La obispa primada Katharine Jefferts Schori predicó a mediados de diciembre en la iglesia de la Santa Cruz en Santa Fe, región de San Pedro de Macorís, que una vez fue el centro de la región azucarera de la República Dominicana. Foto de Lynette Wilson/ENS

[Episcopal News Service – Santo Domingo, República Dominicana] Una gran concurrencia acudió a saludar a la obispa primada Katharine Jefferts Schori a mediados de diciembre en la iglesia de la Santa Cruz, en Santa Fe, en lo que una vez fuera el centro de la región azucarera de la República Dominicana en San Pedro de Macorís.

Jefferts Schori predicaría después, pero primero su programa incluía un conversatorio con la comunidad inmigrante acerca de su experiencia a raíz del veredicto del Tribunal Constitucional en 2013 que anuló la ciudadanía de unos 200.000 dominicanos de origen haitiano, muchos de ellos mujeres y niños.

“La realidad actual es que hay generaciones de personas con antepasados haitianos en la República Dominicana; hijos, nietos e incluso bisnietos nacido en la RD a los que ahora les han dicho que no son ciudadanos, lo cual significa que ahora no pueden obtener pasaportes (o) teléfonos celulares, porque no tienen números de identificación”, dijo Jefferts Schori en una entrevista con Episcopal News Service. “En muchos casos han eliminado o invalidado sus registros de nacimiento. No pueden asistir a la escuela, no pueden ir a la universidad, no pueden obtener préstamos; simplemente no pueden funcionar en las áreas normales de la sociedad.

“No sólo están indocumentados, sino que son ‘de-documentados’ “.

El dictamen del tribunal en 2013 se produjo tres años después de que la República Dominicana cambiara su constitución y eliminara el ius soli, el derecho de cualquier persona nacida en el territorio de un Estado a su nacionalidad o ciudadanía —un derecho prácticamente universal en América. El veredicto, o dictamen de 2013, llevaba más lejos el cambio constitucional, haciéndolo retroactivo a 1929 y despojando de la ciudadanía a tres generaciones de personas nacidas en la República Dominicana.

“La desnacionalización impuesta por el dictamen es un acto de injusticia e iniquidad; son dominicanos que han sido desposeídos por la sentencia”, dijo Julio Holguín, obispo [episcopal] de la República Dominicana, quien desde el comienzo ha sido parte de un comité de solidaridad compuesto por abogados, activistas y académicos que han condenado la decisión del tribunal y defienden los derechos de los afectados.

“Como Iglesia nos sentimos muy comprometidos y obligados a ser la voz de los que no tienen voz”.

Ocho meses después del dictamen, en mayo de 2014, luego de intensa presión política y de llamados internacionales a la justicia, el presidente [de la república] presentó y el Congreso dominicano aprobó una ley que permitía a los hijos de migrantes “irregulares”, o de presuntos no residentes “de tránsito” que tuvieran certificaciones de nacimiento, convertirse en ciudadanos, y los que carecieran [de esa certificación] solicitar residencia legal y posteriormente la ciudadanía.

La ley de mayo de 2014 se aplicaría a unas 20.000 personas, lo cual, dicen los críticos, es una cifra muy exigua.

Sin una certificación de nacimiento, una persona no puede obtener un carnet de identidad, que es requisito para estudiar, para solicitar un empleo digno, para casarse, para inscribir los hijos [en el registro civil], para tener derecho a seguros estatales de salud y a pensiones, así como para abrir una cuenta bancaria, solicitar un pasaporte, participar en las elecciones e incluso para ser bautizado.

Sin embargo, obtener una certificación de nacimiento puede ser un proceso arbitrario y costoso en la República Dominicana, dada la actual inclinación derechista y el sentimiento antiinmigrante que se deja sentir con vistas a las elecciones presidenciales de 2016. Es ya una tarea ardua en un país en desarrollo con procedimientos de archivo irregulares, que se hacen más difíciles en pequeños pueblos y zonas rurales donde los obreros siguen viviendo en bateyes —las comunidades informales que crecieron en torno a las plantaciones de caña de azúcar, donde solían vivir los inmigrantes haitianos y donde personas pobres y marginadas siguen viviendo mucho después del colapso de la industria azucarera.

