El Salvador: organizaciones de justicia y derechos humanos se muestran inquietas por ataques

Por Lynette Wilson
Posted Nov 20, 2013

[Episcopal News Service] Luego de un ataque el 14 de noviembre a una organización de derechos humanos que ha laborado por encontrar a niños separados de sus familias durante los 12 años de guerra civil en El Salvador y la abrupta clausura en octubre del mayor archivo de crímenes de guerra del país, las organizaciones dedicadas a la justicia social y los derechos humanos temen que esté en marcha una campaña sistemática para eliminar el registro histórico de las violaciones de derechos humanos perpetrados durante la guerra.

“Aunque no tenemos aún toda la información, es difícil no interpretar el cierre de Tutela Legal y el ataque a Pro-Búsqueda como reacciones al progreso de presentar, y en algún momento procesar, casos de abusos de derechos humanos en El Salvador”, dijo Noah Bullock, director ejecutivo de la Fundación Cristosal, una organización de desarrollo comunitario basada en los derechos humanos que comenzó en el centro diocesano de la Iglesia Anglicana-Episcopal de San Salvador, la capital del pequeño país centroamericano.

En las primeras horas de la mañana del 14 de noviembre unos hombres armados entraron en la oficina de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, detuvieron a tres personas, se llevaron computadoras y otros equipos y destruyeron archivos rociándolos de gasolina y prendiéndoles fuego.

El ataque se produjo tres días después de que el Tribunal Supremo escuchara el testimonio de algunos sobrevivientes: niños cuyos padres fueron asesinaos por soldados del gobierno durante una incursión en 1982. Pro-Búsqueda representó a los sobrevivientes ante el tribunal, donde ningún miembro de las fuerzas armadas se personó.

“Lamentamos que continúe este tipo de actividades violentas contra aquellos de nosotros que buscamos justicia en este país. No queremos volver a nuestro pasado en el cual estos sucesos eran lugar común”, dijo Martín Barahona, el obispo de la Iglesia Anglicana-Episcopal de El Salvador en respuesta al ataque. “Obviamente, hay un sector de la sociedad que busca desestabilizar el país por estos medios y aún no sabemos quiénes son”.

En octubre, la Arquidiócesis Católica Romana de San Salvador cerró abruptamente su oficina legal, Tutela Legal, que guardaba una extensa recopilación de pruebas y 50.000 documentos relacionados con abusos a los derechos humanos cometidos durante la guerra civil que asoló al país de 1980 a 1992.

El arzobispo Oscar A. Romero, que estuvo al frente de la Arquidiócesis de San Salvador desde 1977 hasta su asesinato el 24 de marzo de 1980, abrió la oficina legal durante su primer año como arzobispo. Durante su popular transmisión semanal por radio, Romero regularmente leía los nombres de los que habían sido asesinados y torturados, así como de los que estaban “desaparecidos”; muchos salvadoreños vieron su asesinato como el momento decisivo hacia la guerra.

Según cálculos oficiales, unas 75.000 personas resultaron muertas e incontables otras desaparecieron o fueron torturadas durante la guerra, que se libró entre el gobierno de derechas respaldado por EE.UU. y las guerrillas de izquierda.

Tanto el cierre de la oficina legal de la arquidiócesis como el ataque a Pro-Búsqueda tienen lugar cuando el Tribunal Supremo del país revisa la constitucionalidad de la ley de amnistía de 1993, que ha protegido a los perpetradores de abusos contra los derechos humanos cometidos durante la guerra civil de ser procesados por sus delitos. El año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que la ley de amnistía no podía proteger a los responsables de la masacre de El Mozote, donde soldados del gobierno mataron a unas 800 personas, la mitad de ellas niños, en diciembre de 1981.

David Morales, el Defensor de los Derechos Humanos de El Salvador condenó el ataque a Pro-Búsqueda, diciendo que tales agresiones no habían ocurrido desde principios de los años noventa, en la postguerra, según aparece reportado en el periódico virtual El Faro.

“Es preocupante que este tipo de actos resurjan”, dijo Morales. Sin duda, añadió, el ataque tuvo motivaciones políticas y buscaba “intimidar, amedrentar [e] infundir miedo” en una atmósfera de impunidad.

Un punto en la negociación de los Acuerdos de Paz de 1992 fue la formación de una comisión de la verdad para investigar las violaciones de los derechos humanos que habían ocurrido durante la guerra civil. En El Salvador de la postguerra, las organizaciones de derechos humanos y justicia social de base han desempeñado un papel clave en proteger la memoria histórica y sacer a relucir estos casos.

Las organizaciones están exigiendo a la arquidiócesis que le entregue sus archivos a las víctimas, de manera que ellas puedan escoger quien las represente en sus demandas de justicia. También exigen una investigación de los ataques más recientes.

“Desde los Acuerdos de Paz, El Salvador ha estado experimentando con una paz negociada sin justicia”, dijo Bullock. “Ataques como el de la semana pasada contra Pro-Búsqueda indican que los elementos de la sociedad implicados en la perpetración de esos crímenes siguen creyendo que pueden actuar por encima de la ley con impunidad. El incendio de oficinas de derechos humanos no es una conducta conducente a la construcción de una sociedad pacífica y democrática”.

En enero, con antelación a las primarias presidenciales del 2 de febrero, la Fundación Cristosal ofrecerá un curso de una semana a norteamericanos para estudiar el proceso de edificar la paz y la democracia en El Salvador de la postguerra. Los participantes del curso tendrán la oportunidad de hablar con políticos, académicos y líderes comunitarios acerca del estado de la paz y la democracia, y también de servir como observadores en las elecciones.

– Lynette Wilson es redactora y reportera de Episcopal News Service. Traducción de Vicente Echerri.


Tags


You have reached our comment limit of 5. You may resume commenting in 24 hours.