[Episcopal News Service – Salt Lake City, Utah] El Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal resumió -el 20 de abril, en esta ciudad- su labor del trienio 2010-2012 debatiendo su permanente quehacer contra el racismo y emitiendo un memorando que informaba que el anteproyecto de presupuesto que se le había dado a conocer a la Iglesia “no es exactamente” el que se había aprobado.

“Hemos intentado proporcionar un documento descriptivo de apoyo, sin inculpaciones”, dijo Fredrica Thompsett (diócesis de Massachusetts), una de los miembros, dirigiéndose a sus colegas en el momento de presentarles el memo para su aprobación.

El memo informa que hay “potencialmente muchas explicaciones para los múltiples errores que [contiene] el documento”, entre ellos “demasiadas hojas de cálculo, muy poco tiempo”, y el “rápido discurso” que conllevó la [discusión] de dos diferentes  propuestas presupuestarias el último día de la reunión del Consejo en enero.

Y, el Consejo dijo, una decisión de programar la reunión del Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto y Finanzas para debatir el presupuesto, que habría de comenzar el día después que el consejo aplazó sus sesiones en enero, demandó que el Consejo conviniera en “un documento final antes que la oficina del tesorero tuviera tiempo suficiente de redactar el documento para la revisión final por el Consejo Ejecutivo”.

En su mensaje a la Iglesia, el consejo explicó que su “decepción no es simplemente renuencia a soltar el presupuesto, sino, por el contrario, un enunciado muy claro de que el presupuesto enviado al [comité] de Programa, Presupuesto y Finanzas no es el presupuesto que el Consejo aprobó”.

“Más bien que perder tiempo atribuyendo culpas, los miembros del Consejo pasaron con bastante rapidez a un debate de cómo rectificar la situación dentro de los límites impuestos por los cánones”, decía el mensaje.

La obispa primada, Katharine Jefferts Schori, y la presidente de la Cámara de Diputados, Bonnie Anderson, dijeron durante una reunión después de conferencia de prensa que el nuevo proceso que el Consejo utilizó para redactar la propuesta presupuestaria no era perfecto. No obstante, agregó Jefferts Schori, “ello abrirá el proceso presupuestario tradicional a nuevas maneras de pensar”. Y Anderson dijo que “tenemos un proceso que permite más aportes”.

Jefferts Schori indicó durante la conferencia de prensa que las discrepancias específicas que el Consejo listó en su memorando no pueden corregirse ahora en la versión presupuestaria propuesta. “[Esas discrepancias] son simplemente un reflejo de las intenciones del Consejo”, agregó.

Las reglas conjuntas de la Convención General (II.10 10 (a) exigen que el Consejo dé al Programa de Presupuesto y Finanzas una propuesta presupuestaria en no menos de cuatro meses antes del comienzo de la Convención. El programa de Presupuesto y Finanzas inicia las audiencias sobre el presupuesto el 3 de julio en Indianápolis, un día antes del inicio oficial de la 77ª reunión de la Convención General. Ni el Consejo ni el PBF tienen autoridad para cambiar el documento del presupuesto hasta ese momento.

Anderson expresó durante sus palabras de clausura que ella tenía “gran fe en la sabiduría colectiva del pueblo de esta Iglesia y creo que la Convención General puede hacer lo que sea necesario para comenzar nuestra renovación”.

El Consejo aprobó varias resoluciones en su reunión de tres días en referencia al racismo, incluida su compromiso con un permanente adiestramiento antirracista. En su mensaje a la Iglesia, el Consejo dijo que había una “acalorada y apasionada discusión” centrada en “cómo distinguir las diferencias entre el adiestramiento antirracista y el adiestramiento en diversidad e inclusión”.

El racismo, dijo Jefferts Schori durante sus comentarios de clausura, “al igual que el pecado, tiene consecuencias que perduran, y nuestras dificultades en hablar acerca del racismo son simplemente una expresión de algunas de esas consecuencias. Eso no se curará en esta vida, sin embargo somos llamados a seguir luchando con ello”.

El Consejo Ejecutivo concluyó su reunión con una Eucaristía. La Rda. Gay Jennings, miembro del Consejo proveniente de la diócesis de Ohio, cuyo período concluye, hizo un llamamiento a los que ella llamó “los siervos de la Iglesia” a discernir lo que deben abandonar para que puedan “tratar de tomar algo nuevo y diferente que sea vivificador y transformador”.