En la iglesia de la Santa Cruz, una joven, Linda, de 24 años y madre de dos niños, compartió su historia de vivir sin una certificación de nacimiento y, por tanto, sin un documento de identidad, que necesita para continúe su educación y para inscribir los nacimientos de sus hijos, un niño de 1 año y una niña de 5, nacidos ambos en la República Dominicana, uno de ellos de padre dominicano, el otro de haitiano.

Linda conserva un comunicado de la Secretaría de Educación en el que le dicen que ella no puede continuar sus estudios en una escuela nocturna sin una certificación de nacimiento, una fotocopia del carnet de identidad de su madre emitido por el gobierno dominicano en 2005 y un “hago constar” firmado y acuñado con el sello de la parroquia catolicorromana que confirme su nacimiento y en 1990 y la identidad de su madre.

Sin un abogado que la ayude a abrirse camino en [el laberinto de] la burocracia y en lo que los activistas, abogados y miembros del Comité Pastoral sobre Inmigración de la Diócesis de la República Dominicana describen como un proceso arbitrario, la vida de Linda y la de sus dos hijos probablemente permanecerá en un limbo.

Otros en situaciones semejantes o con miembros de su familia afectados se encontraban en el grupo de más de 250 personas temerosas de compartir públicamente sus historias. No obstante, luego de la reunión, afuera de la iglesia durante la eucaristía, ellas se aventuraron a hablar con la esperanza de encontrar alguna ayuda. Al igual que Linda, muchos buscaban legitimar su residencia a fin de estudiar, trabajar en la economía regular y proporcionarles una mejor vida a sus familias. Sin una certificación de nacimiento y una nacionalidad, son apátridas, “aquellos a los que ningún estado considera un ciudadano del país conforme al funcionamiento de sus leyes”.

Se calcula que hay unos 10 millones de apátridas en todo el mundo, muchos de los cuales han sido empujados a ese estado por la guerra, y otros debido a la migración económica, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, organismo éste que en 2014 inició una campaña de 10 años al objeto de erradicar este problema.

Además de la labor del UNHCR, la carencia de nacionalidad ha captado la atención de la Red Internacional de la Familia Anglicana, que apoya la campaña a favor de la inscripción de nacimiento universal, lo cual significa que apoya los empeños que se llevan a cabo a nivel mundial para garantizar el cumplimiento de este requisito en países que reconocen la Convención de los Derechos del Niño, de 1989. La República Dominicana es signataria de la convención y por consiguiente conviene con el Artículo 7 en que los niños tienen el derecho a ser inscritos inmediatamente allí donde, de otro modo, podrían convertirse en apátridas.

Dicho eso, Naciones Unidas ha resistido el emprender una acción formal contra la República Dominicana, que no es parte de la convención de 1954 ni de la de 1961 sobre la condición de los apátridas; y el país ha ignorado intentos legales internacionales previos de proteger los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana.

En 2005, después de siete años de litigio, el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos le ordenó a la República Dominicana que le otorgara certificaciones de nacimiento, y por tanto ciudadanía, a dos niñas dominicanas de nacimiento y ascendencia haitiana.

El tribunal llegó a la conclusión de que la República Dominicana “había violado los derechos de las niñas de ascendencia haitiana y las había convertido en apátridas al rehusar emitirles sus certificación de nacimiento debido a su raza”. Además, el dictamen le exigía a la República Dominicana que reformara la política pública para abordar la discriminación histórica en sus procedimientos de inscripción de nacimientos: para emitir certificaciones de nacimiento a los niños independientemente de su estatus migratorio o de la raza de sus padres, así como para reformar el sistema educativo.

En un comunicado de prensa publicado inmediatamente después del fallo del tribunal en octubre de 2005, uno de los demandantes predijo la importancia histórica del dictamen.

