[Episcopal News Service] Preocupadas por las realidades económicas que conllevan la implementación de un plan de seguro de salud para toda la denominación, al menos cuatro diócesis de la Iglesia Episcopal están solicitando formalmente de la 77ª. Convención General —que sesionará en julio de este año— que cambie los términos del programa que ha de ponerse en vigor menos de seis meses después que la Convención concluya.

La Diócesis de Nueva York Central ha presentado una resolución en la oficina de la Convención General para que la Convención difiera por tres años la fecha límite de participación fijada para el 1 de enero de 2013. La resolución también permitiría que esas entidades obligadas canónicamente a participar, adquirieran seguro de salud de otros proveedores además del Episcopal Medical Trust, [la agencia] afiliada al Fondo de Pensiones de la Iglesia (CPF por su sigla en inglés) que ha sido designada para administrar el programa.

La Diócesis de Ohio también ha propuesto una resolución a la Convención General para eliminar la ordenanza de comprarle el seguro al Medical Trust.

La Diócesis de Carolina del Norte quiere que la Convención General exija un estudio “del impacto [que tendría] el acatamiento pleno de la Resolución 2009-A177”. Y la resolución haría que la Convención no le exigiera a ninguna diócesis adoptar las normas mínimas de costos compartidos para alcanzar la paridad entre clérigos y empleados laicos que contempla el plan hasta que la próxima reunión de la Convención en 2015 haya llevado a cabo un estudio al respecto.

La Diócesis de Misurí Occidental solicita que la fecha de entrada en vigor sea suspendida y que la Convención instruya al Medical Trust  a crear “un solo plan nacional unificado para toda la Iglesia Episcopal sin variaciones en los costos de primas de una diócesis a otra, y eliminando de este modo las dramáticas diferencias de costos para seguros de salud semejantes entre diócesis y regiones de la Iglesia Episcopal”.

Otras diócesis episcopales han aprobado resoluciones en que instan a cambios en el plan, pero no han llegado a presentar o a planear presentar “resoluciones C” en la oficina de la Convención General como han hecho las otras cuatro.

Sumado a esto, miembros de la Cámara de Obispos que integran el grupo de las Diócesis Pequeñas han pedido al Fondo de Pensiones de la Iglesia que contemple un cambio importante en el plan. El pedido se produjo después que funcionarios del CPF se reunieron con ellos en noviembre de 2011, según dio a conocer este organismo.

“Aunque una sola tasa no forma parte de la resolución, a petición de la Cámara de Obispos, el Medical Trust está estudiando las implicaciones de una sola tasa sobre los costos de los beneficios de salud”, dijeron Frank Armstrong, primer vicepresidente y gerente general de Medical Trust,  y Laurie Kazilionis, vicepresidente para las relaciones con los clientes de esta institución, en una declaración por escrito que enviaron por correo electrónico a Episcopal News Service.

Una decisión de la Convención General en 2009 suscita las preocupaciones
Las preocupaciones expresadas están dirigidas a una decisión que hiciera la Convención General en julio de 2009 cuando, vía Resolución A177, instruye al Fondo de Pensiones de la Iglesia que ponga en vigor un plan de salud para toda la denominación (DHP, por su sigla en inglés) a partir del 1 de enero de 2013, cuyos beneficios han de ser provistos a través del Medical Trust. Parte de los fundamentos para esa decisión era que ese plan ahorraría dinero, mitigaría las inequidades entre empleados laicos y mejoraría el acceso de los empleados al seguro de salud.

A partir del 1 de enero [de 2013], las diócesis, congregaciones (incluidas las catedrales, parroquias y misiones), así como ciertas agencias oficiales de la Iglesia están obligadas a proporcionarle beneficios de seguro de salud a todos los clérigos y empleados laicos que trabajen 1.500 horas o más al año (30 horas por semana) en las diócesis nacionales de la Iglesia (incluidas Puerto Rico y las Islas Vírgenes). Los empleados que trabajen 20 horas o más a la semana pueden participar voluntariamente conforme a las normas que sus empleadores fijen.

Estos requisitos no darán lugar a un gran cambio en muchas diócesis.  A partir de enero de 2012, según el CPF, 93 de las 101 diócesis de la Iglesia en el territorio nacional, así como otras 45 agrupaciones están inscritas en uno de los 22 planes de salud del Medical Trust  que se ofrecen bajo el DHP. Esas inscripciones  se “basaron en el atractivo del producto y del precio”, dijo el CPF en la declaración. Setenta y ocho de esa 93 diócesis han estado con el Medical Trust desde antes de 2009.

