Carmen Milagro Flores, una de los dirigentes comunitarios de La Anémona, de pie a la puerta de su casa. Como líder, Flores dice sentirse responsable de otros miembros de la comunidad. Foto de Lynette Wilson para ENS.

[Episcopal News Service – San Salvador, El Salvador] Ciento ochenta y nueve familias desplazadas por un desastre natural han reclamado una estrecha franja de tierra situada entre la Carretera Panamericana y una docena de graneros abandonados propiedad del gobierno a unos 25 minutos en auto al este de San Salvador.

Viven en chozas hechas de zinc, embarrado, materiales de construcción desechados y a veces materiales rescatados de sus antiguas casas. Las lluvias torrenciales y los deslaves causados por el huracán Ida en 2009 arrastraron el suelo debajo de sus pies y, en ocasiones, se llevaron las casas. La gente huyó de noche mientras la tormenta cobraba fuerza y las casas se precipitaban por un barranco. A un bebé de 2 meses, así como a su madre y su abuela, los enterró vivos el alud, junto con un anciano cuyo cadáver no encontraron nunca.

Después de la tormenta, las familias, unidas por 36 años de vivir en comunidad, decidieron mudarse a la franja de tierra abandonada, que carecía de servicios básicos —agua, saneamiento y electricidad—, uniéndose así a una población mucho mayor de 10.000 personas sin tierra que viven a lo largo de la frecuentada carretera. A la comunidad le pusieron “La Anémona”.

“Vinimos aquí cuando vimos que nuestra tierra se estaba desintegrando, si hubiera habido un temblor o un terremoto habría destruido nuestras casas”, dijo Carmen Milagro Flores, una líder de la comunidad. “Esta era el único pedazo de tierra desocupada”.

La población de La Anémona se mudó a esta estrecha franja de tierra en 2009 entre la frecuentada carretera Panamericana y una instalación de graneros abandonados propiedad del gobierno, luego de que las fuertes lluvias y los deslaves destruyeran su comunidad que se encontraba en la ladera de una colina. Foto de Lynette Wilson para ENS.

Unos 2 millones de salvadoreños, un tercio de los 6,1 millones de habitantes del país, viven en casas deficientes en alrededor de 2.500 comunidades informales. Son personas desplazadas internamente —por la guerra, los desastres naturales, la violencia y las privaciones económicas— que han construido chozas a lo largo de carreteras y arroyos contaminados, detrás de centros comerciales y en cuestas peligrosas.

Para los que huyeron de los efectos de Ida, “esta es la segunda vez en sus vidas que han sido desplazados”, dijo Noah Bullock, director ejecutivo de la Fundación Cristosal. “La primera vez fue durante la guerra civil”.

La Fundación Cristosal es una organización de desarrollo comunitario basada en derechos humanos que tiene sus raíces en las iglesias Anglicana y Episcopal. Trabajó con La Anémona para legalizar la electricidad, introducir agua potable, construir un centro comunitario y, más recientemente, comenzar una cooperativa de ahorros y crédito para mujeres.

“El caso de La Anémona es emblemático del histórico desplazamiento de los pobres”, dijo Bullock. “El desplazamiento y la pobreza han empujado a la gente hacia los márgenes, obligándoles a vivir en lugares inadecuados para viviendas, lo cual les mantiene vulnerables y les impide alcanzar la estabilidad en las cosas básicas como el lugar donde viven y la manera de ganarse la vida”.

En marzo, José Oswaldo López, el tercero de derecha a izquierda, uno de los abogados de Cristosal, y líderes comunitarios de La Anémona se reunieron con David Rodríguez, a la izquierda, delegado del partido FMLN, para dialogar sobre un proyecto de ley que legalice la tierra en la que vive la gente de La Anémona. Foto de la Fundación Cristosal.

La propiedad de la tierra le permitiría a los miembros de la comunidad dedicarse a edificar vidas más estables para sus familias, dijo Blanca Estella Herrera de Yanes, de 26 años, que espera proporcionarles tal estabilidad a sus hijas de 5 y 9 años.

