruno para ponerlo al corriente de la conversación porque ella supo que el obispo había revelado confidencialmente la oferta de compra de Santiago [el Mayor] durante una reunión del liderazgo ejecutivo de la diócesis.

"El obispo sufragáneo ha llamado al presidente del comité permanente y ha recabado su apoyo para desautorizar lo que el obispo diocesano estaba haciendo", dijo McCarthy, explicando la razón que tuvo que llamar a Bruno. Y [porque ella] había quebrantado su confidencialidad, específicamente qué él había requerido de saber ”.

El comité permanente finalizó el empeño de Bruno del vendedor Santiago [el Mayor] durante una reunión extraordinaria el 8 de junio de 2015, más de dos meses después de que Bruno acepta la oferta. Los miembros aprobados su aprobación, dijo ella, aunque Bruno no la solicitó. Debido a que el título de propiedad residual en la corporación a su sola discreción, dijo McCarthy, Bruno creyó que él podría actuar sin su aprobación [del Comité Permanente]. McCarthy hizo notar que su comité aprobado finalmente desconsagraría la iglesia si la venta se hubiera llevado a efecto.

"Queremos tener alguna manera de mostrar claramente nuestro apoyo", dijo ella. “Circunstancias únicas” rodeó esa decisión porque, para el 8 de junio, dijo McCarthy, “Ya habían iniciado una campaña a través de las redes sociales” y ya habían creado otra oposición a la venta.

Además, dijo McCarthy, el comité sabía que el obispo estaba buscando medios de recuperación de los costos del litigio y estaba preocupado por el estado financiero de la diócesis cuando él se jubilara. Los miembros del comité también hablan acerca de cómo "una congregación y un edificio son dos cosas distintas" y que la venta de la propiedad "responde a un plan que el obispo había tenido un largo de varios años".

A veces Bruno decidió vender a Santiago [el alcalde] y si él se deleitaba en esta intención a Voorhees ya los miembros de Santiago y cuando lo hizo es algo que está en discusión. Voorhees y otros han insistido en que creyeron que Bruno quería que revivieran Santiago de manera que tenían que continuar en el edificio recuperado a duras penas.

El proceso disciplinario del Título IV se basa en un modelo de conducta profesional

Aunque el Título IV de los cánones disciplinarios del Título IV transfirieron las acciones disciplinarias del clero de un proceso legal a un proceso de conducta profesional, muchos términos legales persisten. Por ejemplo, Hollerith y los abogados se refirieron a las preguntas como un “interrogatorio” y hubo “objeciones” respecto a algunas preguntas o si ciertas “pruebas” eran “admisibles”.

Clare Zabala-Bangao, coordinadora para congregaciones de misión de la Diócesis de Los Ángeles, le dice al tribunal sobre sus empeños de los líderes laicos de Santiago [el Mayor] y la Rda. Canóniga Cindy Evans Voorhees, la vicaria, presentaran los debidos informes financieros mensuales. Foto de Mary Frances Schjonberg / ENS.

La sesión de cada día comenzando y terminando con una oración dicha por el Rdo. Erick Larsen, de Rhode Island, miembro del tribunal. La oración de apertura concluyó con todos los participantes y observadores diciendo en voz alta y al unísono el Padre Nuestro. Al final de la sesión de la tarde del 30 de marzo, Larsen oró que Dios orientó al tribunal para “discernir la verdad y encontrar tu voluntad para nosotros según avanzamos”. Larsen solicitó que en tanto proseguía el discernimiento y las personas esperaran por el resultado que "sobre todo no perdiéramos la caridad que tú nos revelas en tu hijo Jesús".

Hollerith concluyó la sesión con una bendición y una despedida litúrgica.

Además de Hollerith y Larsen, los miembros del Tribunal que examinaron las denuncias contra Bruno, se encontraban el obispo de Rhode Island Nicholas Knisely, el obispo de Dakota del Norte Michael Smith, y Deborah Stokes de [la Diócesis de] Ohio Sur .. Todos son miembros de la Junta Disciplinaria para Obispos, que los designó.

El tribunal se reunió en el hotel Courtyard Marriott en Pasadena, a unos minutos 90 al nordeste de Newport Beach. Salve a Santiago el Mayor [Salvar a Santiago el Grande] organizó autobuses para ir y volver a la vista todos los días. Cerca de 120 personas llegaron a sentarse en la galería durante las sesiones diarias.

- La Rda. Mary Frances Schjonberg es redactora sénior y reportera de Servicio de Noticias Episcopales. Traducción de Vicente Echerri.