Conforme al plan, las diócesis toman sus propias decisiones respecto a qué planes de salud del Medical Trust ofrecen, si ofrecen o no beneficios de salud a parejas conyugales no casadas y si las escuelas, las guarderías infantiles y otras instituciones diocesanas están obligadas a participar.

El Medical Trust es lo que se conoce como un plan autofinanciado de la Iglesia y es el proveedor de beneficios mediante su asociación con compañías de seguros de salud tales como Cigna, Kaiser, Aetna, United Healthcare y Empire BlueCross BlueShield. En la actualidad ofrece acceso en la red al 98 por ciento de los empleados de la Iglesia Episcopal en toda la nación, según el CPF. Los 22 diferentes planes de Medical Trust incluyen salud mental, oftalmología, programa de asistencia al empleado y beneficios de derecho a la salud. También se cuentan con planes de salud dental.

Los empleados pueden optar si han de recibir beneficios de salud a través de una fuente lícita, tal como el empleo de un cónyuge o compañero/a, beneficios del servicio militar o cobertura de un empleador anterior.

La Resolución A177 y el canon que la pone en vigor exigen que cada diócesis establezca una póliza de compartir costos que sea la misma para empleados clérigos y laicos con derechos. La póliza determina la cantidad mínima que una congregación debe contribuir como prima mensual para clérigos y empleados laicos  que reúnan los requisitos necesarios. Las diócesis que ya hayan instituido o formulado pólizas de compartir gastos han elegido opciones que oscilan desde obligar a que los empleadores sufraguen el costo total de un plan específico a exigir que todos los empleados paguen un porcentaje de cualquier plan o de un plan específico.

La preocupación por los costos que conlleva la puesta en práctica del DHP se exacerba por el hecho de que la Iglesia también se enfrenta a otra fecha límite el 1 de enero de 2013. La Convención General de 2009 también hizo canónicamente obligatorio a los empleadores inscribir a todos los empleados laicos que deban trabajar un mínimo de 1.000 horas anualmente para cualquier organización de la Iglesia Episcopal en EE.UU. o cualquier organización o cuerpo sujeto a la autoridad de la Iglesia en un plan de pensión para empleados laicos auspiciado por el CPF. Las excepciones son los empleadores episcopales que ofrezcan beneficios de pensión a través de un plan de beneficios equivalente no auspiciado por el CPF y de las escuelas que ofrecen beneficios de pensiones a través de un plan de contribución definido de los fondos de jubilación para maestros y profesores, que se conoce abreviadamente en inglés como TIAA-CREF.

La mayoría de los empleadores del clero de la Iglesia Episcopal tienen la obligación desde 1917  de contribuir al CPF para las pensiones de los sacerdotes. La tasa actual es de un 18 por ciento del paquete de compensación total del clérigo (salario, vivienda,  servicios públicos y reembolsos tributarios de la Seguridad Social). El sistema de pensión de los laicos requerirá una contribución máxima de un nueve por ciento, dependiendo del plan elegido.

El CPF predijo en su informe de viabilidad a la Convención General de 2009 que la Iglesia como un todo podría ahorrar $134 millones en los primeros seis años (a partir de 2013) después que el plan de salud denominacional totalmente implementado reemplace el actual sistema de seguro voluntario y fragmentado.

Jim Morrison, vicepresidente ejecutivo del CPF y funcionario jefe de operaciones de negocios riesgosos, le dijo a ENS en un comunicado que el plan para toda la denominación, que en la actualidad, antes de la fecha límite del 2013,  sólo se ha puesto en práctica parcialmente, ya ha resultado en lo que él llamó “contención de costos acumulativos”; es decir, ahorros sobre las tasas prevalentes de más del ocho por ciento o $34,5 millones del 2010 hasta el presente. El Medical Trust pudo negociar con los vendedores antes del comienzo formal de la implementación del PDS y de este modo  añadió $2 millones en ahorros en 2009. Él dijo que esos ahorros han pasado por aumentos de las tasas anuales más bajas de las diócesis participantes de 2009 a 2012.

