[Episcopal News Service – Washington, D.C.] El cierre del gobierno federal no disuadió a activistas ecuménicos de inmigración de dedicar 12 horas el 7 de octubre a prepararse en la Iglesia Cristiana de la Ciudad Nacional [National City Christian Church] para sus visitas al Congreso programadas para el 8 de octubre.

“El gobierno cerró y nosotros aún estamos haciendo este trabajo”, dijo Jen Smyers, director asociado del Servicio Mundial de Iglesias para la política de inmigración y refugiados, añadiendo que la Cámara de Representantes de EE.UU. se esperaba que añadiera la reforma migratoria a su calendario legislativo de octubre.

“Nosotros si vemos esperanzas. Aún podemos aprobar una reforma migratoria integral”.

Más de 250 promotores ecuménicos de inmigración —entre ellos unos 20 episcopales incluidas la obispa primada Katharine Jefferts Schori y la presidente de la Cámara de Diputados, Rda. Gay Clark Jennings— participan en la Cumbre sobre Reforma Migratoria del Servicio Mundial de Iglesias que tiene lugar en la capital de la nación los días 7 y 8 de octubre para delinear una estrategia que promueva los derechos de los inmigrantes a través de una reforma migratoria y para crear comunidades más acogedoras en solidaridad con los inmigrantes.

“Cuando se apruebe la reforma migratoria se deberá a la importantísima labor de personas como ustedes”, dijo Elizabeth Ferris, codirectora del Proyecto sobre Desplazamiento Interno de Brookings LSD y experta en política exterior, durante la primera sesión plenaria del día.

El Senado de EE.UU. aprobó su proyecto de ley sobre inmigración en junio, y los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron un proyecto de ley la semana pasada semejante al del Senado para ajustar la legislación migratoria de la nación, proyecto en el que potencialmente le ofrecen una posibilidad de obtener la ciudadanía a 11 millones de inmigrantes indocumentados.

“El liderazgo de la Cámara de Representantes insinuó [que podría haber] una semana concentrada en la inmigración” dijo Katie Conway, analista sobre política migratoria y de refugiados de la Iglesia Episcopal, añadiendo que una vez que el gobierno reabra tendrá que enfrentarse como primera prioridad al límite de la deuda pública (si el gobierno no llega a un acuerdo de financiar un aumento del límite de la deuda para el 17 de octubre, Estados Unidos incumplirá con el pago de sus préstamos).

“Aún habrá tiempo en noviembre y diciembre, pero, en lo que al impulso concierne, octubre es un buen mes”, dijo ella, y agregó, que la cumbre demuestra, no obstante, que “estamos creando un movimiento para más allá de octubre, creando equipos por estados y relacionando a personas en las denominaciones y entre las denominaciones”.

El gobierno de EE.UU. está en vísperas de su segunda semana de un cierre parcial que comenzó el 1 de octubre, el fin del año fiscal 2013, cuando las negociaciones en la Cámara de Representantes controlada por los republicanos no lograron romper el punto muerto en la acerba disputa sobre la Ley de la Atención Médica Asequible, dando lugar al primer cierre gubernamental desde 1995-96.

Los asistentes a la cumbre global —que además de episcopales incluían a metodistas, luteranos, bautistas, presbiterianos, representantes de la Iglesia Unida de Cristo, discípulos de Cristo, catolicorromanos y otros— dedicaron el día a una sesión plenaria y a pequeñas sesiones de grupos organizados en torno a la apertura de un diálogo sobre la creación de comunidades más robustas y más acogedoras y a la creación de estrategias para llevar esto a cabo en los estados de los asistentes, así como a la preparación para las visitas con sus representantes federales.

“A través de la amplia red de los asistentes a la cumbre, estamos unidos por nuestro deseo de alcanzar una reforma migratoria justa y humana que reunirá a las familias, creará una ruta hacia la ciudadanía, protegerá a los refugiados y a otras poblaciones vulnerables y cambiará drásticamente nuestra política migratoria para estar en consonancia con los valores humanitarios”, dijo el Rdo. John L. McCullough, presidente y director ejecutivo del Servicio Mundial de Iglesias, al inicio de la cumbre.

“También necesitamos abordar las causas raigales de la inmigración, entre ellas la pobreza, las políticas comerciales, los conflictos en el mundo, el cambio climático y otras realidades que hacen que las personas emigren para poder sostener a sus familias”.

