Miembros del Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto y Finanzas presentarán su proyecto presupuestario al pleno de la Convención General el 1 de julio. Foto de Mary Frances Schjonberg/ ENS.

[Episcopal News Service – Salt Lake City] Miembros del Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto y Finanzas (PB&F) de la Iglesia Episcopal oyeron el 26 de junio un enérgico llamado a reducir el monto de dinero que solicitan de las diócesis y zonas de misión regionales, a sabiendas de que se enfrentan aproximadamente a una discrepancia de $12 millones entre la financiación ya incluida en el Anteproyecto del presupuesto trienal 2016-2018 del Consejo Ejecutivo y las resoluciones de financiación adicionales que se han presentado en la Convención.

El presupuesto balanceado del Consejo por un total de $120 millones fue aprobado en enero después que los comités, comisiones, agencias y juntas de la Iglesia llenaron sus informes a la convención que contenían resoluciones de financiación. Algunas de esas solicitudes han sido enmendadas aquí en la Convención. Además, muchos resoluciones nuevas que se han presentado desde que el Consejo aprobó su presupuesto también solicitan dinero a incluirse en el presupuesto 2016-2018. Estas son las responsables de los $12 millones de diferencia.

“Quiero hacer que la gente entienda que incluso una solicitud de financiación aprobada por ambas cámaras no constituye un mandato vinculante para el PB&F”, dijo la Rda. Canóniga Mally Lloyd, de Massachusetts, presidente de del PB&F, a Episcopal News Service después de una reunión del comité en las primeras horas de la mañana del 27 de junio. “Tiene un gran peso con el PB&F, probablemente el mayor peso de cualquiera aporte que recibamos, pero aun así es tarea del PB&F discernir cómo se financian las cosas”.

Las solicitudes nuevas o enmendadas “excederán con mucho cualquier manera razonable de manejar eso, de manera que nuestro reto va a consistir en ver lo que podemos hacer con esto, y la mayoría de ellas no podrán ser financiadas”, dijo a ENS el Rvdmo. Jim Mathes, obispo de la Diócesis de San Diego y miembro del PB&F, después de la audiencia sobre ingresos del 26 de junio.

Si bien tal discrepancia no es inusual, la logística de intentar reducir el déficit es diferente en esta convención que en las dos anteriores.

“No es inusual para los redactores del presupuesto encontrarse en este punto en el proceso presupuestario”, dijo Lloyd a ENS, “pero estamos instando a la gente a ser realista respecto a lo que es posible”.

“Hace tres años, estábamos juntando presupuestos alternativos e intentando crear una estructura presupuestaria y ese proceso nos llegó a dar algún margen de flexibilidad”, dijo a ENS el 27 de junio Stephen Lane, obispo de la Diócesis de Maine y vicepresidente del PB&F. “Esta vez tenemos un presupuesto balanceado con una notable integridad interna, de manera que por cada dólar que entra otro tiene que salir. Ese es un proceso diferente de la última vez.

Cuando se le preguntó si este proceso era más difícil o más fácil, Lane dijo “es de una dificultad diferente”.

El PB&F colaboró con el Consejo Ejecutivo en el anteproyecto de un presupuesto 2016-2028 desde el comienzo del trienio 2013-2015.

El presupuesto trienal de la Iglesia Episcopal se nutre fundamentalmente de las promesas de las diócesis de la Iglesia y de las zonas de misión regionales. A esas entidades actualmente se les pide, pero no se les exige, que contribuyan anualmente con el 19 por ciento de sus ingresos de dos años antes, menos $120.000.

El anteproyecto presupuestario del Consejo aumenta esa exención a $175.000. Su proyección de ingresos se basa en solicitar a las diócesis y zonas de misión regionales de la Iglesia que contribuyan con el 18 por ciento de sus ingresos para financiar el presupuesto de 2016; 16,5 por ciento para el presupuesto de 2017 y 15 por ciento en 2018.

