Soacha es hogar de más de 45.000 personas internamente desplazadas. LA Diócesis Episcopal de Colombia tiene una iglesia en Soacha que proporciona espacio y ayuda a una cooperativa de mujeres. Foto: Lynette Wilson /ENS

[Episcopal News Service  – Bogotá, Colombia] Semanalmente de dos a tres familias que buscan refugio llegan al Barrio Los Libertadores, una comunidad de bajos ingresos en las afueras de la capital de Colombia, Bogotá.

“Algunas personas tienen que huir de sus hogares y sus tierras por temor a sus vidas”, dijo el Rdo. José Antonio Romero, refiriéndose a las personas internamente desplazadas que buscan refugio en su iglesia “Ellos tenían granjas, negocios, pero a causa de la guerra, ellos se van sin nada”.

Las familiar llegan a la estación de autobuses en Los Libertadores,  de todas partes de Colombia, un país con casi el doble del tamaño de Texas con una geografía agreste de montañas, selva y llanuras tropicales. Ellos encuentran Divino Salvador mediante personas que les avisan sobre esta.

La Misión de Divino Salvador en el Barrio Los Libertadores, una comunidad de bajos ingresos en las afueras de la capital de Colombia,  Bogotá, dirige un refugio para desplazados internos [IDPs]. Foto: Lynette Wilson /ENS

La Misión de Divino Salvador en el Barrio Los Libertadores, una comunidad de bajos ingresos en las afueras de la capital de Colombia, Bogotá, dirige un refugio para desplazados internos [IDPs]. Foto: Lynette Wilson /ENS

Para las familias que vienen a la ciudad en busca de seguridad y empleo, la iglesia les proporciona vivienda temporal, alimentos, medicina y ropas con el apoyo financiero que Romero recauda mediante amigos, mientras las familias aplican para obtener ayuda del gobierno.

El Rdo. José Antonio Romero explica que semanalmente dos o tres familias llegan buscando refugio en Divino Salvador. Foto: Lynette Wilson /ENS

Aún para esas familias el gobierno determina que tienen demandas legítimas de desplazamiento– y las cuales reciben compensación a veces por terreno, otras veces por vivienda – los 4.7 millones de personas desplazadas en Colombia tienen aún dificultades para encontrar empleo, seguridad y a menudo son el blanco de discriminación. Más de medio millón de personas se han convertido en  refugiados.

Desde mediados de la década de 1960, las fuerzas del gobierno, las guerrillas de la izquierda y paramilitares de la derecha han estado peleando una Guerra civil enraizada en la desigualdad que ha asesinado a más de 200,000 colombianos.  El gobierno Colombiano y el grupo guerrillero más grande, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de  Colombia, o FARC, han participado en conversaciones sobre la paz en la Habana, Cuba, desde el 2012. Se especula que en la segunda vuelta electoral presidencial del país del 15 de junio se determinará si continúan o no las conversaciones de paz– se ha llegado a un acuerdo con respecto a tres de los cinco puntos de la agenda –.

La lucha y la violencia asociadas con el crimen organizado, el tráfico de drogas, la distribución de la tierra, y la extracción  de los recursos humanos en los últimos años han afectado de manera desproporcionada a las zonas rurales, donde el 44 por ciento de la población vive en la pobreza. La violencia obliga a las personas que viven en las zonas rurales a buscar seguridad en ciudades.

Situado en un altiplano en los Andes, Bogotá está rodado por estas comunidades informales que son pobladas por personas internamente desplazadas; lugares como San Cristobal donde se encuentra ubicado Los Libertadores, Suba, Ciudad Bolivar, y Soacha, donde la Misión Espíritu Santo proporciona espacio para la Mesa de Organizaciones de Mujeres de Soacha, una cooperativa sobre los derechos de las mujeres y apoderamiento, apoyado por la Organización Mundial de la Salud.

Soacha, una zona industrial de clase trabajadora  40 minutos al sudeste de la capital, y con una población de 490,000, es hogar de más de 45.000 personas desplazadas.

“Todos los problemas, como el tráfico de drogas, pandillas juveniles se reúnen aquí, dijo el Rdo. Carlos Eduardo Guevara, sacerdote que sirve en la Iglesia Espíritu Santo.

