El Obispo de Arizona 'mesuradamente complacido' con el fallo del Tribunal Supremo

La ley de inmigración es parcialmente derogada en una decisión de 5 a 3

Por Pat McCaughan
Posted Jun 29, 2012

Miembros de ‘Arizona Prometida’ [Promise Arizona] celebran una vigilia de oración antes de que el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, respecto a la controversial ley de inmigración de Arizona, SB1070, se conociera en el Capitolio de Arizona, en Phoenix, el 25 de junio. El Tribunal Supremo abrogó el lunes algunas de las medidas fundamentales de la ofensiva de Arizona contra los inmigrantes [ilegales], pero dijo que una porción de la ley muy debatida sobre la verificación del estatus de personas sospechosas podía seguir en vigor. Foto AP/Ross D. Franklin

[Episcopal News Service]El obispo Kirk Smith de Arizona dijo estar “mesuradamente complacido” respecto al fallo de referencia del Tribunal Supremo el 25 de junio, que derogó la mayor parte de una controversial ley estatal que victimizaba a los inmigrantes.

“Como alguien que labora y ora por una política de inmigración más justa, estoy mesuradamente complacido con el fallo del Tribunal Supremo sobre la controversial ley SB 1070”, dijo Smith, un clamoroso opositor de la medida, en un comunicado de prensa.

El fallo del tribunal, de 5 votos a favor y 3 en contra [con una abstención] bloqueó tres de las cuatro áreas que se habían impugnado de la ley, pero dejó en pie la más controversial, la cláusula que han llamado de “muestre sus documentos”, que autoriza a la policía estatal a verificar el estatus migratorio de cualquier persona que detenga si existiera una sospecha razonable de que la persona se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.

Sin embargo, el fallo también advirtió que el gobierno federal tiene la autoridad última para decidir a quien detener y deportar por violación de las leyes migratorias.

La opinión de la mayoría escrita por el magistrado Anthony Kennedy bloqueó partes de la ley que habrían convertido en una falta o delito menor el que los inmigrantes no portaran una identificación que dijera si se encontraban legalmente en Estados Unidos. Dijo también que el estado no puede incriminar a personas indocumentadas por solicitar empleo y no puede arrestar a alguien basándose tan sólo en la sospecha de que la persona se encuentra ilegalmente en este país.

Los magistrados Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito sostuvieron las opiniones discrepantes. La magistrada Elena Kagan se recusó aduciendo que ella se había ocupado del caso mientras trabajaba en el Departamento de Justicia antes de su nominación al Tribunal Supremo.

Smith calificó el fallo del alto tribunal como un paso en la dirección correcta, pero dijo que habría deseado que los magistrados hubieran ido más lejos, añadiendo que el fallo deja “mucho trabajo por hacer para garantizar que los inmigrantes que viven dentro de la ley en nuestro país sean tratados de una manera justa y humana.

“Por ejemplo, la cláusula de la ley de “muestre sus documentos”, que el tribunal dejó en pie, todavía tiene grandes posibilidades de permitir la discriminación racial y otros abusos”, afirmó. “Queda aún mucho por hacer para garantizar que todas nuestras leyes migratorias respetan la dignidad de todo ser humano”.

“La Iglesia Episcopal está comprometida con políticas públicas que aspiran a un sistema migratorio más humano en Estados Unidos”, escribió Alexander D. Baumgarten, director de relaciones gubernamentales de la Iglesia Episcopal, en un correo electrónico enviado a ENS. “Durante los últimos dos años, la Iglesia ha expresado constante preocupación por la ley de Arizona, porque hace la vida más difícil, y a nuestras comunidades menos acogedoras, para los que vienen a esta nación a construir una vida mejor para ellos y sus descendientes. La aplicación de las actuales leyes de inmigración, si bien constituyen una obligación para los líderes electos, deberían aplicarse de un modo que salvaguarden los derechos civiles de todas las personas y la dignidad de todos los hijos de Dios.

“Respetamos el papel del Tribunal Supremo como el árbitro de las cuestiones constitucionales en Estados Unidos, y nos sentimos agradecidos de que algunos de los aspectos más trascendentes de la ley de Arizona ya no están en vigor”, prosiguió Baumgarten. “Seguimos preocupados del impacto de las estipulaciones de “muestre sus documentos” que el tribunal ha ratificado, e instamos a los legisladores de Arizona, y de todo el país, a que reconsideren esta desafortunada política y otras semejantes. En definitiva, el debate sobre esta ley refuerza la necesidad del Congreso y el Ejecutivo de emprender el trabajo de una reforma de inmigración global”.

La legislatura de Arizona aprobó la SB1070 en 2010; luego un juez federal emitió un dictamen preliminar el 28 de julio de 2010 por el cual bloqueaba la ley un día antes de que entrara en vigor. El fallo de este tribunal fue respaldado por el tribunal de apelaciones del IX Circuito y entonces los funcionarios del estado apelaron al Tribunal Supremo.

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha argüido que las políticas federales de inmigración están por encima de cualesquiera leyes estatales, y que [la de Arizona] alienta la discriminación racial al permitir que los agentes de la autoridad exijan pruebas de ciudadanía si sospechan que alguien está ilegalmente en el país.

Potencialmente, el fallo podría repercutir en las leyes de unos 20 estados, desde Pensilvania hasta Utah, en los cuales se han aprobado, o están en el proceso de aprobarse, legislaciones semejantes que tienen por objetivo detener y deportar a personas indocumentadas. En otros lugares los funcionarios públicos estaban revisando la ley para determinar su impacto en dichas legislaciones.

El fallo se produjo después de que un estudio del Centro de Investigaciones Pew, dado a conocer el 23 de abril, revelara que por primera vez en décadas salen más personas indocumentadas del país de las que entran.

Smith dijo que no tenía idea de ninguna manifestación pública inmediata planeada por líderes de la Iglesia local, pero añadió, “yo esperaría que nadie vea la lucha por los derechos civiles en Arizona como algo que se acabó. No importa cuáles sean sus opiniones en este asunto, les pediría que mantuvieran en sus oraciones a los hermanos episcopales de Arizona cuyas vidas se ven diariamente afectadas por la lucha para encontrarle una justa solución a este problema”.

— La Rda. Pat McCaughan es corresponsal de Episcopal News Service y está radicada en Los Ángeles. Traducido por Vicente Echerri.

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