Manifestantes portando pancartas, banderas y cornetas de aire mientras cruzaban cantando el Puente de Brooklyn hacia Manhattan el 21 de mayo, el séptimo día de los 18 que durará la Marcha de la Justicia para los Obreros Agrícolas, iniciado por el Ministerio Rural y Migrante. Foto de Amy Sowder.

[Episcopal News Service] Un voto más.

Si otro senador de Nueva York respalda la aprobación del proyecto de ley Normas laborales justas para los obreros agrícolas, ese proyecto podría convertirse en ley y afectar las vidas de más de 60.000 obreros agrícolas en todo el estado, muchos de los cuales suben escaleras para recoger manzanas, o se acuclillan para sacudirle la tierra a las cebollas y están de pie por horas para ordenar las coles en las cintas trasportadoras —con frecuencia durante 75 horas a la semana, sin ningún día libre, sin pago de horas extras ni compensación por lesiones de trabajo.

“¿Qué queremos?” le gritaba el activista David Galarza a la multitud que portaba pancartas rojas en las que podían leerse: “Los obreros agrícolas de Nueva York merecen iguales derechos” mientras desfilaban bajo los icónicos arcos del puente de Brooklyn rumbo a Manhattan.

“¡Justicia!”, replicaban los manifestantes al tiempo que agitaban banderas rojas y tocaban tambores africanos. “¿Cuándo la queremos?”, clamaba Galarza, “¡Ahora!”, replicaba el gentío.

Casi 200 partidarios se incorporaron a la marcha en el segmento de Brooklyn y Manhattan de los 18 días de la Marcha por la Justicia del Obrero Agrícola, encabezada por el Ministerio Rural y Migrante (RMM por su sigla en inglés) una organización interreligiosa y sin fines de lucro de alcance estatal que dirige el Rdo. Richard Witt, director ejecutivo de RMM y sacerdote en la Diócesis Episcopal de Nueva York. La marcha se extiende por 321 kilómetros, desde frente a la oficina de John Flanagan, líder de la mayoría del Senado estatal de Nueva York, en Smithtown on Long Island y terminará en la escalinata del capitolio de Nueva York en Albany el 1 de junio.

Un agente de la policía de Nueva York abre la marcha de los manifestantes al cruzar el puente de Brooklyn en dirección a Manhattan el 21 de mayo. Foto de Amy Sowder.

El sábado 21 de mayo, el grupo hizo un alto para una conferencia de prensa en el Palacio Municipal de la ciudad de Nueva York, luego desfiló a través del SoHo para almorzar en la iglesia de San Marcos en el Bowery  [St. Mark’s Church-on-the-Bowery], prosiguiendo luego para participar en un mitin en Union Square antes de terminar el día en Washington Heights, en el extremo norte de Manhattan.

“Esto es importante para todos los neoyorquinos de cualquier religión. Son los restos del racismo los que mantienen este problema vivo”, dijo el senador estatal Adriano Espaillat, D-por el Alto Manhattan, en las gradas del Palacio Municipal.

Los obreros agrícolas están excluidos de los derechos y protecciones básicos que disfrutan los trabajadores de casi todos los demás ramos de la industria, una exclusión que los legisladores en el Sur exigieron antes de que convinieran con la aprobación de la Ley Nacional de Relaciones laborales de 1935 y la Ley de Normas Laborales Justas de 1938, ambas promovidas por el presidente Franklin Roosevelt. Los trabajadores domésticos estaban excluidos también, pero eso cambió en 2010, cuando se aprobó en Nueva York la Ley de los Derechos de los Empleados Domésticos.

Los obreros agrícolas siguen estando excluidos. Los compradores de víveres que escogen unas cuantas relucientes manzanas Gala en su mercado local están disfrutando del trabajo de personas que se encuentran sepultadas en el fondo de la industria agrícola del estado [con un valor] de $5,400 millones repartidos entre 35.500 granjas, según el censo del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA por su sigla en inglés) de 2012.

Heriberto, de 26 años, es uno de esos obreros. Originario de Morelos, México, él trabajó por un salario mínimo cerca de 80 horas a la semana y sin ningún día libre durante más de cuatro años en una granja del valle del Hudson, cultivando pepinos, pimientos, cebollas, patatas y sandías.

“Me gustaría ver un cambio. No sé por qué los obreros agrícolas no tienen derechos como los demás trabajadores”, dijo Heriberto, cuyo apellido no se da a conocer debido a su estatus migratorio, mientras desfilaba con el grupo: “No es un privilegio. Es una necesidad”.

Él ha visto a compañeros, que se lesionaron en el trabajo, no poder trabajar y perder el empleo. Heriberto maneja un tractor y una grúa con elevador de horquilla, sin embargo le pagan como a un obrero no calificado. Las cosas, no obstante, han mejorado en los siete años que él lleva en Estados Unidos. Hace unos dos años, pudo negociar un aumento de salario y descansar los fines de semana, de manera que él es uno de los pocos obreros agrícolas que pudo participar en la marcha.

El Rdo. Richard Witt, director ejecutivo del Ministerio Rural y Migrante, habló brevemente durante la Marcha por la Justicia del Obrero Agrícola en una conferencia de prensa en el Palacio Municipal de la ciudad de Nueva York a la que acudieron un senador estatal, una asambleísta, líderes de los derechos civiles, autores y clérigos de varias religiones. Foto de Amy Sowder.