Las personas internamente desplazadas viven en casas construidas en las laderas y son susceptibles a deslizamientos de tierra, como estas en Soacha. Bogotá, la capital de Colombia está rodeada de dichas comunidades informales. Foto: Lynette Wilson /ENS

Además de los peligros de la vida cotidiana en Soacha, donde las madres viven con el temor de que sus hijos sean reclutados por grupos armados y organizaciones criminales, los trabajadores de los derechos humanos y organizadores comunitarios enfrentan otros peligros.

Los abusos contra los derechos humanos y los asesinatos extrajudiciales cometidos por grupos armados, el gobierno y las organizaciones criminales han sido bien documentados en Colombia. Los trabajadores de los derechos humanos, activistas sindicales y líderes de la comunidad y religiosos son con frecuencia el blanco de la violencia.

Participar en el trabajo de los derechos humanos es percibido como estar trabajando en contra del estado, es muy similar a la manera que los grupos armados son vistos, explicó Clemencia Lopez, representante legal de la cooperativa.

Lopez y su familia – ella tiene tres hijo, dos adolescentes y el tercero de 9años de edad– fueron desplazados tres veces, dos a causa del conflicto armado y una vez debido  a la actividad criminal y violencia que ocurrió alrededor de ellos. Una vez hubo tres granadas lanzadas en frente del restaurante que ella y esposo tenían, dijo.

“Estábamos en medio de la confrontación” dijo durante una entrevista en mayo de 2013 en su oficina en el Segundo piso de Misión Espíritu Santo.

Alrededor del tiempo que se produjo el incidente en frente del restaurante, Lopez estaba participando en un taller sobre la mujer y la igualdad en el género; en el 2007 ella participó con la cooperativa de mujeres, la cual ha crecido para incluir a ocho organizaciones.

“[Al comienzo] no sabíamos cómo usar las computadoras”, dijo Lopez, quien termino la escuela secundaria en el 2009 tomando clases nocturnas aceleradas.

En la sociedad en general, las mujeres no suelen recibir apoyo necesario y la capacitación en liderazgo para participar en la política. La cooperativa de mujeres proporciona a las mujeres acceso a talleres sobre derechos humanos, capacitación en liderazgo, educación y habilidades, dijo Lopez.

Además, la sociedad patriarcal de Colombia excluye a las mujeres con mucha frecuencia.

Clemencia Lopez y Fabiola Murcia son miembros de Mesa Organización de Mujeres de Soacha, una cooperativa sobre los derechos de las mujeres y apoderamiento con oficinas en la Iglesia Espíritu Santo. Foto: Lynette Wilson /ENS

En el 2012, el gobierno colombiano aprobó la política sobre igualdad de género y un plan integral contra la violencia. Sin embargo un informe del 2013 por el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Eliminar la Discriminación contra la Mujer encontró “la persistencia de actitudes patriarcas y estereotipos profundamente arraigados en relación con las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad” Aún más, esas actitudes y estereotipos eran responsables de la situación de las mujeres y una desventaja en la vida política  y pública, mercado laboral, prevalencia de la violencia contra las mujeres y la segregación del género, en relación con las oportunidades de educación para las niñas, indicó el informe.

Además de la discriminación que las personas desplazadas enfrentan– que es además otra forma de discriminación de género, raza, económica– el desplazamiento pone una tensión en las familias, con esposos y esposas quienes con frecuencia se culpan unos a otros por su situación, dijo Lopez, agregando que la participación en el trabajo de los derechos humanos puede además causar tensión en las relaciones.

“Las mujeres que participan en los derechos humanos se exponen a un riesgo”, dijo Romero, quien con frecuencia acompaña a las mujeres en marchas y demostraciones.

La cooperativa de mujeres llego a estar ubicada en la Iglesia Espíritu Santo en el 2010, después que amigos de Lopez le presentaron al obispo de la Diócesis of Colombia Francisco Duque. Desde entonces Lopez ha estado participando como líder laico de la diócesis.

Una de las cosas que las mujeres han logrado es una plataforma de política pública para la mujer, incluyendo el derecho de vivir una vida libre de violencia, el acceso a la educación y atención médica, las oportunidades económicas, y el derecho a vacaciones, algo que una vida de desplazamiento y exclusión social no puede solventar.

“Aquí en Soacha ellos han dignificado el papel de la mujer”, dijo  Guevara, a un grupo de visitantes en Mayo del 2013.

– Lynette Wilson es una editora/reportera para Episcopal News Service.