Vista disciplinaria para el Obispo Bruno de Los Ángeles concluye sin un dictamen

La conclusión del tribunal no se dará a conocer hasta después de Pascua

Por Mary Frances Schjonberg
Posted Mar 31, 2017

El obispo J. Jon Bruno, diocesano de Los Ángeles, pasó casi siete horas el 29 y 30 de marzo respondiendo ante el tribunal que está contemplando una acción disciplinaria en su contra. Foto de Mary Frances Schjonberg/ENS.

[Episcopal News Service – Pasadena, California] Tres días de testimonio en la vista disciplinara del obispo J. Jon Bruno de la Diócesis de Los Ángeles terminaron aquí el 30 de marzo sin un dictamen.

El abogado Raymond Coughlan (“Jerry”), nombrado para representar a la Iglesia Episcopal, y el canciller de la Diócesis de Los Ángeles Richard Zevnik no hicieron declaraciones finales, sino que presentarán testimonios por escrito a la consideración del tribunal ante de que éste tome una decisión.

“No tengo idea el tiempo que tomará nuestro dictamen, pero hay otros procesos canónicos implicados que podrían significar que esto podría extenderse por un tiempo”, dijo a los presentes Herman Hollerith IV, obispo de la Diócesis de Virginia del Sur y presidente del tribunal al final de la sesión. “Esto no es algo que va ocurrir antes de Pascua”.

Las acusaciones detalladas en al vista derivan de la conducta de Bruno durante y después de su infructuoso intento de vender, en 2015, la iglesia episcopal de Santiago el Mayor [St. James the Great Episcopal Church ] en Newport Beach a un agente inmobiliario por $15 millones. Miembros de la iglesia presentaron una querella disciplinaria contra él.

A Bruno se le acusa de haber violado el Título IV Canon IV.4.1(g) por no haber ejercido su ministerio en conformidad con los cánones vigentes de la Iglesia (específicamente el Título II Canon II.6.3 que exige el previo consentimiento del comité permanente  a cualquier plan de que una iglesia o capilla sea “trasladada, desmantelada o en otra forma destinada a cualquier uso mundano o común”), Título IV Canon IV.4.1(h)(6) por “conducirse en forma deshonesta, fraudulenta, engañosa o falaz” y el Título IV Canon IV.4.1(h)(8) por “cualquier conducta impropia de un clérigo” Los incisos aplicables del Título IV Canon IV.4.1 comienzan en la página 127 aquí.

Los demandantes de Santiago el Mayor alegan que Bruno violó los cánones de la Iglesia porque él:

  • No obtuvo el consentimiento del comité permanente de la diócesis antes de concertar un contrato para vender la propiedad;
  • tergiversó su intención hacia la propiedad con los miembros [de la congregación] el clero y la comunidad local en general;
  • declaró falsamente que Santiago el Mayor no era una congregación sostenible;
  • declaró falsamente que la Rda. Canónica Cindy Evans Voorhees, vicaria de Santiago, había renunciado;
  • declaró falsamente a algunos miembros de Santiago que él les alquilaría la propiedad durante cierto número de meses y que la diócesis ayudaría económicamente a la iglesia; e
  • incurrió en una conducta impropia en un miembro del clero al “inducir a error y engañar” al clero y los fieles de Santiago [el Mayor] así como a la comunidad local, respecto a sus planes para la propiedad, al tomar posesión de la misma y excluir a la congregación.

La Rda. canóniga Kelli-Grace Kurtz, coordinadora del equipo de programas de Los Ángeles sobre misiones, explica ante el tribunal lo que la diócesis exige de esas congregaciones. Ella dijo que el equipo clasificaba a Santiago [el Mayor] como una “estación de misión” y en consecuencia tenía que cumplir con ciertos requisitos de informes. La Rda. Canóniga Cindy Evans Voorhees, vicaria de Santiago, había testificado que ella le informaba verbalmente a Bruno y que no creyó necesario presentar esos informes por escrito. Foto de Mary Frances Schjonberg/ENS.

Bruno dijo en su breve respuesta al tribunal que cinco de las acusaciones deben decidirse a su favor porque “pruebas indiscutibles establecen que no hay ninguna violación canónica”. Él dijo que la sexta acusación respecto a la supuesta tergiversación a Voorhees presenta una prueba contradictoria que el tribunal debe sopesar. Sin embargo, él calificó que “ella dijera (él me dijo que no vendería la propiedad) frente al testimonio de él (nunca dije que no vendería la propiedad) una dicotomía”.

El tribunal puede optar entre varios dictámenes, desde la desestimación de las acusaciones hasta la remoción de Bruno de su ministerio ordenado. Bruno o Coughlan tendrían 40 días para apelar la decisión del tribunal ante el Tribunal de Revisiones para Obispos.

