Clérigos episcopales se sumaron a una manifestación de unos 200 activistas interreligiosos que fueron a exigirle al alguacil de Los Ángeles que dejara de colaborar con los agentes de Inmigración y Aduana (ICE) en la detención y deportación de personas indocumentadas. Foto de Cam Sanders.

[Episcopal News Service] Un grupo de episcopales se sumó a la manifestación de unos 200 activistas pro inmigración que se congregaron frente al Palacio de Justicia del Condado de Los Ángeles el 3 de agosto, llevando pancartas, tocando tambores y coreando “escucha, estamos en la lucha”. También dejaron derretir una escultura de hielo con las tres letras I-C-E, la sigla en inglés de la Agencia de Inmigración y Aduana.

Reunidos en [un día] de calor de más de 32º. C., coreaban “Liquiden la colusión de ICE” [estableciendo un juego de palabras entre la sigla de la agencia y la palabra hielo en inglés], y denunciando el apoyo del alguacil de Los Ángeles, Jim McDonnell, a las políticas federales de deportación consideradas injustas, según el Rdo. Francisco García, copresidente de Resistencia Sagrada Episcopal, el equipo de trabajo [dedicado a proporcionar] santuario [a los inmigrantes ilegales] en la Diócesis of Los Ángeles.

“En California, realmente tenemos una oportunidad de mostrar una vía diferente”, dijo García, rector de la iglesia episcopal de la Santa Fe [Holy Faith Episcopal Church] en Inglewood.

“Oímos toda suerte de cosas provenientes de la Casa Blanca en lo que respecta a inmigración… incluido el amplio cuadro que hace el Presidente de los inmigrantes como delincuentes y de cuán malas son estas personas y de qué manera han perjudicado a nuestro país. Pero en California podemos ser una comunidad que en verdad acoge e incluye a todos y hacemos esa política y la practicamos”.

La manifestación de clérigos y laicos judíos y cristianos también se proponía mostrar que los activistas seguirán luchando por los derechos de los inmigrantes, erosionando las normas y agencias policiales que intimidan a las personas indocumentadas y les impiden denunciar delitos cuando resultan víctimas, dijo.

“La historia reciente ha mostrado que las declaraciones del presidente Trump respecto a detener y deportar sólo a ‘delincuentes violentos’ ha significado en la práctica la persecución y detención de personas que han vivido en este país durante años o décadas, que han llegado a ser pilares centrales de sus comunidades, que sostienen a sus familias y cuyo único delito es haber entrado ilegalmente en este país”, según una carta que el grupo intentó entregarle personalmente a McDonnell.

[A los manifestantes] no les dieron acceso al Palacio de Justicia, donde se encuentran las oficinas de McDonnell. Por el contrario, se enfrentaron con barricadas y un muro de agentes parapetados en el exterior, pero les prometieron que le darían la carta, según el Rdo. Jaime Edwards Acton, rector de la iglesia episcopal de San Esteban [St. Stephen’s Episcopal Church] en Hollywood, también copresidente del equipo diocesano de santuario.

“También quisimos resaltar las historias de los que se ven afectados por estas políticas”, apuntó él.

La carta citaba varios casos, entre ellos el del Rdo. Noe Carias, líder del Distrito del Pacífico Sur de la Iglesia de las Asambleas de Dios por más de dos décadas. Carias, que está casado con una ciudadana estadounidense y tiene dos hijos pequeños, fue detenido el 24 de julio durante un chequeo de rutina de un agente de inmigración.

Según informes publicados, Carias fue deportado en 1993 siendo un adolescente, pero regresó a Estados Unidos e ignoró una orden de deportación dos años después. Le habían concedido un aplazamiento de un año en 2015 y 2016, pero a principios de este año una solicitud suya de un tercer aplazamiento le fue denegada.

Carias, según la carta enviada por email a McDonnell temprano en el día y entregada más tarde a los agentes, “es y ha sido un miembro fiel y muy activo y líder de una iglesia local y… tiene órdenes de deportación de 25 años resultante simplemente de haber entrado sin permiso en EE.UU. cuando era adolescente”.

Los Angeles Times informó que la ICE explicó su proceder del 24 de julio en una declaración escrita en la que llama a Caris “un reiterado infractor de [las leyes de] inmigración, que ha asumido múltiples identidades y nacionalidades a lo largo de los años a fin de evadir las ordenanzas federales de inmigración.

