CARTA ABIERTA a Ban Ki-moon, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas

Posted Jan 20, 2015

“…algunas cosas no funcionaron bien porque el gobierno y el FMLN no cumplieron totalmente los compromisos que asumieron en los acuerdos de paz…”[i]. Marrack Goulding, ex supervisor de la ONU para los Acuerdos de Paz. Enero del 2007

Ha sido anunciado que su próxima visita tiene el significado de que “… El Salvador también es visto en el escenario internacional como un país que es único, en el que los procesos de paz han dado paso a la construcción de una nueva sociedad democrática[ii], afirmación que si bien plantea un respaldo al proceso de pacificación salvadoreño, demanda tanto para los salvadoreños como para la comunidad internacional plantearse el alcance real de dicho proceso 23 años después de su principal logro, la finalización del conflicto armado con la firma de los Acuerdos de Paz.

Entre los años de 1990 al 2013,  al menos 73 mil personas han sido asesinadas en El Salvador, una cifra cercana al número de 75 mil muertes registrada durante el conflicto armado transcurrido entre 1980 a 1992[iii].  La violencia letal ha sido un desafío constante a lo largo de la etapa de posguerra. Después de más  de dos décadas, la ausencia de un enfrentamiento armado no ha representado para el salvadoreño común vivir en paz.

El informe 2013 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que en El Salvador las muertes violentas suman 41.2 por cada 100,000 habitantes, lo que convierte al país en el cuarto más peligroso del mundo. Asimismo, diferentes encuestas coinciden en plantear que  la inseguridad y el desempleo son los que mayor problema representan para la población.  Una encuesta realizada por la empresa  JBS-Opinión Pública reflejó que el 86 % de la población encuestada dijo que la inseguridad –  delincuencia y pandillas- les genera zozobra a diario. Otra encuesta realizada por el matutino “La Prensa Gráfica” en septiembre 2014 reportó que un 43% de los salvadoreños encuestados manifestaron su deseo de abandonar el país por el actual clima de inseguridad[iv].

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), identifica que luego de los conflictos armados de los 70 y 80, y de una reducción de refugiados y asilados en los países de Centroamérica, a partir de 2009, se presenta un incremento en los países del Triángulo Norte. A finales de 2013, había más de 18,500 personas refugiadas provenientes de estos países  Conforme ACNUR, esta tendencia se acentúa con el incremento de solicitudes de asilo, que pasó de 6,900 en 2009 a cerca de 15,700 en 2013.

Estudios sobre las “necesidades de protección de personas retornadas” muestran que una parte de las personas deportadas que llegan a El Salvador (5,2 -5,6% del total de deportados), migraron por motivos de inseguridad o amenazas[v]. Sin embargo, sólo una pequeña proporción de las personas necesitadas de protección, es reconocida como refugiada o se beneficia de alguna forma de protección complementaria. En El Salvador, sobre la base de una muestra representativa de 1,268 personas, 2,1% de las personas entrevistadas declararon que cambiaron su lugar de vivienda debido a amenazas. Un tercio de estas personas cambiaron 2 o más veces en el transcurso de un año[vi].

Ante la magnitud y la complejidad de esta nueva  dinámica de desplazamiento, la respuesta institucional es poco efectiva y la capacidad de protección es limitada. Específicamente en El Salvador, los mecanismos de protección de víctimas de la violencia son insuficientes y la figura del desplazamiento interno no se reconoce como un fenómeno grave ni aparece en el diseño de políticas públicas ni marcos normativos. Aunque si existe a nivel  alguna normativa penal relacionada a protección de víctimas, no hay una mención específica para la protección de las personas desplazadas víctimas de la violencia. En un posicionamiento divulgado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se plantea que “…las acciones de las instituciones del Estado dirigidas a la protección y asistencia de las víctimas de la violencia sean, en el presente período, tan precarias e insuficientes como en el pasado…”[vii].

Partiendo de esta situación Sr. Secretario General, es importante que en el marco de su visita a El Salvador y en las reuniones programadas en su agenda con diferentes autoridades estatales, pudiese ser abordada esta grave problemática. Por parte de las organizaciones e instituciones que integran y participan en la  Mesa Permanente para la Protección de Personas Forzosamente Desplazadas por la violencia social y el Crimen Organizado en El Salvador, es apremiante el desarrollo de los siguientes puntos,  tanto en  el seno del recién conformado Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y sus mesas específicas como al nivel más amplio posible de las instancias estatales:

  • Reconocer la existencia y actual gravedad del fenómeno del desplazamiento forzado interno de víctimas de violencia social y crimen organizado en El Salvador.
  • Iniciar acciones concretas e inmediatas para el abordaje de este fenómeno de manera participativa e institucionalizada a fin de incluirlo en el diseño de políticas públicas, programas y proyectos estales focalizados en la atención especializada y protección a víctimas.
  • Creación y ejecución de programas específicos para la atención y protección de víctimas desplazadas por violencia social y bajo condiciones de riesgo por amenazas  del crimen organizado en El Salvador.
  • El Salvador requiere de estructuras económicas y sociales garantes de mayores niveles de equidad y transparencia, mayor participación ciudadana, un tejido social fuerte y mucha más movilidad social. Estos elementos no fueron componentes de los Acuerdos de Paz cuya firma se conmemora este 16 de enero, razón por la cual es urgente profundizar en acciones concretas focalizadas en las raíces de la violencia y no solo en sus causas a fin de garantizar un integral proceso de pacificación nacional.

San Salvador, miércoles 14 de enero 2015

Celia Medrano,
Directora de Programas
Fundación Cristosal

Abraham Abrego
Director
Fundación para el Estudio y Aplicación de Derecho (FESPAD)

Iliana Ramírez
Directora Ejecutiva
Coordinadora Nacional de la Mujer Salvadoreña (CONAMUS)


[i] Entrevista realizada por Periódico Digital “El Faro” en el mes de enero 2007.

[ii] Presidente Salvador Sánchez Cerén en el programa radial “Gobernando con la gente” correspondiente al pasado sábado 09 de enero 2014.

[iii]  Instituto Universitario de Opinión Publica  (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas”  (UCA) / septiembre 2014.

[iv] Diario Digital “Contrapunto”, julio 2013.

[v] (Gaborit, UCA – OIM, Diagnóstico sobre Caracterización de la Población Salvadoreña Retornada con Necesidades de Protección, Informe Preliminar (2014).

[vi] (IUDOP, Encuesta de Evaluación del Año 2012, Consulta de Opinión, UCA San salvador, 2012).

[vii] “Posicionamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la situación de Inseguridad en el país y las políticas estatales de seguridad”-  12 de mayo 2014