El plan de tres años para reducir la solicitud diocesana a un 15 por ciento da lugar a ingresos por $74.931.206, según Kurt Barnes, Tesorero de la Iglesia Episcopal. Este total asume una exención diocesana de $175.000 y supone que cada diócesis que no esté pagando la totalidad de su solicitud aumentará el porcentaje de su contribución en un 10 por ciento por encima de la tasa de su contribución en 2014. La plena participación con una tasación obligatoria de un 15 por ciento para los tres años del trienio 2016-2018, con la misma exención diocesana y los aumentos supuestos en las contribuciones, resultaría en un ingreso de $80.236.645, explicó él.

De las 109 diócesis y tres zonas regionales, 49 diócesis pagaron la solicitud completa o más en 2024. Una lista de compromisos diocesanos y pagos realizados en 2013 se encuentra aquí. Barnes ha dicho que si todas las diócesis participaran plenamente en la solicitud adoptada por la Convención General en 2014, se dispondrían de casi $7,4 millones más para el ministerio denominacional. El pago de la plena solicitud diocesana no se exige canónicamente y no hay penas para los que no paguen el porcentaje completo.

“No oí a nadie abogar por mantener la solicitud del 19 por ciento”, dijo Lloyd reflexionando sobre la audiencia de ingresos durante una reunión del comité en las primeras horas de la mañana del 27 de junio. “De manera que yo creo que podemos sacar de esa audiencia respaldo para algún tipo de reducción en la solicitud”.

Ella más tarde le dijo a ENS que “habrá todavía que tomar alguna decisión respecto a cuán lejos y cuán pronto”.

Lane le dijo al comité el 27 de junio que “mi propio percepción es que la reducción (propuesta por el Consejo) es realmente el marco para el aumento y que a través de la Iglesia existe un consenso para hacer eso”.

“La otra pieza que es fundamental para la vida de esta Iglesia es la plena participación y eso no está ocurriendo”, afirmó él. Lo prescrito, los tres años, es el tiempo para que las diócesis grandes y pequeñas se conviertan en participantes plenos”.

Scott Barker, obispo de Nebraska, advirtió que tres años puede ser tiempo suficiente para que las diócesis aumenten sus contribuciones hasta el nivel del 15 por ciento, pero “es un método demasiado largo” para diócesis como la suya de aliviarse de contribuir con la totalidad del 19 por ciento de la solicitud.

La convención encara propuestas para reducir las tasaciones a menos del 15 por ciento y hacer la tasación obligatoria. Las resoluciones presentadas hasta la fecha sobre esos asuntos se encuentran aquí. La cuestión de cambiar la solicitud de una respuesta voluntaria a un pago obligatorio no está dentro del alcance del PB&F.

El ingreso total en el anteproyecto presupuestario del Consejo es de $120.470.577 y los gastos proyectados ascienden a $130.468.248. Además de los pagos diocesanos, el lado de los réditos incluye ingresos de otras fuentes, tales como $28,2 millones del pago de activos irrestrictos de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera, casi $10 millones en ingresos por concepto de alquileres de espacios en el Centro Denominacional de la Iglesia Episcopal, $2,1 millones de un programa de cobro de préstamos a refugiados del Ministerio Episcopal de Migración, $2 millones a ser recaudados por la oficina de desarrollo y $1.200.000 en ingresos provenientes de la Convención General, junto con otras fuentes pequeñas.

El PB&F celebrará su audiencia de gastos a las 7:30 P.M., hora local, del 27 de junio en el Gran Salón A,B,C. del Hilton Hilton Salt Lake City Center.

El PB&F usará los comentarios que reciba, así como el anteproyecto presupuestario del Consejo y cualquier legislación aprobada por la Convención General o sometida a su consideración para crear una propuesta presupuestaria final. Ese presupuesto deberá presentarse en una sesión conjunta de la Cámara de Obispos y de la Cámara de Diputados a más tardar el tercer día antes de la fecha en que concluya la Convención. Según el calendario provisional de la Convención, esa presentación tendrá lugar a las 2:15 P.M., hora local, del 1 de julio.

– La Rda. Mary Frances Schjonberg es redactora y reportera de Episcopal News Service. Traducción de Vicente Echerri.