La sesión del 30 de marzo comenzó la comparecencia de Bruno en la que éste respondió durante casi dos horas a las preguntas de Coughlan y Zevnik sobre su testimonio del 28 de marzo. Las preguntas abarcaron varios temas al objeto de entender las acciones del obispo respecto a su intento de vender [la propiedad de] Santiago el Mayor, y sus motivos para tales acciones. Al tope de la lista de motivaciones estaba la de proporcionar dinero para financiar la misión y el ministerio actuales de la diócesis.

El dinero era un problema, dijeron Bruno y otros testigos, porque la diócesis ha gastado más de $10 millones en el largo litigio en el que finalmente recobró cuatro propiedades que habían sido retenidas por episcopales que se habían desafiliado [de la denominación]. Bruno dijo que el gasto valió la pena porque estableció un precedente respecto al derecho de propiedad de la Iglesia en la diócesis y en el estado. Él persistió en estas acciones aun después de que el entonces obispo primado Frank Griswold y el canciller del Obispo Primado, David Booth Beers, aconsejaran en contra, declaró él.

Bruno y otras personas discutieron las pruebas que mostraban que la venta de Santiago el Mayor era también un medio posible de que la diócesis tuviera dinero para comprar el interés restante en algunas propiedades comerciales en Anaheim, California. Algunos donantes habían legado a la diócesis un interés parcial en esas propiedades. Las propiedades producen un ingreso para la diócesis y la diócesis también creyó que podría vender la propiedad cerca del estadio Angel. Un documento mostraba que las propiedades habían sido tasadas en $140 millones. La diócesis en este tiempo ha pedido el dinero prestado para adquirir el 100 por ciento de interés en las propiedades.

Algunos de los otros testigos en la vista del 30 de marzo dijeron que Bruto también quería dejar la diócesis en buena situación económica cuando se jubilara. Bruno cumple 72 años, la edad de retiro obligatoria para los clérigos de la Iglesia Episcopal, a fines de 2018. Su sucesor, el obispo coadjutor electo John Taylor, debe ser ordenado y consagrado el 8 de julio de este año.

David Tumilty, jefe del personal diocesano, le dice al tribunal de la preocupación del obispo de la Diócesis de Los Ángeles J. Jon Bruno sobre la salud económica de la diócesis y cómo esas preocupaciones pesaron en sus decisiones respecto a Santiago el Mayor. Foto de Mary Frances Schjonberg/ENS.

Ellos dijeron que la diócesis había sido severamente afectada no sólo por los costos de los litigios, sino también por la recesión de 2008 que se produjo mientras las diócesis estaba gastando capital para pagar por el litigio, según el jefe del personal diocesano David Tumilty.

Tumilty afirmó que los gastos dieron lugar a reducciones de personal y de programas, tales como el que le proporcionaba consejería [pastoral] a sacerdotes. Explicó también que el sistema de “corporación a su sola discreción” mediante el cual Bruno controlaba algunas, pero no todas, las propiedades diocesanas y otros activos estaba cortos de fondos por tener frecuentemente que cubrir déficits operativos en lo que se conoce como el presupuesto del Fondo de Acciones para la Misión .

La necesidad de recuperar capital fue un tema en la vista del 30 de marzo. Por ejemplo, cuando Coughlan le preguntó al obispo quién era el enlace con la Sociedad de la Rosas Náutica de la Comunión Anglicana, un empleo de $110.000 que él le había ofrecido a Voorhees, Bruno dijo que la plaza estaba vacante. “No cuento con el dinero para cubrirlo ahora porque he estado pagando un litigio durante dos años”, dijo refiriéndose al proceso del Título IV.

“¿De quién es la culpa?”, unos cuantos miembros del público preguntaron en voz baja pero perfectamente audible. Voorhees se volvió y le indico al público que se callara y luego Hollerith le recordó a los espectadores el requisito de mantenerse en silencio.

La Rda. Canóniga Melissa McCarthy, que presidía el Comité Permanente de la Diócesis de Los Ángeles durante 2015 y 2016, le cuenta al tribunal acerca de las acciones del comité respecto al intento de Bruno de vender la propiedad de la iglesia episcopal de Santiago el Mayor. Foto de Mary Frances Schjonberg/ENS.

La sesión del 30 de marzo también mostró que la venta de Santiago el Mayor había provocado controversia al menos entre dos líderes diocesanos. La Rda. Canóniga Melissa McCarthy, presidente del Comité Permanente durante 2015 y 2016, le dijo al tribunal que la entonces obispa sufragánea Mary Glasspool la había llamado para indagarle acerca de una posible venta de Santiago [el Mayor]. McCarthy expresó que Glasspool le había dicho que, como presidente del comité permanente, McCarthy tenía el deber de impedir la venta. Ella agregó que Glasspool le había pedido que se pusiera en contacto con un canciller diocesano episcopal en el estado a quien MCarthy conocía y a que Glasspool pensaba que podía ayudar a desarrollar un argumento contra la venta.

