People hold signs to protest against U.S. President Donald Trump’s executive order to detain children crossing the southern U.S. border and separating families outside of City Hall in Los Angeles, California, U.S. June 7, 2018. REUTERS/Patrick T. Fallon – RC111056BF20

[Episcopal News Service] A mediados de mayo, un hondureño que cruzó la frontera de México con Estados Unidos en el sureste de Texas con su esposa y su hijo de 3 años se suicidó en un centro de detención, donde luego de solicitar asilo, los agentes fronterizos le dijeron que lo separarían de su familia.

Las separaciones de familia no sólo están ocurriendo en la frontera, las redadas están teniendo lugar en todo el país. A principios de junino, en Seattle, Washington, 206 inmigrantes indocumentados arrestados en la frontera y retenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.—174 de ellos mujeres, y al menos la mitad de ellas madres— fueron trasladados a un centro de detención cerca del aeropuerto. En algún momento de este traslado, a las madres las separaron de sus hijos. A algunas no les dieron la oportunidad de despedirse y podían oír a sus hijos gritar en un cuarto cercano; algunas no saben el paradero de sus hijos. La mayoría, aunque no todas, de las mujeres huían de las bandas y la violencia doméstica en El Salvador, Guatemala y Honduras, tres de los países más violentos del mundo.

Menores solos y familias provenientes de América Central comenzaron a llegar a la frontera México-americana en cifras récord en 2014. Estas cifras disminuyeron posteriormente, pero hay un nuevo auge ahora en la frontera sudoccidental donde los agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han detenido a más de 252.000 personas  —32.371 menores no acompañados y 59.371 familias— en los últimos ocho meses. Hay unos 11.000 menores no acompañados en detención federal.

El 11 de junio, Jeff Sessions, el secretario de Justicia de EE.UU., esclareció la política migratoria del gobierno de Trump al decir  que las violencias de las bandas armada y la violencia doméstica no eran fundamentos para la obtención de asilo, revocando así un precedente establecido en 2016 por la Junta Federal de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia.

A principios de abril, Sessions anunció que cualquiera que fuera detenido cruzando la frontera o intentando cruzarla ilegalmente estaría sujeto a un proceso penal. Luego, el 7 de mayo, durante un discurso en San Diego, Sessions aclaró la política de cero tolerancia, afirmando que incluye la separación de niños y padres.

“Los inmigrantes deben presentar una solicitud legal antes de entrar en nuestro país”, dijo Sessions. “Los ciudadanos de otros países no pueden violar nuestras leyes o reescribirlas por nosotros. Las personas de todo el mundo no tienen ningún derecho a exigir ingreso [en nuestro país] en violación de nuestra soberanía”.

Para llevar a cabo el cumplimiento de las nuevas normas, Sessions envío a 35 fiscales al Suroeste y trasladó 18 jueces de inmigración a la frontera.

El 6 de junio, un juez federal en San Diego rehusó desestimar una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles que se oponía a la política migratoria del gobierno de Trump diciendo que la separación de las familias violaba la cláusula del debido proceso de la Constitución. Sin embargo, el juez sí desestimó otra demanda que argüía que la práctica viola las leyes de asilo.

Entrar o intentar entrar en Estados Unidos ilegalmente y solicitar asilo no es la misma cosa.

Conforme al derecho internacional, las personas que huyen de la violencia y la persecución tienen el derecho de solicitar asilo. La Iglesia Episcopal tiene una política de larga data que afirma el derecho universal de solicitar asilo; reconoce la necesidad de proteger a las personas vulnerables.

La semana pasada, el obispo primado Michael Curry firmó una declaración ecuménica e interreligiosa que expresaba preocupación por una reciente política del gobierno de EE.UU. “que exigía una aplicación más estricta de las leyes federales de inmigración”. Una política, dicen los firmantes, que probablemente dará lugar a un aumento en las separaciones de familias.

“En verdad aprecié que el obispo Curry firmara la declaración… lamentando la separación de las familias a partir de criterios religiosos” dijo la veterana activista de inmigración Sarah Lawton, que preside el Comité de Justicia Social y Política Internacional de la Convención General y es diputada laica por la Diócesis de California. “Aprecio que él reconozca que nosotros, como cristianos, como episcopales, respetamos a la familia como uno de los pilares fundamentales de la sociedad y lo reconocemos en nuestros propios sacramentos”.

Que Estados Unidos implante una política punitiva de separación de familias en la frontera —tomando a los niños y no diciéndoles a sus padres, en algunos casos, adonde van, no permitiéndoles que se despidan— para desalentar a los que solicitan asilo es [algo] inimaginable, afirmó ella, en una llamada telefónica con Episcopal News Service.

“Es tan cruel, realmente depravado. No necesitan hacer eso… Conforme al derecho internacional, ellos tienen el derecho de hacer una solicitud de asilo”, dijo Lawton. “Deberíamos estar todos al teléfono —o en las calles— llamando a nuestros legisladores. La política de EE.UU. ha estado en crisis durante mucho tiempo; eso se ha intensificado bajo Trump y se ha tornado más racista. La Administración busca presas fáciles, familias que están inscritas [en los sistemas de rastreo del gobierno] Es un terror que desciende sobre las familias. Como Iglesia, es nuestro deber proteger la dignidad de todo ser humano”.

