[Episcopal News Service – San Salvador, El Salvador] La hija de 13 años de Irene desapareció al salir de la escuela el 15 de febrero de 2012, en una municipalidad del noroeste de San Salvador controlada por las pandillas. El cadáver de la niña lo encontraron dos días después; Irene se enteró por un noticiero de la televisión local.

“Estoy muy atemorizada por mis otros hijos, que algo les pueda ocurrir debido a la violencia”, dijo Irene, durante una entrevista con ENS en el Instituto de Derechos Humanos que tiene su sede en la Universidad Centroamericana en San Salvador.

Ella tiene dos hijos de 10 y 13 años; uno desapareció brevemente y no habla del tema.

Aunque Irene —éste no es su verdadero nombre— le gustaría ver procesados a los asesinos de su hija, la investigación que lleva a cabo el Estado, la cual incluye el secuestro y el asesinato semejante de otras cuatro niñas, significa que ella y su familia viven en constante temor de represalias. Independientemente de si prosigue la investigación, explica Karla Salas, abogada de derechos humanos, los miembros de la pandilla asociados con los asesinos la amenazan y la hostigan a ella y a su familia. No cuentan con ninguna protección.

“Cuando el Estado se muestra negligente en el manejo de estos casos, la gente acude aquí”, agregó Salas.

Dos de las pandillas más violentas de Centroamérica, la Mara Salvatrucha y Barrio 18, controlan y batallan por territorio en El Salvador, sobre todo en comunidades pobres y marginales donde la violencia, el asesinato, la violación, la extorsión y las amenazas permean la vida diaria de los vecinos, incluidos los niños. Es esta realidad la que en parte ha conducido a la crisis humanitaria que actualmente tiene lugar a lo largo de la frontera de EE.UU. y México, donde más de 44.000 menores no acompañados de El Salvador, Honduras y Guatemala —los otros dos países del Triángulo Norte [de América Central] con problemas de pandillerismo— han sido detenidos en el cruce de la frontera.

“El problema de los menores no acompañados es sólo un elemento de un problema de inmigración más amplio. No es nuevo, es algo que se ha estado desarrollando a lo largo de dos o tres años, pero ahora es que ha cobrado notoriedad en la prensa”, dijo Noah Bullock, director ejecutivo de la Fundación Cristosal, una organización para el desarrollo comunitario basada en los derechos humanos que se arraiga en las iglesias anglicana y episcopal que funcionan en El Salvador.

“Cuando miramos a la inmigración en Estados Unidos tendemos a verlo como un gran bloque, y lo entendemos como [el fenómeno] de personas que buscan trabajo y una vida mejor. Pero no nos fijamos en las personas que escapan de conflictos muy serios y de amenazas de violencia, y esos casos sacan a relucir problemas de protección”, afirmó.

En Colombia, décadas de guerra civil y de violencia asociada con el crimen organizado han desplazado internamente a cinco millones de personas y cerca de 400.000 responden a los criterios para el reconocimiento de la condición de refugiado. La violencia de las pandillas y el crimen organizado han conducido al desplazamiento interno y externo de centroamericanos, aunque debido a la falta de una guerra declarada y de la naturaleza criminal del conflicto, el fenómeno no ha sido formalmente abordado desde la perspectiva de las violaciones de los derechos humanos y de la protección internacional, y los tradicionales procedimientos de asilo resultan difíciles de aplicar.

A diferencia de Colombia, donde el desplazamiento interno y externo ha sido bien documentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otros organismos no gubernamentales, el desplazamiento se estudia menos en Centroamérica.

“Es un fenómeno menos visible, menos documentado en El Salvador, no existe realmente una estrategia nacional para abordarlo”, dijo Bullock.

En efecto, los perfiles nacionales del ACNUR para El Salvador, Guatemala y Honduras juntos no incluyen ni un solo desplazado interno.

La Fundación Cristosal cobró consciencia por primera vez de las personas desplazadas por la violencia cuando, junto con la Iglesia Anglicana-Episcopal de El Salvador, supervisó el programa de reasentamiento de refugiados del ACNUR.

“El año pasado conseguimos más de 150 personas que eran salvadoreños y que buscaban asilo fuera del país, de manera que lo que vemos en los niños debería de verse como parte de un patrón histórico de desplazamiento que ha estado sucediendo durante mucho tiempo”, dijo Bullock en una entrevista con ENS en su oficina de San Salvador.

Tanto el desplazamiento interno como externo, añadió Bullock, tienen causas comunes: falta de bienestar en las comunidades salvadoreñas, violencia generalizada e incapacidad del Estado de salvaguardar las vidas de las personas e imponer el imperio de la ley mediante el procesamiento de las organizaciones delictivas.

“Todas esas cosas, la incapacidad de proteger a los testigos, la incapacidad de mantener escuelas y zonas seguras donde los niños tienen su esparcimiento… esas son áreas que han sido terreno de reclutamiento de las pandillas y donde fundamentalmente se hacen las amenazas”, explicó Bullock. “Son una causa común del desplazamiento interno y externo”.

El ACNUR, en su informe sobre las necesidades de reasentamiento previstas para 2014 a nivel global, calculaba que habría 691.000 refugiados, sin tomar en cuenta el flujo de refugiados de Siria. En 2012, hubo 86.000 espacios disponibles.

En el Día Mundial de los Refugiados en junio se informó que el número de refugiados en todo el mundo había sobrepasado los 50 millones por primera vez desde la primera guerra mundial.

