[Episcopal News Service] Paz, justicia y seguridad en Tierra Santa son el foco de siete resoluciones que se han sometido a la consideración de la Convención General, y que van desde llamados a mayores inversiones en asociaciones del Oriente Medio hasta ejercer mayor presión económica mediante boicots o desinversiones en compañías y corporaciones dedicadas a ciertos negocios con el Estado de Israel.

Las relaciones interreligiosas de la Iglesia Episcopal y sus asociaciones con la Diócesis Episcopal de Jerusalén y sus instituciones de servicios sociales hace mucho que han sido un factor importante a la hora de tomar decisiones políticas sobre la pacificación en el Oriente Medio.

Estas consideraciones condujeron a la Convención General de 2012 a aprobar la Resolución B019, que afirma la inversión positiva “como un medio necesario de crear una economía sólida y una infraestructura sostenible” en los Territorios Palestinos.

Avanzando a partir de la B019, el obispo Prince Singh de la Diócesis de Rochester, copresidente del comité legislativo sobre justicia social y política internacional de la Convención General que abordará las resoluciones, le dijo a Episcopal News Service que él espera que “las deliberaciones sobre paz y seguridad en Tierra Santa serán seriamente discutidas por los diputados y los obispos para diferenciar sobre el terreno a los palestinos, israelíes y otros ciudadanos comunes que viven allí, y que en general se abstendrán de apuntarse tantos políticos”.

Singh fue parte de una peregrinación interreligiosa, dirigida por la obispa primada Katharine Jefferts Schori, que viajó a Tierra Santa en enero para oír una amplia gama de perspectivas sobre los intereses del Oriente Medio y discernir cómo las tres fes abrahámicas podrían ser mejores agentes de la pacificación.

La delegación de 15 miembros integrada por judíos, cristianos y musulmanes se reunió con agrupaciones [que llevan a cabo] iniciativas de paz en la base y participó en una serie de reuniones políticas y religiosas de alto nivel en Israel y los Territorios Palestinos, incluidos los encuentros con el ex primer ministro israelí Shimon Peres y el actual primer ministro palestino Rami Hamdallah.

Si bien el grupo escuchó profundas preocupaciones, frustraciones y fuertes sentimientos de desconfianza en medio de un proceso de paz paralizado, sus miembros convinieron en que una solución pacífica del conflicto israelí-palestino exige personas de fe que sean asociados eficaces, comprometidos a oír múltiples narrativas y a invertir en iniciativas que busquen edificar una comunidad.

Recomendada por la Resolución B019, la peregrinación “demuestra ser un patrón icónico y dinámico para interactuar cara a cara con personas de varias creencias a partir de un profundo deseo de escuchar y de buscar la justicia con la paz para nuestra común transformación”, dijo Singh a ENS.

El obispo Nicholas Knisely de la Diócesis de Rhode Island, el proponente de dos resoluciones secundadas por otros 10 obispos, dijo que la Iglesia Episcopal debe “ser un agente de reconciliación en el mundo” y que la desinversión no forma parte del mandato del evangelio.

La Resolución B012 llama a la Iglesia Episcopal a buscar “formas nuevas, creativas y efectivas de progresar en su labor hacia la paz y la justicia en el conflicto israelí-palestino, respalda un modelo de justicia restauradora que invita a todas las personas afectadas por el conflicto a laborar hacia una justa relación mutua mediante la identificación y la atención de las necesidades de todas las comunidades afectadas y, a su vez, la creación de una atmósfera de paz, justicia, reconciliación y cooperación”.

 La Resolución B013 insta al gobierno de Estados Unidos —en coordinación con sus aliados globales— “a ofrecer un nuevo marco operativo amplio y limitado en el tiempo al gobierno de Israel y a la Autoridad Palestina para la negociación concluyente de un acuerdo de paz de dos estados y la resolución de todos los problemas del estatus final… reconociendo que simples llamados a las partes a regresar a la mesa de negociaciones ya no son suficientes para la urgencia de la situación”.

“Se nos pide que seamos misioneros”, dijo Knisely, “de manera que romper relaciones con las personas no parece que responda a los valores del evangelio. Ayudar a las víctimas, pero manteniendo la relación con esas personas con quienes uno está en desacuerdo y llamar al arrepentimiento en tanto uno se sienta a su mesa y comparte una comida con ellas, ese es el modelo del evangelio”.