“Durante anteriores encuentros con autoridades de inmigración, sus acciones han establecido un patrón de falsedad intencionada o engañó a los servicios policiales, dando lugar a su remoción de Estados Unidos al menos en tres ocasiones”, según el informe.

Activistas en la manifestación dejan degastar [al sol] la escultura de hielo, simbolizando que la manifestación erosionaba las normas y prácticas de la ICE. Foto de Cam Sanders.

“Lo han mantenido en el centro de detención de Adelanto desde el 28 de febrero… Tenía dos sentencias por infracciones menores de hace dos décadas”, explicó García. La instalación carcelaria del condado de San Bernardino está dirigida por GEO, la compañía de prisiones privadas más grande del país.

Según el informe de Los Ángeles Times, los abogados de Avélica González arreglaron en junio esas condenas, por conducir bajo la influencia del alcohol y por recibir placas de autos robados, con la esperanza de que las autoridades dejarían sin efecto su orden de deportación. Una solicitud de urgencia para anular la orden de deportación que se había presentado ante el Tribunal de Apelaciones del 9º. Circuito de EE.UU. fue desestimada en junio. Subsecuentes solicitudes de aplazamiento han sido denegadas.

“Nueve detenidos en el centro de Adelanto iniciaron una huelga de hambre por haber sido golpeados y rociados con gas pimienta”, según García y la carta del 3 de agosto. “Estas personas no eran ‘delincuentes violentos’, eran refugiados que estaban solicitando asilo, y a quienes les negaron el debido proceso”.

La huelga de hambre de dos días tenía por objeto crear conciencia de las condiciones del centro de detención de Adelanto, y de la necesidad de una mejor atención médica y fianzas más módicas.

La carta también instaba a McDonnell a suspender su oposición al proyecto de ley 54 del Senado estatal, que se le conoce como la Ley de Valores de California, redactada por Kevin De León el presidente pro tempore del Senado, demócrata de Los Ángeles, la cual prohibiría a las agencias de orden público estatales y locales a usar recursos para investigar, detener, reportar o arrestar a personas para las agencias de inmigración.

El Rdo Francisco García, rector de la iglesia episcopal de la Santa Fe en Inglewood, dirige a los manifestantes en una de las varias consignas que se corearon, y en las que piden justicia para todos. Foto de Cam Sanders.

De León ha argüido que la ley, que convertiría a California en un estado santuario y le prohibiría a los agentes de la ICE que entraran en las cárceles del condado sin un mandamiento judicial, es necesaria para la seguridad pública.

Pero García dijo que, según el gobierno de Trump ha intensificado su retórica, McDonnell ha intensificado sus esfuerzos en cabildear con los legisladores del estado para impedir que se apruebe el proyecto de ley.

“Exigimos que, al menos, usted deje de cabildear contra la SB54”, dice la carta. “Instamos también que el Departamento del Alguacil cese de cooperar con la ICE. La agenda de deportación de la era de Trump no representa la voluntad de la vasta mayoría de los angelinos. Como líderes religiosos y residentes fieles de esta ciudad, le pedimos que labore con nosotros para crear una ciudad ‘en la cual more la justicia’”, según dice la carta, firmada por cristianos, judíos, musulmanes y toda una gama de grupos interreligiosos de activistas de inmigración.

Otras agencias policiales han respondido de forma diferente. La Asociación de Jefes de Policías Universitarios de California, apoya la SB54. El jefe de la Policía de Los Ángeles, Charlie Beck, ha dicho que él no emprenderá actividades policiales basadas en el estatus migratorio ni el departamento trabajará en conjunción con la Agencia de Seguridad Nacional en asuntos de deportación.

El Senado de California ha aprobado la medida. Luego va a la Asamblea estatal y, si allí la aprueban, al gobernado Jerry Brown para que la firme y la convierta en ley.

Los activistas de inmigración también se encontraron con un puñado de contramanifestantes, que portaban pancartas de apoyo a la aplicación de las normas [de inmigración] vigentes y que intentaron interrumpir la manifestación, dijo Edwards Acton.

García expresó que los que protestaban no conseguirían disuadirlos ni los agentes del alguacil lograrían dispersarlos, y persistirían hasta llegar a ver a McDonnell.

“Nos proponemos mantener la presión, orar y actuar”, dijo García. “Vamos a continuar, como gente de fe, para hacer valer este caso, de manera que podamos sentarnos a tener una conversación frente a frente con él”.

— La Rda. Pat McCaughan es corresponsal de Episcopal News Service. Ella está radicada en Los Ángeles. Traducción de Vicente Echerri.