Docenas de personas asisten a un evento esta semana en Houston organizado por Crecen para ofrecer información y mostrar su apoyo a los afectados por la decisión del gobierno de Trump de ponerle fin al Estatus de Protección Temporal, o TPS, para los salvadoreños. Foto de Crecen, vía Facebook.

[Episcopal News Service] La Iglesia Episcopal y organizaciones ecuménicas asociadas le han pedido al Congreso que actúe si la administración Trump rehúsa reconsiderar su decisión de terminar las protecciones migratorias para casi 200.000 salvadoreños en EE.UU. a quienes durante años les han permitido echar raíces y criar a sus familias en comunidades estadounidenses.

En cuestión está la política conocida como Estatus de Protección Temporal (o TPS por su sigla en inglés). El gobierno de Trump ha asumido una posición radical sobre esa política, diciendo que nunca tuvo el propósito de ofrecerles a los inmigrantes residencia permanente. El estatus suele concedérsele a extranjeros provenientes de países que sufren desastres naturales o guerras.

En noviembre, el Ejecutivo ordenó la terminación del TPS para más de 50.000 haitianos para mediados de 2019. El presidente Barack Obama había aprobado esa designación de TPS luego del terremoto de 2010 que devastó a Haití.

Los salvadoreños constituyen el mayor grupo al que se le ha permitido permanecer en Estados Unidos conforme al TPS. El presidente George W. Bush le concedió a los salvadoreños protección de deportación luego de un terremoto que afectó a El Salvador. Ahora, los salvadoreños tendrán hasta septiembre de 2019 para obtener residencia permanente legal en Estados Unidos o abandonar el país.

“Si hay algún grupo de personas [sobre las cuales] uno pueda imaginar un amplio acuerdo de que no deben ser deportadas, son estas personas”, dijo Sarah Lawton, líder laica de la Diócesis Episcopal de California que ha hecho de la sensibilización hacia los salvadoreños “una cuestión esencial para mí”desde los años 80 del pasado siglo.

Las familias salvadoreñas a quienes ayudan agrupaciones religiosas en San Francisco son miembros contribuyentes de la comunidad local, dijo Lawton, feligresa de la iglesia episcopal de San Juan Evangelista [St. John the Evangelist]. Las familias por lo general incluyen padres que son dedicados trabajadores e hijos que son ciudadanos estadounidenses porque nacieron aquí. Para tales familias, las noticias del 8 de enero resultaron devastadoras.

“El lunes por la mañana me despertó la llamada de una amiga que está aterrada de que la vayan a deportar”, dijo Lawton.

Su amiga es una salvadoreño con TPS, cuyo marido es de Honduras y se enfrenta a sus propia incertidumbre porque el gobierno de Trump está liquidando el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (o DACA por su sigla en inglés), que le ha permitido permanecer en EE.UU. Sus dos hijos son ciudadanos estadounidenses.

La Iglesia Episcopal suele abogar por el mantenimiento del TPS, particularmente cuando obligar a algunas personas a regresar a sus países de origen podría romper familias, constituir amenazas a la seguridad personal o ambas cosas. La Convención General aprobó una resolución en 2015 en que se comprometía a apoyar el Estatus de Protección Temporal “para todos los inmigrantes que huyen de la violencia, los desastres medioambientales, la devastación económica o el abuso cultural u otras formas de abuso”.

La Oficina de Relaciones Gubernamentales de la Iglesia ha expresado su preocupación sobre el cambio de política hacia los salvadoreños.

“Múltiples estudios han demostrado que El Salvador no puede repatriar con seguridad a casi 200.000 individuos”, dijo la Oficina de Relaciones Gubernamentales en una declaración el 9 de enero. “El Salvador está considerado como el país más violento del Hemisferio Occidental y ha sufrido continuos desastres naturales, estancamiento del desarrollo económico y carencia de infraestructura y de sistemas sanitarios. Además, la mayoría de los salvadoreños acogidos al TPS contribuyen económica, cultural y socialmente a EE.UU.

“El Congreso y la rama ejecutiva deben diseñar una solución a largo plazo, para salvadoreños y otros nacionales que actualmente tienen TPS, que reconozca tanto las duras condiciones del país como abordar humanamente las realidades de los individuos afectados”.

El Departamento de Seguridad Nacional, al anunciar la decisión de terminar el TPS para los salvadoreños, dijo que compete al Congreso decidir si les concede protección a largo plazo a esas personas afectadas. [La agencia] justificó el fin de las protecciones temporales citando el éxito de los empeños de recuperación después del terremoto.

“Basándose en cuidadosa consideración de la información disponible…el Secretario determinó que las condiciones originales causadas por los terremotos de 2001 ya no existen”, decía la Seguridad Nacional en su declaración del 8 de enero.