Armstrong y Kazilionis agregaron que el  Medical Trust está maximizando la contención de costos a través de una compra interdenominacional, “ejerciendo influencia en las negociaciones con los vendedores, y optimizando los descuentos de proveedores [de servicios] y farmacias.

Morrison comparó el rendimiento del DHP a la experiencia de los empleadores en EE.UU. de 2010 a 2012, quienes, según explicó, vieron aumentar las primas de los seguros de salud en un promedio de un ocho a un 12 por ciento anualmente, mientras los aumentos del Medical Trust promediaron sólo de un 5,5 a un 5,8 por ciento anualmente durante el mismo período.

Ejemplo de una diócesis
La experiencia de la Diócesis de Newark en empezar a implementar el DHP ilustra de alguna manera las inquietudes que están planteando algunas diócesis.

El Comité Asesor del Obispo sobre Recursos Humanos  y Beneficios, propuso en septiembre que a las congregaciones de Newark se les exigiera pagar un mínimo de un 90 por ciento del costo de una cobertura sencilla para el plan de precio promedio que se ofrecía. La propuesta fue recibida con firme resistencia de parte del clero diocesano, quienes dijeron que el mínimo de costos compartidos reducía esencialmente sus salarios y los obligaba a pagar aún más para asegurar a cónyuges o parejas e hijos.

La Rda. Stephanie Wethered, rectora de la iglesia episcopal de San Pedro [St. Peter`s] en Essex Fells, Nueva Jersey, dijo a ENS en una entrevista que no encontraba “ningún sentido empresarial o moral” en exigirles a todos los clérigos diocesanos que enfrentaran una reducción potencial de salarios o beneficios, o ambas cosas a fin de garantizar que un puñado de parroquias “hicieran lo correcto” y aseguraran a sus empleados laicos que tuvieran ese derecho.

La parroquia de San Pedro cubrió completamente los costos de proporcionarle a ella (Wethered) y a sus cuatro empleados laicos de jornada completa, seguro de salud, de discapacidad a corto plazo y de vida, beneficios de pensión y una cuenta de ahorros de salud. Ella agregó que la parroquia compra su seguro de salud por menos dinero fuera del Medical Trust y en consecuencia ella se opone a la obligación de que los participantes compren el seguro a través de esa agencia.

Un plan para presentar la propuesta del costo compartido en la convención diocesana de enero se archivó a favor de una convención especial sobre el tema el 9 de junio. Al anunciar la convención especial, el obispo Mark Beckwith dijo que hay “algunos problemas esenciales de justicia en brindarles paridad de beneficios al clero y a los laicos que trabajan para la Iglesia” y añadió que hay también “algunas importantes realidades financieras que deben considerarse”. Dijo además que la propuesta del comité había buscado un equilibrio entre lo que llamó “justicia y realidad económica”.

Wethered le dijo a  ENS que ella está “animada” por recientes mejoras que el comité asesor le había hecho a la propuesta que se presentará ante la Convención. Si bien la propuesta del 10 por ciento de costos compartidos sigue estando sobre la mesa, el grupo ya ha propuesto formas alternativas de lograr la paridad en la financiación.

En enero, la convención diocesana anual le pidió a la Convención General que retrasara la fecha límite de la implementación. El lenguaje se hacía eco de una resolución de octubre de 2011 en la Diócesis de Olimpia.

Predicciones de consecuencias imprevistas
Los que abogan por cambios en el plan no sólo se preocupan de que las formas en que las diócesis  fijen sus políticas de costos compartidos podría dar lugar a una efectiva reducción de salarios de aquellos a quienes sus empleadores pagan completamente sus beneficios en la actualidad. También sugieren que los empleadores  escogerán el estándar mínimo como el estándar máximo y en consecuencia sus beneficios se verán reducidos.

“Es increíblemente ingenuo creer que [el liderazgo congregacional] no usaría ese mandato para liberarse de esa carga” que el costo del seguro de salud pone sobre los presupuestos durante “estos tiempos realmente difíciles en términos económicos”, añadió Wethered.

Dos miembros de la Diócesis de Carolina del Este dijeron a ENS en una entrevista telefónica que las instrucciones de la A177 son económicamente agobiantes. Monty Pollard de la iglesia episcopal de San Pablo [St. Paul’s] en Greenville, Carolina del Norte, dice “no es que no nos importen nuestros empleados, sino que es un asunto de dólares y centavos” para las congregaciones que están tratando de ser “disciplinadas” en la administración de sus presupuestos.