“¿Qué debemos abrazar como Iglesia a fin de ser libres y ser transformados a Su semejanza de gloria en gloria?” preguntó ella.

“Debemos recordar que nos dedicamos juntos a la restauración de la creación. No más falsas opciones entre misión y gobierno”, dijo Jennings. “No más falsas guerras entre individuos o grupos. No más competir por terreno, o poder o control. Más bien, tenemos que encontrar modos de mirar juntos hacia delante, y vislumbrar y encarnar el futuro que Dios nos llama a abrazar -y yo ruego que nos dediquemos nosotros mismos a ello con una entrega sin reservas”.

También el 20 de abril, el Consejo:

• Envió una resolución “A” a la Convención General en la que reafirmaría el apoyo de la Iglesia a los empeños de ayudar a la diócesis de Haití en su obra de reconstrucción luego del terremoto.
• Oyó que la firma de bienes raíces Cushman & Wakefield está empezando lo que un miembro del Consejo, el Rdo. Canónigo Tim Anderson (Diócesis de Nebraska) llamó “un estudio muy completo” de la propiedad inmobiliaria de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera [Domestic and Foreign Missionary Society] de la Iglesia Episcopal. El obispo Stacy Sauls, funcionario jefe de operaciones de la Iglesia Episcopal, dijo ante el comité de Finanzas para la Misión, del Consejo , un día antes, que el estudio incluye tanto al centro denominacional de la Iglesia en el 815 de la Segunda Avenida en Nueva York como una manzana urbana en Austin, Texas, que se compró con la intención de construir un nuevo edificio para los archivos de la Iglesia Episcopal. Tanto él como Anderson afirmaron que el estudio también exploraría asuntos tales como el costo de relocalizar el centro denominacional y su impacto en el personal del mismo. Ambos dijeron que Jon Bruno, el obispo de la diócesis de Los Ángeles, es quien costea el estudio.
• Oyó la presentación de un plan empresarial para una Cooperativa Misionera Nacional y Extranjera, que Sauls dijo que sería concebida como una coalición voluntaria de diócesis, congregaciones y otras instituciones afiliadas a la Iglesia para compartir servicios profesionales y realizar economías de escala. Él propuso comenzar un proyecto experimental con cinco diócesis que compartieran servicios de contabilidad y financieros, con la intención de expandirlo para incluir a más participantes así como la compra de otros bienes y servicios. Sauls sugirió que las funciones administrativas de las diócesis podían cruzar sus fronteras geográficas “sin distanciar al obispo del pueblo”. Habría una tarifa por los servicios, dijo Sauls, pero los participantes ahorrarían en los costos totales. El anteproyecto del presupuesto para el trienio 2013-2015 incluye capital inicial para la cooperativa, pero el proyecto se haría autosuficiente en cinco años, agregó él. Los miembros del Consejo instaron a Sauls a utilizar los suministradores locales y él estuvo de acuerdo, diciendo que sospechaba que utilizar tales suministradores sería un factor en el logro de ahorros.
• Aprobó un manual del empleado completamente revisado para los empleados de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera. Jennings, miembro del comité de Gobierno y Administración para la Misión, dijo que los meses de trabajo dedicados al proyecto fueron un modelo de cómo los miembros del Consejo y el personal pueden trabajar juntos. Ella también destacó a John Colón, director de la administración de recursos humanos, diciendo que era “cortés, digno [y] conocedor”.
• Dedicó tiempo evaluando la labor del Consejo durante el trienio y la experiencia de los miembros en su servicio en el Consejo. La evaluación se llevó a cabo a través de conversaciones de mesa con comentarios expuestos en el sitio extranet de los miembros. No hubo ninguna discusión de grupo.

El Consejo Ejecutivo lleva a cabo los programas y políticas adoptadas por la Convención General, según el Canon I.4(1). El Consejo está compuesto de 38 miembros, 20 de los cuales (cuatro obispos, cuatro presbíteros o diáconos y 12 laicos) son elegidos por la Convención General, y 18 por los nueve sínodos provinciales (un clérigo y un laico cada uno) por períodos de seis años, además del Obispo Primado y el Presidente de la Cámara de Diputados [que son miembros ex oficio].

— La Rda. Mary Frances Schjonberg es editora y reportera de Episcopal News Service. Traducido por Vicente Echerri.