La mayoría de los manifestantes no tiene este tipo de experiencia de campo. Celia Baldwin estaba sentada en su banco de la iglesia episcopal de La Gracia [Grace Episcopal Church] en Hastings on Hudson hace unos nueve años, cuando oyó hablar a Witt sobre el Ministerio Rural y Migrante. Baldwin es maestra de una escuela elemental y no una “activista seria”, dijo ella, pero se sintió profundamente movida a ayudar una vez que tuvo conciencia de lo malas que eran las condiciones de trabajo para la gente que cultivaba los alimentos que ella consumía.

“Esta organización representa una porción de la vida norteamericana que sólo puede expresarse a través de otros, y ellos son los que nos alimentan a todos nosotros”, dijo Baldwin mientras desfilaba. “¿Por qué participo? Yo como. Nadie puede decirte que no se relaciona con ellos”.

El proyecto de ley por el que están manifestándose le brindaría a los obreros agrícolas pago de horas extras, un día opcional de descanso y el derecho a negociación colectiva.

Manifestantes que reclamaban justicia para los obreros agrícolas, desfilaron, vocearon consignas y distribuyeron volantes a través del Bajo Manhattan el 21 de mayo durante la Marcha de la Justicia para los Obreros Agrícolas. Foto de Amy Sowder.

Lentamente, las condiciones laborales para los obreros agrícolas de Nueva York han mejorado. En los años 90, la legislatura del estado ordenó que las fincas que tenían por lo menos cinco empleados, proporcionaran agua potable y baños en los campos. Hace unos 16 años, el salario mínimo para los obreros agrícolas  aumentó al mismo nivel que el salario mínimo estatal que recibe la mayoría de los otros trabajadores.

Y después de una declaración del gobernador de Nueva York Andrew Cuomo a principios de este mes, el derecho a la negociación colectiva parece más probable. La Unión de Libertades Civiles de Nueva York presentó una demanda contra el Gobernador y contra el estado de Nueva York, en la que denunciaba que excluir a los obreros agrícolas del derecho a la negociación colectiva violaba la constitución del estado. El 10 de mayo, Cuomo se mostró de acuerdo. Ni él no el secretario de justicia del estado contestarían la demanda.

“No toleraremos el abuso o la explotación de los obreros en ninguna industria”, dijo Cuomo. “Esta clara e innegable injusticia debe ser corregida”.

El Buró Agrícola de Nueva York, la organización lobista de la agroempresa, es el principal opositor de este proyecto de ley. El buró dice que darles a los obreros agrícolas pago de horas extras —tiempo y medio por cada hora que sobrepase a la jornada de ocho horas diarias— hundiría a los pequeños granjeros que no pueden costearlo y que ya se encuentran en dificultades. El promedio de granjas de Nueva York gana anualmente unos $34.300 en dinero neto, según el censo del USDA de 2012.

“Todo se vuelve un problema económico”, dijo Witt. “El Buró de Granjas argüiría que los obreros agrícolas ya están bastante regulados, pero no se trata de eso. Se trata de la igualdad para todos los trabajadores. ¿Qué tiene la agricultura para que dé una estructura moral diferente a la de cualquier otro negocio?”.

Laura García, de 30 años, (al centro, vestida de negro) sacude una corneta de aire y sostiene un letrero mientras recorre unas cuantas cuadras por el distrito del SoHo al sur de Manhattan el séptimo día de los 18 que dura la Marcha por la Justicia de los Obreros Agrícolas. Como hija de un obrero agrícola, García se benefició de los programas del Ministerio Rural y Migrante para niños que le pusieron a su alcance oportunidades que estaban más allá de su experiencia y que le dieron esperanzas de un futuro más brillante. Hoy ella es la directora del programa Justicia Racial 1 para la YWCA. Foto de Amy Sowder

Tom Toigo de la granja lechera Ronnybrook en Ancramdale, Nueva York, estaba vendiendo botellas de leche reciclables en el mercado campesino de Union Square cuando una mujer de las que desfilaba intentó entregarle un volante, y él le gritó que se largara.  Ella se marchó aprisa mientras Toigo la miraba con furia.

“La mayoría de estas granjas no son grandes corporaciones. Son granjas de familia, y se irán a la quiebra”, decía Toigo con la voz más calmada al volver a ayudar a sus clientes. “Mi problema con el tiempo extra no es por explotar a la gente. Tiene que ver con la temporalidad del trabajo. Es la naturaleza de la industria agrícola”.

El que los granjeros necesiten empleados que trabajen más horas durante la temporada alta no significa que no deban pagarles jornales de tiempo extra ni escalonarles sus turnos, según el RMM. Es un problema de derechos humanos, dijo Witt, y así opinó también el cardenal Timothy Dolan, el arzobispo catolicorromano de Nueva York, después que desfilara sobre el puente con el grupo y hablara en la conferencia de prensa.

“No es una tontería”, le dijo Dolan a la multitud. “Se trata de derechos humanos básicos, de darle a los obreros agrícolas un poquito de dignidad y de respeto”.

La Rda. Melissa DeRosia, vicepresidente de la junta del RMM y pastora de la iglesia presbiteriana de Gates en la zona densamente agrícola de Rochester, Nueva York, llevaba a su izquierda un enorme estandarte durante la marcha.

“Esto es algo más que inmigración o justicia alimentaria”, afirmó. “Es acerca de la interconexión de todo ello y de cómo va a parar a nuestro plato”.

– Amy Sowder es una escritora sobre temas de alimentación que reside en Brooklyn, Nueva York. Traducción de Vicente Echerri.