Dave Whichard dijo que muchos miembros de sus parroquias no pueden proporcionarles a sus familias el mismo nivel de cobertura que la diócesis dice que debe ofrecerse a los empleados parroquiales. “Uno debería tener alguna paridad allí también, me parece a mí”, él dijo.

La convención  de Carolina del Este le ha pedido a su diputación a la Convención General que apoye los empeños por aplazar la fecha de implementación y hacer el plan “más verdaderamente denominacional al abordar asuntos tales como el número de categorías que establecen los costos de tal seguro y la falta de un solo grupo nacional de participantes”.

De regreso a Newark, el Rdo. Thomas Matthews, rector de la iglesia episcopal de San Lucas [St. Luke’s] en Phillipsburg, Nueva Jersey, quien escuchó parte del debate sobre la A177 en 2009, dijo que los planes de implementación de algunas diócesis parecen estar usando las instrucciones de la resolución como “un botón de reencendido sobre cómo cubrir juntos a clérigos y laicos”. Él quiere ver que la reunión de 2012 de la Convención General estipule que la A177 no se proponía dar lugar a una “reducción de los beneficios [del clero] como un medio para extender beneficios al laicado”.

La Diócesis de Misurí abordó específicamente esa inquietud durante su convención de noviembre de 2011 al decir que los empleadores de la diócesis “no reducirán  la cobertura existente ni aumentarán los costos de la cobertura existente para que los empleados acaten la A177.

Matthews y Wethered sugirieron también, en palabras de Matthews, que “algunos laicos van a ver disminuidas sus horas [de trabajo] de manera que las iglesias no tengan que pagar por ello”, porque entonces caerían por debajo de la  definición de idoneidad.

“Puede que tengan que reducir el número de empleados por cuenta de esos mandatos y eso es una vergüenza”, dijo Wethered.

Y la Diócesis de Texas ha preguntado si la Iglesia debería cambiar su enfoque sobre el seguro de salud cuando Estados Unidos también está implantando una reforma en el seguro. Entre las conclusiones que un equipo de trabajo detalló en una carta dirigida a la diócesis en octubre pasado estaba la sugerencia de que en la Convención General de julio “se revisara seriamente” el plan de salud denominacional tendiendo en cuenta tanto “los costos como de la complejidad de la implementación” del plan y las implicaciones de la reforma de salud federal. El equipo de trabajo sugirió que la diócesis se abstuviera de tomar decisiones sobre la cobertura y contribuciones hasta después de la reunión de la Convención en julio.

Una declaración del CPF enviada por correo electrónico a ENS decía que la Iglesia aún necesitará el Plan de Salud Denominacional para ayudar en la contención de costos independientemente de las reformas sanitarias federales. Armstrong  y Kazilionis dijeron que hay varias cláusulas específicas de la ley federal que pueden tener repercusión en la Iglesia. “Estamos trabajando con otras denominaciones  a través de la Church [Benefits] Alliance para determinar cómo los grupos que participan en los planes de salud Medical Trust pueden verse afectados”, afirmaron.

Ellos también reconocieron que hay problemas “relacionados con el costo de vida, estándares salariales y  planes de beneficios que siempre han sido una inquietud para la Iglesia” y agregaron que el Medical Trust “alienta y facilita la comunicación en el nivel del liderazgo diocesano para abordar esto”.

Morrison dijo en sus comentarios por e-mail que el CPF es “muy sensible a las preocupaciones sobre los costos en torno a la Iglesia” y reconoce que el paisaje económico había cambiado notablemente desde que se llevara a cabo un estudio de viabilidad antes de que se reuniera la Convención General en 2009.

“Reconocemos que muchas diócesis, congregaciones e instituciones eclesiásticas están experimentando tensiones económicas  debido al estado de la economía de EE.UU., que ha declinado desde la última convención General”, afirmó.

En esa misma declaración, Morrison dijo que él “no estaba seguro de que estas resoluciones serán recibidas en la Convención General, pero como agentes de la Iglesia Episcopal, respaldaremos el resultado, sea cual sea”.

— La Rda. Mary Frances Schjonberg es editora y reportera de Episcopal News Service. Traducido por Vicente Echerri.