Los otros obispos que secundaron la resolución presentada por Knisely son: Sean Rowe de las diócesis de Pensilvania Noroccidental y Bethlehem; John Tarrant de Dakota del Sur; el vicepresidente de la Cámara de Obispos Dean Wolfe de Kansas; Jon Bruno, Diane Bruce y Mary Glasspool de Los Ángeles; Greg Rickel de Olympia; Barry Beisner de California Norte; James Magness de los Servicios Armados y Ministerios Federales, y Peter Eaton Florida Sudoriental (o del Sudeste).

El Rdo. canónigo John E. Kitagawa, diputado de la Diócesis de Arizona, ha sido miembro de la Comisión Permanente sobre Asuntos de Paz con Justicia Anglicanos e Internacionales, uno de los organismos interinos de la Iglesia que somete la Resolución A052 a la consideración de la Convención General.

La A052 pide un “proceso deliberado de Ubuntu” y un “discernimiento mutuo pacífico” respecto a las políticas de la Iglesia Episcopal “hacia la defensa social, la inversión o desinversión económicas, la misión humanitaria y la pacificación en Palestina e Israel”.

Ubuntu es una palabra zulú/xhosa que describe la identidad humana como formada a través de una comunidad y que conlleva la idea de cuidar, compartir y estar en armonía con toda la creación.

La  resolución sugiere que una agrupación colaboradora debería mediar en el proceso, recoger y diseminar materiales educativos y consultar con una amplia gama de expertos en políticas, organizaciones de ayuda humanitaria y agrupaciones ecuménicas e interreligiosas “para conformar y animar un proceso de diálogo entre aquellos de diferentes convicciones… de manera que la Iglesia Episcopal en sus deliberaciones y en sus empeños de defensa social pueda representar el amor de Dios y la posibilidad de un diálogo civilizado que se sobreponga a los problemas frustrantes y controvertidos de un conflicto global”.

Kitagawa, vicepresidente del comité de política legislativa de la Convención General, cree que la Resolución A052 es el mejor enfoque en este momento de parte de la Iglesia Episcopal sobre el proceso de paz en Israel y Palestina.

La Rda. Vicki Gray, diputada de la Diócesis de California, discrepa.

Como la persona que propone la Resolución C012 de la diócesis, Gray le dijo a ENS que la política de larga data de inversión positiva de la Iglesia Episcopal “ha demostrado ser tristemente inadecuada para abordar la situación en Tierra Santa o expresar una apropiada indignación moral. En presencia de la deteriorada situación sobre el terreno, las posibilidades de una solución de dos estados está desapareciendo rápidamente. Nos enfrentamos ahora con la necesidad de una acción urgente y enérgica”.

Gray, que ha visitado Israel y los Territorios Palestinos tres veces, dijo que su respaldo al movimiento que apoya la presión económica mediante boicots, desinversiones y sanciones (BDS) proviene fundamentalmente de lo que ella describe como una “dolorosa experiencia personal”, del encuentro con palestinos cuyas vidas han sido devastadas por la ocupación.

“Sé que algunos llaman a la C012 unilateral”, dijo Gray. “Lo es – porque la situación que aborda es unilateral. Un pueblo – los palestinos – está de rodillas. El otro – los israelíes – le apunta con un fusil a la cabeza. Y nosotros – los norteamericanos – hemos pagado el fusil”.

Gray reiteró que la C012 resuelve rechazar los intentos “de igualar una crítica honesta y legítima de políticas insensatas del gobierno de Israel con antisemitismo”.

“Sé que existe un temor en las altas esferas de la Iglesia de adoptar una resolución BDS que afectaría o le pondría fin al diálogo interreligioso con los que pretenden hablar por los judíos norteamericanos”, dijo. “Sin embargo, debe hacerse la pregunta: ‘¿De qué vamos a hablar?’ Los amigos no le piden a los amigos que cierren los ojos a la injusticia. Los amigos no les piden a sus amigos que ignoren [la voz de] su conciencia como precio para continuar un diálogo. Los amigos no le dictan a los amigos lo que pueden o no pueden hablar. Y los amigos no actúan como facilitadores de la mala conducta de sus amigos. Actuemos como nos dicta nuestra conciencia, confrontemos la injusticia y mantengamos abierto nuestro deseo de un diálogo honesto y sincero. Eso es lo que hacen los amigos”.

Desde 2012, el mundo ha observado el colapso de las conversaciones de paz mediadas por el secretario de Estado de EE.UU. John Kerry; una guerra devastadora entre Israel y el movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza cobró más de 2000 vidas, la mayoría de ellas de civiles palestinos; un aumento de los ataques terroristas; la continua construcción de asentamientos israelíes en territorio palestino y una serie de acciones y declaraciones divisivas de los líderes israelíes y palestinos.