Las historias de padres y madres separados de sus hijos en la frontera son sumamente perturbadoras, dijo —en un correo electrónico a ENS— Lacy Broemel, analista de la política migratoria y de refugiados de la Iglesia Episcopal que opera desde la Oficina de Relaciones Gubernamentales [de la Iglesia] en Washington, D.C.

“La Oficina de Relaciones Gubernamentales insta a los episcopales a que se dirijan a sus representantes del Congreso y les pidan que el gobierno ponga fin a esta política lesiva de separar familias en la frontera. Nuestra oficina comparte la declaración del Obispo Primado con miembros del Congreso y se reúne con ellos para hacerles presente la profunda preocupación de la Iglesia Episcopal respecto a esta práctica y aboga mediante el proceso de partidas [presupuestarias] a que se opongan a la asignación de fondos adicionales a los centros de detención”, afirmó ella.

“Además, seguimos abogando por cambios en mayor escala en nuestras políticas migratorias, tales como la ciudadanía para los “soñadores”[Dreamers] y otras personas indocumentadas en EE.UU., la puesta en práctica de políticas humanas y razonables en nuestra frontera, y abordar la violencia y la pobreza de estas familias que huyen de sus países de origen”, dijo Broemel.

En su 79ª. Convención General en julio en Austin, Texas, la Iglesia Episcopal contemplará una legislación que refuerce sus posiciones sobre los refugiados, inmigración y migración, incluida la Resolución D009, que examina los principios cristianos para responder a la migración humana (la Convención General de 2015 aprobó varias resoluciones que fortalecían su posición sobre la migración y los refugiados).

La Convención se ocupará no sólo de responder a la crisis migratoria actual, sino que también adoptará una estrategia de respuesta a largo plazo en Estados Unidos, así como en lugares tales como la República Dominicana, donde los migrantes haitianos con frecuencia son víctimas de abuso, y en zonas donde el cambio climático amenaza con desplazar a comunidades enteras.

“La Iglesia Episcopal tiene un largo y bien documentado historial de batallar a favor de una reforma migratoria global así como de [brindarles] ayuda humanitaria a los refugiados”, dijo la Rvdma. Anne Hodges-Copple, obispa sufragánea de la Diócesis de Carolina del Norte. “El interés y la energía para esta labor no hace más que crecer mientras nuestras comunidades locales están siendo continuamente bendecidas con nuevos vecinos de otros países. Los relatos de familia rotas y sufriendo debido al inoperante sistema migratorio actual son las historias de familias que conocemos del trabajo, la escuela y la iglesia.

“Cinco resoluciones sobre la reforma migratoria se han presentado hasta ahora ante el Comité de Justicia Social y Política de EE.UU.. Esperamos más presentaciones que aborden la política del Departamento de Justicia de separar a los hijos de sus padres. Esta es una significativa desviación de décadas de anteriores gobiernos demócratas y republicanos que desafía cualquier definición usualmente aceptada de valores de la familia”, afirmó ella. “Un gran don de la Convención General es nuestro proceso de resoluciones como un modo de escuchar, hablar y aprender de una variedad de voces y de discernir devotamente una posición y un llamado a la acción bíblica y teológicamente fundamentados”.

A principios de este mes, Rebecca Linder Blachly, directora de la Oficina de Relaciones Gubernamentales, firmó una declaración interreligiosa que lamentaba la separación de las familias e instaba a los líderes nacionales a proteger la unidad familiar.

Las iglesias y las comunidades religiosas tienen un derecho constitucional a presentarle peticiones al gobierno.  La cláusula del establecimiento de la Primera Enmienda no les prohíbe a las iglesias reunirse con funcionarios electos ni informarles o abogar cerca de ellos con el objetivo de crear leyes en consonancia con los valores de las iglesias. A través de la historia de EE.UU., las comunidades religiosas se han comprometido políticamente con problemas de su tiempo: desde la abolición hasta la reforma migratoria pasando por los derechos civiles.

La Oficina de Relaciones Gubernamentales – ubicada en el barrio Capitol Hill [donde se encuentra el Congreso]— lleva a cabo la agenda de la Iglesia basada en valores no partidaristas. Cada tres años, la Convención General de la Iglesia se reúne para conducir los asuntos relacionados con la Iglesia y debatir y aprobar una legislación que abarca desde revisiones del Libro de Oración Común hasta resoluciones en apoyo de una reforma de la justicia penal y migratoria. Los episcopales pueden unirse a la Red Episcopal de Política Pública para llegar a participar de esta labor.

Para escribirle a sus funcionarios electos y pedirles que defiendan el acceso al asilo, haga clic aquí.

En mayo, la Oficina de Relaciones Gubernamentales presentó un seminario en la red [webinar] sobre políticas migratorias y defensa social titulado “Amando a tu prójimo: acciones consecuentes sobre la inmigración”. Haga clic aquí para verlo.

— Lynette Wilson es reportera y jefa de redacción de Episcopal News Service. Puede dirigirse a ella en lwilson@episcopalchurch.org. Traducción de Vicente Echerri.