“Este fallo fundamental cambiará a la República Dominicana tal como Brown v. Board cambió los Estados Unidos”, dijo Laurel Fletcher, directora del Consultorio Jurídico Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de California, adscrito a la Escuela de Derecho de Berkeley. Pero eso no sucedió.

El obispo de la República Dominicana Julio Holguín y miembros del comité de solidaridad celebraron una conferencia de prensa el 14 de enero para denunciar un dictamen reciente de la junta electoral de invalidar los documentos de identidad de 2 millones de personas.

En 2007, la Junta Central Electoral, que además de organizar y regular las elecciones, supervisa el programa nacional de identificación del país, puso en vigor una resolución que limitaba el acceso a las certificaciones de nacimiento y carnets de identidad del gobierno a dominicanos de ascendencia haitiana. El 14 de enero, Holguín y otros miembros del comité de solidaridad sostuvieron una conferencia de prensa en la que denunciaron una reciente decisión de la junta electoral de invalidar los documentos de identidad de 2 millones de personas “prosiguiendo así con la obra iniciada por el dictamen de 2007”.

Décadas de cambios legislativos y de políticas administrativas destinadas a limitar el acceso a la ciudadanía han complicado aún más un sistema que ya era complicado e injusto.

“Los problemas de justicia son enormes. Los tribunales de derechos humanos en Latinoamérica han dictaminado que esto es ilegal y le han dicho a la RD que tiene que cambiar sus leyes. Pero hasta ahora el gobierno en la RD ha resistido todos esos esfuerzos por cambiar la interpretación de la ley, negando que hayan violado los pactos de derechos humanos en América Latina. No resulta claro que vaya a ver alguna solución real, rápidamente”, dijo Jefferts Schori, durante su visita de mediados de diciembre.

“Es obvio que si la gente cuenta con los recursos económicos para litigar, con frecuencia pueden obtener alguna satisfacción. Pero eso suele ser muy costoso y toma mucho tiempo y claramente muchas personas de clase obrera simplemente no pueden hacerle frente”.

Numéricamente, la Diócesis Episcopal de Haití es la más grande la Iglesia Episcopal; y la Diócesis de la República Dominicana es una de las diócesis de más rápido crecimiento en la IX Provincia, que abarca [parte de] América Latina. Luego del dictamen del Tribunal Constitucional en 2013, el Consejo Ejecutivo sugirió que la Obispa Primada viajara a la República Dominicana en una misión en busca de información precisa.

Mediante su visita, que incluyó informes del comité pastoral de la diócesis, una visita a Centro Bonó, una organización no gubernamental auspiciada por jesuitas, y conversaciones informales con periodistas, académicos y abogados, que definieron la situación “como una amenaza a la democracia”, la Obispa Primada esperaba a hacer a toda la Iglesia consciente de la situación en la República Dominicana.

“En verdad la educación ayuda a las personas a llevar una mejor labor de promoción social con sus propios legisladores. Creo que nuestro propio gobierno tiene alguna posibilidad de ejercer presión sobre el gobierno dominicano. Creo que el cambió advendrá a partir de la presión internacional”, dijo Jefferts Schori.

“Las relaciones comerciales entre la RD, EE.UU. y otras naciones desarrolladas van en aumento y en algún momento la presión económica, la presión económica y política, tiene muchas posibilidades de tener un efecto”.

A semejanza de los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que han cruzado la frontera de Estados Unidos para encontrar trabajo, se calcula que 1 millón de haitianos ha cruzado la frontera de 273 kilómetros que separa a Haití de la República Dominicana. Las similitudes no terminan aquí: recientemente, los menores han estado cruzando la frontera en cifras récord, y aumentaron las tensiones después de que varios pescadores haitianos fueran arrestados en aguas dominicanas cerca de Pedernales, un pueblo de la costa del Caribe y el punto fronterizo más al sur [entre las dos naciones].

“Ocasionalmente surgen conflictos en la frontera. Particularmente cuando está abierta para facilitar a comerciantes de ambos lados que vendan sus productos”, dijo Holguín, añadiendo que en este caso hubo protestas frente al consulado dominicano en Haití. La protesta terminó luego de la liberación de los pescadores. Y muchos haitianos cruzan la frontera durante los días feriados, lo cual aumenta el tráfico y las posibilidades de conflicto.

