[Episcopal News Service – Salt Lake City] En tanto 1.500 participantes de la Convención se unieron, en la mañana del 28 de junio en esta ciudad, a una procesión de Obispos unidos contra la violencia armada, varias resoluciones que denunciaban esa violencia se abrían paso a través del proceso legislativo [de la Convención].

La devota procesión recorrió la media milla que va desde el Centro de Convenciones Salt Palace hasta el Parque del Pionero [Pioneer Park] mientras los manifestantes cantaban himnos y oraban. Miembros de agrupaciones contrarias a la violencia armada y organizaciones pro derechos civiles de Utah se sumaron al desfile.

El obispo Eugene Sutton, de la Diócesis de Maryland, dijo que la sociedad enfrenta lo que él llamo una “impía trinidad” de pobreza, racismo y violencia. El obispo primado electo, Michael Curry, les dijo a los participantes que ellos se habían levantado temprano para participar en la procesión a las 7:15 A.M. porque esa “impía trinidad amenaza la vida de todos nosotros”.

“Pero estamos realmente aquí porque hay otra trinidad”, dijo él. “Hay otra trinidad que no es una trinidad impía. Hay otra trinidad que es una trinidad santa. Una trinidad dadora de vida”.

Las temperaturas en Salt Lake City han oscilado entre 32 y 39 grados C. desde que obispos, diputados y personal y voluntarios de la Convención comenzaron a llegar aquí el 22 de junio. Una hora antes de la procesión, la temperatura era de 23 grados C. y durante el día fue subiendo constantemente hasta alcanzar los 39 grados a las 6:30 P.M.

La resolución más abarcadora que enfrentan los obispos y los diputados, la C005 de la Diócesis de Los Ángeles, insta a los legisladores en todas las instancias del gobierno a poner en vigor leyes que exijan verificación de antecedentes penales y adiestramiento relativo a la seguridad de las armas de fuego, para poder comprarlas; la prohibición de ciertos tipos de armas de asalto, de cargadores de alta capacidad y de los equipos para convertir armas mecánicas en automáticas; medidas enérgicas contra el tráfico de armas y la promoción de fondos para la investigación sobre la violencia armada. La última versión de la resolución pide que se reconozca “el impacto de las actuales leyes de la herencia en el traspaso de la propiedad de las armas” y elimina el llamado de la resolución original a la imposición de impuestos por la venta de armas y municiones, y un crédito en los impuestos personales sobre los ingresos a los que entreguen armas de fuego en programas de recompra de armas.

La Resolución B008, propuesta por el obispo Ian Douglas de la Diócesis de Connecticut, insta a las diócesis “a abogar porque los que compren armas cortas obtengan la licencia en sus contextos locales”.

Una resolución de la III Provincia que se originó en la Diócesis de Bethlehem, la C030, le pide a la Iglesia que inste al presidente de EE.UU. y a los líderes del Congreso a que promulguen leyes que “prohíban la venta, traspaso, importación y fabricación de armas totalmente automáticas y de cargadores de alto calibre, de municiones antiblindados y de equipos que conviertan los alimentadores de municiones en cargadores capaces de llevar más de 10 proyectiles”.

La Resolución D018, propuesta por el Rdo. William Exner, que encabeza la diputación de Nuevo Hampshire, insta a los episcopales a pedirles a los legisladores en todas las instancias del gobierno “a apoyar políticas públicas que frenen la violencia armada al exigir e implantar verificaciones de antecedentes universales en todas las ventas [de armas]; la prohibición de todas las ventas futuras de armas semiautomáticas de las que usan los militares, de municiones de alto impacto y de cargadores de alta capacidad; y que se exijan permisos para portar armas ocultas”.

La matanza de alumnos y personal en la escuela elemental de Sandy Hook en diciembre de 2012 dio lugar a la Resolución C005, dijo el Rdo. Gary Commins, rector de la iglesia de San Lucas [St. Luke’s] en Long Beach, California, y diputado diocesano. Él predicó un sermón en la Fiesta de los Santos Inocentes acerca de esta matanza a tiros, en la que invitó a los que estuvieran interesados en encontrar medios para combatir la violencia armada a reunirse en enero de 2013. Entre otras decisiones, esto llevó a la aprobación de una resolución que ahora ha sido sometida a la consideración de la Convención General.