Glasspool se proponía ponerse en contacto con otros obispos episcopales en lo concerniente a la venta, dijo McCarthy. Luego de orar durante un día, McCarthy dijo que ella se puso en contacto con Bruno para ponerlo al corriente de la conversación porque ella supo que el obispo había revelado confidencialmente la oferta de compra de Santiago [el Mayor] durante una reunión del liderazgo ejecutivo de la diócesis.

“El obispo sufragáneo ha llamado a la presidente del comité permanente y ha recabado su apoyo para desautorizar lo que el obispo diocesano estaba haciendo”, dijo McCarthy, explicando la razón que tuvo para llamar a Bruno. Y [porque ella] había quebrantado su confidencialidad, sentía que él debía de saber”.

El comité permanente aprobó el empeño de Bruno de vender Santiago [el Mayor] durante una reunión extraordinaria el 8 de junio de 2015, más de dos meses después de que Bruno aceptara la oferta. Los miembros dieron su aprobación, dijo ella, aunque Bruno no la solicitó. Debido a que el título de propiedad residía en la corporación a su sola discreción, dijo McCarthy, Bruno creyó que él podía actuar sin su aprobación [del Comité Permanente]. McCarthy hizo notar que su comité habría aprobado finalmente desconsagrar la iglesia si la venta se hubiera llevado a efecto.

“Queremos tener alguna manera de mostrar claramente nuestro apoyo”, dijo ella. “Circunstancias únicas” rodearon esa decisión porque, para el 8 de junio, dijo McCarthy, “ya habían iniciado una campaña a través de las redes sociales” y ya se había creado otra oposición a la venta.

Además, dijo McCarthy, el comité sabía que el obispo estaba buscando medios de recobrar los costos del litigio y estaba preocupado por el estado financiero de la diócesis cuando él se jubilara. Los miembros del comité también hablaron acerca de cómo “una congregación y un edificio son dos cosas distintas” y que la venta de la propiedad “respondía a un plan que el obispo había tenido a lo largo de varios años”.

Cuándo Bruno decidió vender Santiago [el Mayor] y si él reveló esta intención a Voorhees y a los miembros de Santiago y cuándo lo hizo es algo que está en discusión. Voorhees y otros han insistido que ellos creyeron que Bruno quería que revivieran Santiago de manera que pudieran continuar en el edificio recuperado a duras penas.

El proceso disciplinario del Título IV se basa en un modelo de conducta profesional

Aunque el Título IV de los cánones disciplinarios del Título IV transfirieron las acciones disciplinarias del clero  de un proceso legal a un proceso de conducta profesional, muchos términos legales persisten. Por ejemplo, Hollerith  y los abogados se refirieron a las preguntas como un “interrogatorio” y hubo “objeciones” respecto a algunas preguntas o si ciertas “pruebas” eran “admisibles”.

Clare Zabala-Bangao, coordinadora para  congregaciones de misión de la Diócesis de Los Ángeles, le dice al tribunal sobre sus empeños de que los líderes laicos de Santiago [el Mayor] y la Rda. Canóniga Cindy Evans Voorhees, la vicaria, presentaran los debidos informes financieros mensuales. Foto de Mary Frances Schjonberg/ENS.

Sin embargo, el objetivo último, según la introducción al título IV ( página 123 aquí), es que “la Iglesia y cada Diócesis apoyarán a sus miembros en su vida en Cristo y tratarán de resolver los conflictos fomentando la restauración, el arrepentimiento, el perdón, la restitución, la justicia, la enmienda de vida y la reconciliación entre todos los involucrados o afectados”.

La sesión de cada día comenzaba y terminaba con una oración dicha por el Rdo. Erick Larsen, de Rhode Island, miembro del tribunal. La oración de apertura concluía con todos los participantes y observadores diciendo en voz alta y al unísono el Padre Nuestro. Al final de la sesión de la tarde del 30 de marzo, Larsen oró que Dios orientara al tribunal para “discernir la verdad y encontrar tu voluntad para nosotros según avanzamos”. Larsen pidió que en tanto proseguía el discernimiento y las personas esperaran por el resultado que “sobre todo no perdiéramos la caridad que tú nos revelas en tu hijo Jesús”.

Hollerith concluyó la sesión con una bendición y una despedida litúrgica.

Además de Hollerith y Larsen, los miembros del Tribunal que examinaron las denuncias contra Bruno, se encontraban el obispo de Rhode Island Nicholas Knisely, el obispo de Dakota del Norte Michael Smith, y Deborah Stokes de [la Diócesis de] Ohio Sur.. Todos son miembros de la Junta Disciplinaria para Obispos, que los designó.

El tribunal se reunió en el hotel Courtyard Marriott en Pasadena, a unos 90 minutos al nordeste de Newport Beach. Salve a Santiago el Mayor [Save St. James the Great] organizó autobuses para ir y volver a la vista todos los días. Cerca de 120 personas llegaron a sentarse en la galería durante las sesiones diarias.

– La Rda. Mary Frances Schjonberg es redactora sénior y reportera de Episcopal News Service. Traducción de Vicente Echerri.


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