Adicionalmente, meses de constantes y violentas protestas en Haití —en que se pedía la celebración de elecciones aplazadas por mucho tiempo y la renuncia del presidente— y la reciente disolución del parlamento haitiano han generado mayores tensiones en ambos lados de la frontera.

“La situación política en Haití se ha hecho difícil… lo cual preocupa a algunos sectores del lado dominicano”, opinó Holguín.

Colonización e historia de La Española

La República Dominicana, con una población de 10,4 millones de habitantes, y Haití, con una población de 10,3 millones, comparten la isla de La Española, en la cual la República Dominicana ocupa aproximadamente dos tercios de la región oriental y Haití el tercio occidental de la isla. La Española es la segunda isla en extensión territorial de las cuatro que constituyen las Antillas Mayores y la única que comparten dos naciones.

En 1492, el explorador Cristóbal Colón desembarcó en La Española, en la parte que llegaría a convertirse en Haití; un año después estableció la primera colonia europea permanente en los que ahora es la República Dominicana. Los españoles colonizaron la isla y la gobernaron hasta que los franceses ocuparon la parte occidental, Haití, en 1660. Durante siglos de gobierno colonial, españoles y franceses explotaron los recursos naturales de la isla. Cuando la mano de obra se redujo, los franceses importaron millones de esclavos africanos para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y tabaco en lo que llegó a tenerse por la colonia más rica del Caribe. Cuando los esclavos se rebelaron, Haití se convirtió en una nación independiente en 1804, y la República Dominicana, entonces conocida como Santo Domingo, lo siguió al año siguiente.

Un año después, el ejército haitiano invadió y los dos países fueron gobernados por Haití hasta 1844, una ocupación de 22 años definida como “brutal y opresiva” que sigue alimentando las tensiones y los sentimientos antihaitianos en la actualidad. Todos los años, el 27 de febrero, los dominicanos celebran su independencia, no de España, sino de Haití.

Sin embargo, la independencia en Haití y la República Dominicana no produjo democracias estables. Más bien hubo periódicos regímenes de fuerza que, finalmente, dieron lugar a las muy semejantes dictaduras de François Duvalier (“Papa Doc”) y Rafael Trujillo (“El Jefe”). Este último ordenó la masacre de entre 9.000 y 20.000 haitianos que vivían a lo largo de la frontera en octubre de 1937.

La masacre y el denigrante retrato que hacía Trujillo del pueblo haitiano dejó una mancha en las relaciones dominico-haitianas, dicen historiadores y políticos entre otros.

El auge de la industria azucarera

A partir de la década del 70 y 80 del siglo XIX, la producción azucarera comenzó a desarrollarse a escala industrial en la República Dominicana. Los haitianos finalmente se impusieron como fuerza laboral migrante; para 1952, los dos países llegaron a un acuerdo bilateral que garantizaba un continuo suministro de obreros haitianos para hacer frente a las demandas de la producción azucarera, durante la temporada anual de la zafra. En un momento llegó a haber ocho grandes plantaciones de caña de azúcar cerca de Santa Fe, donde estuvo de visita la Obispa Primada.

“Muchos, muchos haitianos vinieron a trabajar a la RD en la industria azucarera bajo la dictadura de Rafael Trujillo”, dijo Jefferts Schori.

Los acuerdos fueron semejantes al del programa de braceros en Estados Unidos, el cual garantizó un flujo permanente de obreros manuales provenientes de México de 1942 a 1964.

“Cuando la industria azucarera se desplomó y la mano de obra ya no era necesaria, los haitianos se quedaron”, dijo ella.

El Rdo. Álvaro Yepes, miembro de la comunidad pastoral de la diócesis, quien atiende el campamento del Monte de la Transfiguración en El Pedregal, dijo que al menos 19 miembros de su comunidad carecen de certificaciones de nacimiento. Además de ofrecerles oraciones y atención pastoral, él se siente frustrado por lo poco más que puede hacer por ellos, dijo.