En 2014 se cumple el 30º. aniversario de la Declaración de Cartagena, la cual enmendaba la definición de 1951 y la de 1967 de lo que significa ser un refugiado para incluir a “personas que han huido de su país porque sus vidas, su seguridad o su libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado seriamente el orden público”.

Los países de América Central y México adoptaron el protocolo, que no fue reconocido por Estados Unidos, en un momento en que tanto Guatemala como El Salvador estaban librando guerras civiles y cuando los rebeldes contras luchaban contra el gobierno sandinista en Nicaragua.

“En Centroamérica hubo desde fines de los años 60, y a través de los 70, los 80 y los 90 sus buenas tres décadas ininterrumpidas de guerra. Y luego las guerras terminaron y no hubo una resolución muy efectiva de algunas de esas causas estructurales; después hay otras dos décadas de conflicto social que no tienen un nombre como un conflicto armado tradicional, pero que producen muertes en la misma escala”, añadió Bullock. “De manera que, esencialmente, en Centroamérica ha habido 50 años de guerra de baja intensidad y en verdad no deberíamos de sorprendernos que tengamos una crisis de refugiados en Estados Unidos”.

“Nunca nos atrevimos a usar la palabra ‘refugiado’; antes eran inmigrantes, eran ilegales… y ahora porque son niños estamos más dispuestos a ver a los centroamericanos que llegan a nuestras fronteras como algo más”, dijo Bullock. “Tres semanas de crisis humanitaria y de refugiados, cinco décadas de conflicto”.

En una declaración del 10 de julio en que abordaba la crisis de la frontera, la obispa primada Katharine Jefferts Schori instó a los episcopales a dirigirse a sus legisladores y pedirles que apoyaran una “respuesta humanitaria adecuada a la crisis”.

Entre tanto, la Fundación Cristosal trabaja con organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, entre ellos el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, para formular un análisis más abarcador del desplazamiento interno y externo, así como una propuesta que aborde ambos fenómenos, según Bullock.

“Lo que estamos tratando de hacer ahora con nuestro programa es responder a esas necesidades, pero no hay respuestas perfectas porque las causas son muy estructurales y profundas”, apuntó. “Tienes que ser capaz de intentarlo y ayudar a alguien en una crisis humanitaria inmediata, pero también tratar de empeñarte en resolver algunos de los problemas estructurales que están creando las crisis humanitarias”, afirmó.

En la edición del 13 de julio de La prensa, uno de los dos principales diarios de El Salvador, los titulares de primera página iban desde la Copa Mundial a los 375.000 casos de inmigración bloqueados en los tribunales de EE.UU., así como el homicidio de dos adolescentes. En el cuerpo del periódico había una noticia sobre una muchacha violada por su tío en su viaje al norte, un artículo que se proponía la disuasión de emprender viajes semejantes. A principios de semana, había artículos centrados en tratar de disuadir a las familias de que enviaran a sus hijos al norte.

“Esto es algo que la Casa Blanca señala”, dijo Bullock. “Los tratantes de personas y la información que les dan a las familias parecen motivarlas a enviar a sus hijos; creen que les va mejor corriendo el riesgo en base a la información que el coyote les da…  queremos que las personas cuenten con otros medios de obtener información que sea un poco más objetiva que las que le daría un tratante de personas”.

Los abogados de la Fundación Cristosal, explicó él, no intervienen, sin embargo, en la toma de decisiones de vida o muerte con las personas; eso es algo que en último término le compete a un miembro de la familia. Lo que hacen los abogados es tratar de darles a las familias una buena información, de manera que puedan tomar decisiones con conocimiento de causa.

“La Casa Blanca gasta un millón de dólares en publicidad para disuadir a las familias de enviar a sus hijos”, añadió Bullock. “Pero eso no es más que otra forma de propaganda; a lo que las personas responden es al auténtico consejo objetivo de organizaciones como Cristosal”.

La Universidad Centroamericana fundó el Instituto de Derechos Humanos en 1986 en respuesta al número abrumador de violaciones de derechos humanos cometidos durante la guerra civil de 12 años en El Salvador, en la cual asesinaron a 75,000 personas. En ese tiempo el instituto hizo hincapié en la inmigración debido al gran número de personas que huían del país para escapar del conflicto armado, dijo Salas, el abogado de derechos humanos que representa a Irene, en una entrevista en su oficina de la universidad.

Irene se despierta a las 3:00 A.M. todas las mañanas y se dirige a su puesto de venta de comida. Para las 2:00 P.M. ya está de vuelta a su casa de donde no vuelve a salir. Sus hijos van a la escuela y vuelven, y nada más. La familia, incluida la madre de Irene, vive con $6 diarios, dijo ella.

El ACNUR no cuenta con una oficina dentro del país para los que buscan asilo. Irene y su familia deben hacer su petición de asilo fuera de El Salvador. Salas dijo que ella y otros trabajan con una agencia catolicorromana en Europa —la Universidad Centroamericana es católica— que ha convenido en ayudar a la familia con su petición, pero ellos deben cubrir por sí mismos los gastos de viaje.

En el ínterin, la familia vive con miedo y sigue recibiendo amenazas de los miembros de la pandilla que indagan con sorna cómo marcha la investigación. Incluso si el Estado le ofreciera protección a testigos o confidentes, no podría garantizar su seguridad, dijo Salas.

“La pondrían con la misma gente que mató a su hija”, recalcó ella.

– Lynette Wilson es redactora y reportera de Episcopal News Service. 

Traducción de Vicente Echerri