Durante una pujante sesión vespertina de “reflexión misiológica sobre la inmigración”, Miguel A. De la Torre, un profesor de ética social de la Escuela Iliff de Teología, en Denver, Colorado, y cubano de nacimiento, retó a los presentes a que les preguntaran a los inmigrantes por qué habían venido a Estados Unidos.

“Azúcar, ron y tabaco, son las razones por las que estoy aquí”, dijo él, añadiendo que en 1905, Estados Unidos poseía el 70 por ciento de las tierras rurales de Cuba, de sus tierras agrícolas, y el 90 por ciento de su azúcar y de su tabaco. “Cuando un país exporta sus recursos naturales y luego compra el producto refinado, se convierte en dependiente.

Él señaló luego el perjuicio causado en [los países de] la cuenca del Caribe, en países como Guatemala, donde el control de la United Fruit Company sobre el cultivo de la banana del país llevó a acuñar el término “república bananera”, así como apuntó el daño causado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA, que en los primeros 10 años de su aplicación causó que el precio del maíz descendiera un 70 por ciento en México y que 1 millón setecientos mil granjeros mexicanos perdieran sus tierras.

“Cuando un país construye carreteras en otro país para [extraer] recursos naturales y mano de obra barata, porque nos sorprendemos cuando la gente [de ese país] toma esas mismas carreteras”, preguntó.

El problema migratorio en EE.UU. es el resultado de 100 años de neoimperialismo, dijo De La Torre.

“Olvídense de ser cristianos, se trata de ser humanos. Ninguna ley va a arreglar eso. Ha tomado 100 años llegar aquí, puede tomarnos salir otros 100 años”.

Los objetivos de la cumbre incluían: discutir las implicaciones de la migración y de la reforma migratoria y de cómo se aplica a nivel comunitario; facilitar que los líderes religiosos aprendan de especialistas y de promotores y activistas de base a crear una estrategia que les permita alzar la voz de manera más efectiva sobre los problemas migratorios y capacitar sus comunidades con las mismas habilidades; ampliar la capacidad de las denominaciones nacionales y de los grupos religiosos locales  de crear más comunidades de acogida; y facilitar las reuniones entre líderes religiosos y sus congresistas federales, dejándoles que compartan su respaldo a la reforma migratoria y alentando el apoyo de sus funcionarios electos hacia una legislación positiva.

“La migración ha sido parte intrínseca de la historia humana, en la medida en que las personas han buscado fuentes de alimentación más abundantes o estables, recursos y la capacidad de adquirir un modo de vida, espacio y libertad de muchos órdenes, [así] como compañeros, seguridad, aventura, mayor justicia y la posibilidad de vivir en paz”, dijo Jefferts Schori en una reflexión preparada para la cumbre.

“El carácter de Estados Unidos se arraiga en la experiencia de los inmigrantes, y nuestro cacareado espíritu creativo ha dependido de los dones de los recién llegados. Sin embargo, nuestra legislación migratoria es claramente inservible”.

Jennings le recordó a los episcopales de Georgia, Washington, Carolina del Sur, Ohio, Virginia y Michigan —durante una sesión vespertina de estrategia orientada a la formación de equipos denominacionales para promover los derechos de inmigrantes y refugiados— que el activismo de la Iglesia Episcopal a favor de una reforma migratoria integral ya tiene 25 años.

Más recientemente, en julio de 2012, la 77ª. Convención General aprobó la Resolución D059, “Alto a la reforma migratoria injusta”, así como la D011 “Reforma a la ley de inmigración desigual”. La D059 pide que se suspenda el Programa Comunidades Seguras del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, que se propuso como un medio para que los funcionarios federales deportaran a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

Yendo más adelante, y luego [incluso] de la aprobación de un proyecto de ley migratorio, la labor migratoria de la comunidad religiosa y su colaboración para crear comunidades hospitalarias apenas comienza.

“La puesta en práctica será un esfuerzo enorme y exigirá mucha participación, lo cual tomará años”, dijo Conway. Pasará una década antes de que estas personas sean residentes permanentes o poseedores de tarjetas verdes; una década de prestar asistencia y de abrirse camino a través del sistema”.

– Lynette Wilson es redactora y reportera de Episcopal News Service. Traducción de Vicente Echerri.