“Es fácil decir que todos somos hijos de Dios, pero difícil ponerlo en práctica” cuando no a todos los miembros de la sociedad se les trata de la misma manera, apuntó Yepes, quien agregó que, por razones prácticas, el gobierno todavía provoca resentimientos entre los dominicanos y los que se perciben como inmigrantes haitianos.

En tiempos de crisis, la República Dominicana ha respondido generosamente a Haití. Dada su proximidad, fue el primer país en responder luego del catastrófico terremoto del 12 de enero de 2010 que mató entre 200.000 y 300.000 personas y destruyó totalmente partes de la capital haitiana de Puerto Príncipe y de la vecina [ciudad de] Léogâne. La República Dominicana proporcionó ayuda de emergencia, organizó voluntarios y, lo más significativo, abrió la frontera en Jimaní, a 64 kilómetros al este de Puerto Príncipe, para [dejar entrar] a haitianos que huían del desastre.

Se calcula que 1 millón de haitianos huyó a la República Dominicana, duplicando así el tamaño de la población inmigrante. De los 2 millones de haitianos que viven en la República Dominicana, 70.000 se encuentran allí legalmente, según los datos de Human Rights Watch.

Frontera y problemas compartidos

Haití está clasificado como un país de bajos ingresos donde el 58,5 por ciento de la población vive en la pobreza; en comparación, la República Dominicana se clasifica como un país de altos a medianos ingresos, con un 40,9 por ciento de la población que vive en la pobreza, según datos del Banco Mundial.

Tanto la economía haitiana como la dominicana dependen de remesas ganadas por inmigrantes que trabajan en el exterior y les envían ayuda a sus familias en el país. Las remesas constituyen el 7,3 por ciento de la economía dominicana y el 21,1 por ciento de la economía haitiana, según datos del Banco Mundial

Se calcula que en Estados Unidos residen un millón y medio de dominicanos y unos 600.000 haitianos.

“Cuando nuestro sistema económico depende de la capacidad de transporte y de la posibilidad de moverse de las personas que quieren trabajar, así como de la necesidad de las personas de mudarse por falta de oportunidades o (debido a) la violencia, violencia estatal o no estatal, hemos de admitir que la manera que teníamos de hacer las cosas ya no funciona”, dijo Jefferts Schori. “Fíjense en la Filipinas: su economía depende de su mano de obra migrante (y) eso es cada vez más cierto de algunas naciones de América Latina”.

La República Dominicana ha sido clasificada recientemente entre las economías de más rápido crecimiento del mundo, con un promedio de 5,5 de aumento anual del producto interno bruto a lo largo de 20 años. Sin embargo, según algunos estudios, el mercado laboral ha permanecido estancado, con obreros empleados en gran medida en trabajos de bajos salarios o en la economía informal.

En ese mismo período de dos décadas, las remesas —jornales transferidos al país por trabajadores migrantes— aumentaron constantemente alcanzando el pico del 11,4 de PIB en 2004, y descendiendo al 6,5 por ciento en 2011; la desigualdad en el ingreso ha aumentado en la última década.

Que la economía crezca, pero la demanda de trabajo y los salarios permanezcan estancados atiza los fuegos del resentimiento, el cual ha aumentado notablemente desde 2013, dijo Franklin Paula, que enseña inglés en una escuela episcopal en Santa Cruz.

Ha habido manifestaciones en respuesta a incidentes que se perciben motivados por prejuicios raciales, por ejemplo la quema de una bandera en mayo de 2014, dijo Paula, que nació en la República Dominicana, pero cuya familia es de Antigua.

Y a los haitianos, señalaba él, que vienen a la República Dominicana hablando dos o tres idiomas, con frecuencia prefieren contratarlos en los balnearios que sirven a turistas europeos y norteamericanos, lo cual da lugar a mayores resentimientos entre los obreros dominicanos que devengan bajos jornales.

— Lynette Wilson es redactora y reportera de Episcopal News Service. Traducción de Vicente Echerri.