[Episcopal News Service – Salt Lake City] Muchas cosas suceden cada día durante la Convención General. Además de los otros informes de Episcopal News Service, he aquí algunas noticias adicionales del 3 de julio, la novena y última jornada legislativa de la reunión que sesionó del 25 de junio al 3 de julio.

Los diputados eligieron a Kurt Barnes como tesorero de la Convención General.
Dos días después de que la Cámara de Obispos eligiera al actual titular Kurt N. Barnes como tesorero de la Convención General y tres días después de que la Cámara de Diputados eligiera para el puesto a Del Glover, ex miembro del Consejo Ejecutivo, la Cámara de Diputados eligió a Kurt Barnes para servir como tesorero de la Convención.

Las cosas ocurrieron de este modo.

El 30 de junio, la Cámara de Diputados eligió por estrecho margen a Del Glover, ex miembro del Consejo Ejecutivo, el único otro nominado que aspiraba frente a Barnes. Glover obtuvo 414 votos y Barnes, 400. El 1 de julio, Barnes obtuvo 102 votos en la Cámara de Obispos, y Glover, 48.

Se supuso que debido a la división del voto, Barnes, que también es el tesorero de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera, conservaría su puesto. Sin embargo, al comienzo de la sesión matutina de los diputados el 3 de julio, el parlamentario Bryan Krislock le informó a la Cámara que tenía que votar de nuevo.

Él explicó que mientras la mayoría de las elecciones de la Convención General tienen lugar en una cámara y son confirmadas por la otra, la elección del tesorero es única en que necesita de la decisión coincidente de ambas cámaras, según el Canon I.1.7(a).

Krislock le dijo a la cámara que Glover había retirado su nombre de la contienda. Los diputados entonces eligieron a Barnes con 608 votos a favor y 81 en contra.

Todas las reuniones regulares de la Convención General eligen a un tesorero que también puede ser el tesorero de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera.

Barnes se convirtió en tesorero de la DFMS en 2004 y asumió el papel de tesorero de la Convención General ese mismo año.

La carrera de Barnes abarca finanzas e inversiones en organizaciones lucrativas y sin fines de lucro. Barnes ha trabajado como economista de Rand Corp, planificador corporativo de Time Inc., planificador corporativo y editor de la revista Fortune, encargado de finanzas en Inco Limited y en Gestión de Activos con Morgan Stanley. Ayudó a Amnistía Internacional a reestructurar su administración financiera y su comité de inversiones.

El obispo primado electo solicita dos vicepresidentes
La obispa Mary Gray-Reeves, de la Diócesis de El Camino Real, y el obispo Dean Wolfe, de Kansas, fueron electos vicepresidentes de la Cámara de Obispos durante la sesión vespertina de este cuerpo el 3 de julio. Michael Curry, el obispo primado electo, había solicitado una suspensión de las normas para permitir la elección de dos vicepresidentes, en lugar de uno solo, como ha sido lo usual. La cámara convino en apoyar la intención del obispo primado electo y eligió los dos. La obispa sufragánea de Los Ángeles, Diana Bruce, fue electa secretaria de la cámara y ella nominó a Allen Shin, obispo sufragáneo de Nueva York, como secretario auxiliar.

Una resolución de cortesía para la Obispa Primada
A la obispa primada Katharine Jefferts Schori le tributaron una ovación de pie, aplausos sostenidos, vítores y silbidos después de que el Comité de Cortesía y Honores de la Convención General presentara una resolución en que le daban las gracias por su ministerio.

Se crea un comité para evaluar al Seminario General y su relación con la Convención
La 78ª. Convención General aprobó la Resolución D075 por la cual autoriza a los funcionarios ejecutivos a nombrar un comité de no más de cinco miembros para evaluar la relación entre la Convención General y el Seminario Teológico General. Según la resolución, el comité ha de incluir a uno de los síndicos elegidos en la Convención y está encargada de determinar si esta relación es mutuamente beneficiosa en este momento de la vida de la Iglesia. Al comité se le pide que informe de sus resultados a la 79ª. Convención General y que presente una recomendación, incluida la posibilidad de ponerle fin a esta relación.

Las cámaras ratifican su apoyo a los centroamericanos que huyen de la violencia
La Cámara de Diputados aprobó el 3 de julio convenir con la Cámara de Obispos en la Resolución D033, “en apoyo a los derechos de los refugiados en Centroamérica”, la cual le pide a la Iglesia Episcopal que “reconozca la continua violencia contra los ciudadanos, y el desplazamiento de los mismos, en el triángulo norte de América central (Honduras, Guatemala y El Salvador), perpetrado por actores estatales y no estatales”.

El mundo comenzó a prestar atención a la crisis de violencia epidémica en América Central cuando, en el verano de 2014, comenzaron a llegar a la frontera [sur] de Estados Unidos niños hondureños, guatemaltecos y salvadoreños en números sin precedentes.

Durante el último año, el nivel de violencia en el Triángulo Norte ha seguido aumentando, sus residentes continúan huyendo hacia Estados Unidos, y a algunas mujeres y niños los albergan en centros de detención que parecen prisiones.

La resolución pide además que “la Iglesia y los gobiernos regionales garanticen y apoyen la labor de la sociedad civil y de organizaciones internacionales al tiempo que abordan las necesidades de los desplazados en sus países de origen; apoyen los esfuerzos de las agrupaciones de la sociedad civil de los organismos regionales, especialmente la labor de nuestra hermana provincia anglicana la Iglesia de la Región Central de América (IARCA), la Diócesis de Honduras y las organizaciones de derechos humanos, las cuales buscan abordar las causas raigales de la violencia y participar en promoción social y diálogo con sus gobiernos para atender las necesidades de los desplazados internos y de los refugiados y crear espacios seguros para ellos”.

Pide también a la Iglesia Episcopal, en solidaridad con IARCA, exigir responsabilidad gubernamental en Centroamérica, que la Iglesia abogue para que el gobierno de EE.UU. desempeñe un papel positivo, fortalecer económicamente las instituciones legales y animar a los gobiernos de Centroamérica y México a que defiendan los derechos legales de las víctimas.