Los auspiciadores de la resolución intentaron proponer acciones legislativas que pudieran lograrse en la próxima década, dijo Commins. Si bien una legislación federal podría no aprobarse, “los estados pueden de seguro promulgar cosas”.

“Para mí, el argumento de esto es que sólo estamos intentando limitar la violencia armada”, dijo. “En verdad no estamos abordando el problema cultural del pueblo violento que somos”.

Su propia pasión en torno al tema proviene de una experiencia de primera mano con los resultados de la violencia armada como un sacerdote en varias parroquias: un tiroteo a las puertas de su iglesia durante un estudio bíblico; feligreses retenidos a punta de pistola y puestos boca abajo en la acera; el suicidio de un joven de 16 años con una pistola; una niña de 12 años a quien alcanzó un balazo en la frente mientras iba de camping con sus padres.

La experiencia personal con la violencia armada también alimenta la pasión sobre el tema del obispo Scott Hayashi de la Diócesis de Utah, a quien le dispararon a quemarropa en el costado durante un robo mientras trabajaba en una tienda de discos en Tacoma, Washington, cuando tenía 19 años.

Como cuenta en un vídeo en el que llama a un diálogo de todas las partes sobre el tema de detener la violencia armada, él pasó dos meses en el hospital y años de ulterior reflexión y oración para recuperarse.

Hayashi le dijo a ENS él se sentía “indeciso” respecto a las resoluciones de la Convención General. “¿Quién no querría hacer lo que estas resoluciones instan?”, preguntó. “Creo que nosotros, como Convención, aprobaremos ésas. Creo que las aprobaremos fácilmente”.

Pero, añadió, “creo a veces que nosotros en la Iglesia Episcopal hacemos declaraciones audaces, y no necesariamente llevamos a cabo algo con ellas”.

La aprobación de las resoluciones ayudará a los promotores [de esa causa], que puedan señalarlas como la posición oficial de la Iglesia. “En ese sentido estoy a favor”, dijo.

Él ve la necesidad, sin embargo, de que se entable una conversación a fondo con todo el mundo en la mesa —los que abogan por el control de las armas, los dueños de armas, los miembros de la Asociación Nacional del Fusil (NRA), las víctimas de la violencia de las armas de fuego y sus familias— sobre cómo combatir la violencia armada, dijo. “Creo que donde estamos como nación es un sitio de profundas divisiones, donde ni siquiera podemos tener la conversación”.

“Sí las resoluciones [de la Convención General] son buenas”, recalcó. Pero “si uno realmente quiere que nuestro gobierno actúe, uno tiene que crear una corriente de opinión”.

Para generar eso, el primer paso es crear un espacio de diálogo seguro, para decir: “tenemos un problema. Estas armas de fuego se están usando para matar personas inocentes. Están en malas manos. ¿Qué podemos hacer para frenar esto?”, arguyó él. La Iglesia Episcopal tiene la posibilidad de crear ese espacio, sugirió Hayashi.

El desfile del 28 de junio contra la violencia armada “un llamado a exigir un terreno común”, dijo. “Yo creo que tenemos muchísimo más terreno común del que la mayoría de las personas se da cuenta”.

Commins fue mostró menos entusiasta respecto a propiciar un diálogo con todos los participantes, arguyendo que los dueños de armas y la NRA habían dispuesto de muchísimo tiempo publicitario y que era más necesario escuchar a los afectados por la violencia armada.

“Creo que debería imponérseles, a los dueños de armas, una moratoria de un año para hablar de armas”, afirmó. Al día siguiente de que no maten a nadie en Estados Unidos con un arma de fuego, “los dueños de armas pueden empezar a hablar otra vez”.

— Sharon Sheridan es corresponsal de ENS. Traducción de Vicente Echerri.