Pero el propio Departamento de Estado del presidente Donald Trump ha reconocido los peligros de la vida en El Salvador. En una advertencia de viaje emitida en febrero de 2017, el Departamento de Estado aconsejaba a los ciudadanos de EE.UU. “a considerar cuidadosamente los riesgos de viajar a El Salvador debido a los altos índices de delito y violencia”. [Este aviso] hacía notar que la tasa de homicidios del país está entre las más altas del mundo y que la actividad pandilleril se encuentra “generalizada”.

El gobierno de Trump anunció anteriormente que terminaba el Estatus de Protección Temporal para ciudadanos de Sudán y Nicaragua, además de Haití. Por ahora, sigue en vigor para ciudadanos de Honduras, Nepal, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen, aunque el gobierno debe revisar cada designación en el transcurso del próximo año para determinar si extiende o cancela esas protecciones también. La decisión sobre los sirios deberá tomarse más adelante este mes.

Los obispos anglicanos de América Central han programado una reunión este mes para discutir el impacto de la migración y la repatriación en la región, incluidos como un resultado de cambios en la política estadounidense. Los obispos se proponen, en parte, responder a “la falta de preparación para enfrentar los efectos sociales de las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos”, dijo la Iglesia Anglicana de México .

Agrupaciones y denominaciones cristianas se han unido a la Iglesia Episcopal en objetar la eliminación del TPS. Un representante de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. emitió una declaración en la que califica de “desoladora” la decisión del gobierno de Trump. El Servicio Mundial de Iglesias también ha dado a conocer un comunicado en que denuncia la decisión.

Cristosal, una organización de derechos humanos con raíces en las iglesias Episcopal y Anglicana y que tiene su sede en El Salvador, publicó una declaración en la que advertía que el fin del TPS causará “innecesario sufrimiento humano” no sólo a los salvadoreños a quienes se les ordene regresar a su país natal, sino también a sus aproximadamente 190.000 hijos nacidos en EE.UU. y a “las muchas comunidades estadounidenses que dependen de las contribuciones económicas, culturales y sociales de los migrantes y se benefician de las mismas”.

Elmer Romero, un episcopal de Houston que es miembro de la junta de Cristosal, asistió a una reunión sobre el TPS que celebró esta semana el grupo de apoyo Crecen. A los 60 a 80 salvadoreños que asistieron  les preguntaron cuántos planeaban regresar voluntariamente a El Salvador. “Nadie levantó la mano”, dijo Romero a Episcopal News Service.

“No existe ningún tipo de desarrollo económico para crear oportunidades, especialmente para la población joven”, dijo Romero de El Salvador, y la violencia relacionada con los cárteles de la droga es un peligro siempre presente.

Él también impugnó la afirmación del gobierno de Trump de que el país, fuera de la capital, se ha recuperado de los estragos del terremoto. “Si uno profundiza en la sociedad, hay aún familias que básicamente lo perdieron todo y que siguen enfrentando muchísimas dificultades”.

Romero, un salvadoreño-americano que se mudó a Estados Unidos en 2000, antes del terremoto, trabaja como director de un programa del Centro Houston para la Alfabetización y se ha dedicado durante los últimos 17 años a ayudar a inmigrantes y refugiados a encontrar servicios en este país. Su esposa es sacerdote episcopal.

A él no le sorprendió la decisión del gobierno de Trump esta semana, y llamó un éxito que a los salvadoreños les dieran 18 meses antes de que caduque el TPS. Él espera que los activistas puedan persuadir al Congreso de que apruebe una ley que le otorgue protección permanente a los residentes a los cuales él atiende. Hasta entonces, dijo, ellos enfrentan un futuro incierto, y algunos ya están contemplando  arreglos que les permitan a sus hijos quedarse en Estados Unidos.

Otras disposiciones semejantes se debaten en el área [metropolitana] de San Francisco, según Lawton, que trabaja como coordinadora de programa en el Centro para la Investigación Laboral y la Educación de la Universidad de California-Berkeley.

Lawton dijo que su iglesia, la Diócesis de California y otras [instituciones] que abogan por las comunidades inmigrantes están ayudando a conectar a los salvadoreños con representantes legales para combatir la deportación y movilizarse a favor de soluciones legislativas en la capital del estado y en Washington, D.C.

“Somos una diócesis santuario. Somos una parroquia santuario. Estamos haciendo todo lo que podemos para garantizar el debido proceso a las personas que se someten a él”, dijo Lawton. “Alzaremos juntos nuestras voces”.

– David Paulsen es redactor y reportero de Episcopal News Service. Pueden dirigirse a él a dpaulsen@episcopalchurch.org. Traducción de Vicente Echerri.