En respuesta a estos hechos, un pequeño grupo de diputados creó recientemente el Comité Episcopal pro Justicia en Israel y Palestina, que redactó la Resolución D016 que le pide a la Iglesia Episcopal que comience un proceso de desinversión en compañías que continúan lucrando de la ocupación israelí de tierras palestinas.

Propuesta por el Muy Rdo. Walter Brownridge, diputado de la Diócesis de Hawái, la D016 le pide al Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal que compile una lista de corporaciones estadounidenses y extranjeras que proporcionan bienes y servicios que apoyan la infraestructura de la ocupación de Israel y determine si alguna de esas compañías es parte de la carpeta de inversiones de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera. Por tanto, la Resolución sugiere que la Iglesia Episcopal debería retirar sus inversiones de tales compañías si esas empresas, siguiendo un compromiso corporativo, no se retiran de las operaciones antemencionadas.

Brownridge, en un correo electrónico a Episcopal News Service, enfatizó que la resolución no pide “una desinversión total o general, ni boicot o sanciones”. Más bien, afirmó, “estamos diciendo que como asunto de responsabilidad social corporativa, la Iglesia Episcopal no debería invertir en compañías que sirven a la infraestructura de la ocupación ilegal del territorio palestino”.

Además de California, las diócesis de Hawái y Washington, D.C. también han presentado resoluciones a la consideración de la Convención General.

La Resolución C003 de la Diócesis Hawái, donde Brownridge es deán de la catedral de San Andrés [St. Andrew] en Honolulu, pide también un proceso de desinversión selectiva y una “política de no comprar” a compañías que puedan estar sosteniendo la infraestructura de la ocupación, entre ellas Caterpillar, Hewlett Packard, G4S y Motorola Solutions.

T. Dennis Sullivan, presidente del Comité de Inversiones del Consejo Ejecutivo, dijo que el comité había discutido estos temas y había pedido por unanimidad que cualesquier resoluciones que pidieran desinversión debería “ser rechazada o no procesada hasta que las consecuencias económicas y sociales de tal desinversión fuesen completamente evaluadas”.

Knisely dijo que un inconveniente significativo de la desinversión es que “nos causaría perder nuestra voz en las juntas de accionistas, y reduciría significativamente nuestra capacidad de hablar a ambas partes en este conflicto. Yo en verdad me siento atraído por la idea de la inversión estratégica.

“Al viajar por Cisjordania y hablar con los líderes palestinos, ellos también piden inversiones en la construcción para el pueblo palestino… El uso de recursos económicos de una manera inteligente y constructiva parece muchísimo más atractivo”.

Muchas diócesis e individuos de la Iglesia Episcopal tienen asociaciones de muchos años con la diócesis de Jerusalén y apoyan el ministerio de sus más de 30 instituciones de servicio social a través de Israel, Jordania, Líbano, Siria y los Territorios Palestinos. Las instituciones incluyen escuelas, hospitales, clínicas y centros para personas con discapacidades.

La diócesis y las instituciones también reciben el apoyo de los Amigos Americanos de la Diócesis Episcopal de Jerusalén, una organización no política y sin fines de lucro fundada en 1985.

El arzobispo Suheil Dawani de la Diócesis Episcopal de Jerusalén, ha dicho que prefiere oír hablar de inversiones que de desinversiones.

En respuesta a tales solicitudes de asociados de la Iglesia Episcopal en Tierra Santa, así como a la Resolución B019, la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera invirtió $500.000 en 2013 en el Banco de Palestina con el fin de [promover] el desarrollo económico en los Territorios Palestinos. El Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal ha respaldado la expansión de esa inversión.

Los partidarios del BDS han comparado la situación en Israel y los Territorios Palestinos a la del apartheid de Sudáfrica, reconociendo que la desinversión y las sanciones económicas tuvieron éxito en derrocar ese régimen.

Sin embargo, un informe del comité de Responsabilidad Social e Inversiones de la Iglesia Episcopal hacía notar en 2005 que la situación de Israel y los Territorios Palestinos no es la misma que la lucha contra el apartheid en Sudáfrica.

