El obispo de la diócesis de Los Ángeles, J. Jon Bruno, pasó casi siete horas el 29 y 30 de marzo ante el tribunal eclesiástico que está considerando tomar medidas disciplinarias en su contra. Foto de Mary Frances Schjonberg/ENS.

[Episcopal News Service] El obispo primado de la Iglesia Episcopal, Michael Curry, citando una conducta que “puede amenazar el buen orden y el bienestar de la Iglesia”, ha tomado una decisión disciplinara contra el obispo de Los Ángeles, J. Jon Bruno, en tanto tribunal [eclesiástico] sopesa si castigar a Bruno por su papel en una fallida venta de terrenos.

“Me preocupa profundamente que su decisión a entrar en un nuevo contrato para la venta de la misma propiedad —mientras su acercamiento a la venta anterior está aún sujeto a revisión— tenga la posibilidad de socavar el proceso disciplinario de la Iglesia”, dijo Curry en una declaración que se dio a conocer el 29 de junio. “El secreto con que se emprendió el reciente contrato de venta se agrega a la posibilidad de socavar la integridad del proceso disciplinario de la Iglesia”.

La declaración completa aparece publicada aquí.

El obispo primado Michael Curry predica el 25 de junio en la 145ª. Convocación Niobrara en la meseta de Camisa Roja, Dakota del Sur. El 29 de junio, él le impuso una restricción parcial al ministerio del obispo de Los Ángeles J. Jon Bruno. Foto de David Paulsen/ENS.

Curry impuso una “restricción parcial sobre el ministerio de un obispo” lo cual significa que al obispo de Los Ángeles le está prohibido tomar cualquier decisión relacionada con la propiedad de la congregación en cuestión, la iglesia episcopal de Santiago el Mayor [St. James the Great] en Newport Beach, California.

Curry resaltó también que la restricción no “expresa ninguna opinión sobre los méritos del proceso del Título IV que se encuentra pendiente”.

La acción del Obispo Primado contra Bruno se produce al tiempo que el abogado principal en el caso disciplinario pendiente presentaba un alegato en el que pedía que el obispo fuera depuesto de su ministerio y se llevara a cabo una investigación más minuciosa sobre una posible falta de ética.

“Su conducta demuestra un menosprecio por el proceso del Título IV, por este tribunal y por la Iglesia Episcopal”, decía el abogado de la Iglesia, Jerry Coughlan, en su escrito, tal como apareció publicado en la Internet por el grupo Salve a Santiago el Mayor [Save St. James the Great] “Es difícil ahora no sospechar de alguna otra grave conducta indebida”.

El caso original contra Bruno conlleva su intento infructuoso en 2015 de vender la iglesia de Newport Beach a una inmobiliaria de condominios por $15 millones en efectivo. Ese empeño llevó a los miembros de Santiago el Mayor a presentar acusaciones de conducta impropia contra Bruno, alegando que violaba el derecho canónico de la Iglesia. En marzo se celebraron vistas sobre estas acusaciones.

El tribunal disciplinario eclesiástico de la Iglesia Episcopal, que aún sopesa si disciplina a Bruno en ese caso y de qué manera, decidió sancionar al obispo este mes por intentar vender nuevamente la iglesia. El tribunal le dijo a Bruno el 17 de junio que le está prohibido “vender o transferir o contratar para vender o ceder la propiedad de [la iglesia de] Santiago el Mayor hasta nueva orden del Tribunal”.

Curry ahora ha añadido su propia prohibición sobre tales acciones de Bruno. El comunicado de prensa que anuncia la restricción parcial de Curry advierte que se trata “tan sólo de una medida temporal para proteger la integridad del proceso disciplinario de la Iglesia, hasta que este concluya”.

“En los últimos días, me he enterado de acciones que, desde mi punto de vista, pueden amenazar el buen oren y el bienestar e la Iglesia”, dijo Curry, añadiendo que la restricción sobre Bruno tiene aplicación inmediata.

Santiago el Mayor es una de las cuatro propiedades en que la diócesis gastó cerca de $10 millones en litigio para recuperarlas de manos de episcopales que rompieron con la Iglesia Episcopal por sus políticas sobre la ordenación de mujeres y la plena inclusión de miembros LGBTQ en la vida de la Iglesia, incluido el ministerio ordenado.

El canciller de la Diócesis de Los Ángeles, Richard Zevnik, y la vicecanciller Julie Dean Larsen le han pedido al tribunal que desestime todo el caso contra Bruno. Han dicho que una “demanda civil, acciones políticas y una campaña en las redes sociales” montada por miembros de Santiago el Mayor fueron “errónea, pero exitosa y estratégicamente concebidas para detener la venta de la propiedad de la Iglesia de 3716 metros cuadrados” en la que se conoce como Lido Island, una próspera urbanización que ostenta un club náutico.

El canon disciplinario del clero de la Iglesia, arguyen los cancilleres, “no está concebido para usarse como un arma para impugnar las decisiones de un obispo diocesano respecto a la administración y mayordomía de su diócesis”.

Pero Coughlan arguyó [por su parte] que Bruno era culpable de “no ejercer su ministerio en conformidad con cánones eclesiásticos aplicables”, “de conducta que conlleva deshonestidad, engaño o tergiversación” y “de conducta impropia de un miembro del clero”. Él dijo en la conclusión de su alegato que el tribunal debe fallar que la conducta de Bruno fue “calculada, generalizada y prolongada”.

Bruno cumple 72 años —la edad de la jubilación obligatoria en la Iglesia Episcopal— a fines de 2018. John Taylor, el próximo obispo coadjutor y su sucesor, será ordenado y consagrado el 8 de julio.

– David Paulsen es redactor y reportero de Episcopal News Service. Pueden dirigirse a él a dpaulsen@episcopalchurch.org. Mary Frances Schjonberg, de Episcopal News Service, colaboró con este informe. Traducción de Vicente Echerri.