“En el caso de Sudáfrica, el completo sistema del apartheid era ilegítimo, y la comunidad mundial no podía consentir en nada menos que su desmantelamiento. El objetivo era el fin de ese régimen sudafricano”, dice ese informe. “El caso de Israel es diferente. Las políticas de la Iglesia claramente apoyan el derecho de Israel a existir, y ninguna compañía debe participar, no obstante inadvertidamente, en actos de violencia contra los israelíes. Las compañías pueden y deben funcionar adecuadamente en Israel”.

Con excepción de la situación de Sudáfrica, donde el régimen del apartheid era visto globalmente como un paria, Knisely dijo que utilizar el dinero como un arma ha sido rara vez una estrategia efectiva.

Él citó ejemplos de corporaciones que han respondido positivamente a compromisos de inversores y accionistas, tales como las iniciativas medioambientales de Apple en respuesta a los retos de Greenpeace. “Esas corporaciones no boicotearon el producto, sino que participaron de la conversación”.

Las desinversiones en el carbón tampoco están funcionando, explicó él. “Los movimientos medioambientales convienen en que necesitan relacionarse con las compañías” para efectuar cambios en políticas y hábitos.

“Debo abordar toda esta cosa con profunda humildad y apertura para todas las voces”, dijo Knisely, “y en la medida en que he escuchado las voces me he convencido cada vez más que todo lo que ocurra en una situación tensa tiene que ser muy prudente y cuidadoso”.

Brownridge dijo que él entiende, a partir de sus contactos con la comunidad cristiana palestina, que ellos favorecen la inversión positiva en la economía palestina y en su infraestructura de servicio social.

“Yo apoyo y abogo por esa inversión en escuelas, hospitales, servicios de bienestar social y en compañías que levantarán la comunidad palestina”, añadió. Sin embargo, “debo preguntarles a los que se oponen a nuestra resolución, qué hay de ‘positivo’ en invertir en compañías que destruyen hogares palestinos, que espían al pueblo palestino y que de otro modo mantienen la maquinaria que permite la ocupación ilegal del territorio palestino. Esas acciones tienen un impacto negativo en el pueblo palestino y en las posibilidades de una paz justa y duradera tanto para israelíes como para palestinos”.

La Resolución C018 de la Diócesis de Washington pide el continuo apoyo a la Diócesis de Jerusalén y sus instituciones, especialmente el hospital Al Ahli Arab en la Ciudad de Gaza, que fue seriamente dañado por la guerra de Gaza de 2014.

Si bien la resolución pide un informe completo y público que “documente todas las acciones, incluidos los diálogos empresariales y las resoluciones de [las juntas de] accionistas… respecto a las compañías que contribuyen a la infraestructura de la continua ocupación de Israel de Cisjordania y la Franja de Gaza y de las compañías que tienen conexiones con organizaciones responsables de la violencia contra Israel”,  no llega a pedir la desinversión. Sugiere más bien que la Iglesia Episcopal “debe contribuir a una solución justa y pacífica a la continua crisis en Tierra Santa a través de medidas responsables e informadas”.

A partir de su experiencia en la peregrinación interreligiosa, Kitagawa dijo que resultaba claro que la transformación ocurre en un nivel muy personal, mediante el contacto de persona a persona, y que la mejor oportunidad para una paz y seguridad duraderas puede encontrarse en las iniciativas de base que buscan combatir el temor y crear la confianza entre israelíes y palestinos a través del diálogo y de un proceso de reconciliación.

Entre esas iniciativas de base está el Programa de Negociación Shades  y Raíces [Roots] que reúnen a israelíes y palestinos para que escuchen y aprendan de sus mutuas narrativas, y para construir una sociedad pacífica en la cual todo el mundo pueda prosperar.

Aunque las negociaciones entre los líderes israelíes y palestinos se han atascado, Kitagawa reconoció que si la gente en el terreno no está preparada para la paz cuando ésta llegue, será difícil de que algún acuerdo diplomático tenga éxito.

“El poder de Dios de tocar y transformar una vida no se quedó en el pasado. Como comunidad bautizada y bautizante, somos llamados a ser vehículos del poder de Dios para tocar y transformar la vida”, afirmó. “Contra toda esperanza, muchos individuos y grupos trabajan diaria y arduamente hacia la paz con justicia y seguridad mutuas. Muchas veces oímos hablar de las pocas oportunidades que existen para un contacto creativo entre israelíes y palestinos. Ahora es el momento de alentar y apoyar los contactos entre personas, y las formas creativas de reunir a los hijos de Abraham.”

— Matthew Davies es redactor y reportero de Episcopal News Service. Traducción de Vicente Echerri