Sin un título de propiedad, recalcó, “somos usurpadores”.

La pobreza en El Salvador, explicó Bullock, es parte de un sistema más amplio de exclusión social: una condición en la cual a las personas, por excluírseles de ejercer sus iguales derechos en la sociedad, se les niega en efecto, de manera sistemática, la igualdad ciudadana. En lugar de invertir en proyectos que dependen de ayuda permanente, la Fundación Cristosal procura fortalecer la capacidad de los pobres de laborar en pro de la justicia y el desarrollo como ciudadanos iguales en una sociedad democrática.

“En Anémona, lo más importante que hemos logrado es que la gente y su gobierno están dialogando”, resaltó él. “El objetivo último es el pleno reconocimiento de las personas como ciudadanos del Estado y su derecho a pertenecer a El Salvador, independientemente de su situación de pobreza y de falta de tierra”.

Desde el comienzo, la Fundación Cristosal ha estado al lado de la gente de La Anémona.

“Ellos fueron los primeros que vinieron, cuando más necesitados estábamos”, dijo Flores.

Otros también vinieron a ayudar, incluida una iglesia que compró un lote de terreno para la comunidad, sin el consentimiento de ésta. En una zona que estaba aislada, sin carretera y sin servicios básicos, dijo José Manuel Muñoz, un líder comunitario que también ha llevado la delantera en el empeño por la legalización de la tierra.

“Eso fue cuando decidimos ir adelante con nuestro plan de acción”, dijo Muñoz.

“La constitución dice que la propiedad del Estado es la propiedad del Estado, y nosotros [como ciudadanos] somos parte del Estado”, explicó; añadiendo que la burocracia impide la ejecución de las leyes establecidas en la Constitución. “Merecemos vivir de manera digna, en un lugar digno”.

En los años 80, una guerra civil, librada en gran medida por desigualdades socioeconómicas y falta de derechos humanos, asoló a El Salvador. Aquí, un hombre sostiene un ejemplar de la Constitución de 1986, que garantiza muchos de los derechos por los que se luchó en la guerra civil, pero que con harta frecuencia aún no se obtienen. La Fundación Cristosal labora con los salvadoreños para proseguir la lucha en pro de la igualdad de derechos. Foto de la Fundación Cristosal.

Los líderes de la comunidad, con la ayuda de un abogado y un organizador comunitario que trabaja para Cristosal, han escrito cartas, organizado reuniones y presentado un decreto legislativo en que piden la legalización de la tierra. El decreto, sin embargo, sigue varado.

“El proyecto de ley está en la Asamblea, pero lo han archivado, no lo han sometido a votación”, dijo Bullock. Pero él se siente optimista porque el Partido ARENA ha hecho avances en las últimas elecciones municipales de San Martín, donde está situada La Anémona, y el Partido FMLN está buscando ganarse el favor popular antes de las elecciones presidenciales de febrero de 2014, añadió. “Legalizar la tierra en la que viven 10.000 personas sería una gran victoria política para ellos”.

De 1980 a 1992, El Salvador fue víctima de una brutal guerra civil entre un gobierno dirigido por militares y respaldado por EE.UU. y una coalición de grupos guerrilleros, organizados como el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, o FMLN. La guerra fue alimentada fundamentalmente por las graves desigualdades que existían entre una pequeña elite adinerada que controlaba el gobierno y la economía y la mayoría de la población que vivía en la pobreza. Las comunidades en la actualidad siguen afiliándose a partidos de derecha e izquierda, y los beneficios dependen de qué partido está en el poder. El Partido FMLN detenta [en la actualidad] la presidencia.

En cooperación con la Fundación Cristosal, el obispo Martín Barahona, de la Iglesia Anglicana-Episcopal de El Salvador se ha valido de su cargo para abogar a favor de la comunidad respecto a la legalización de la propiedad de la tierra y en la negociación de los derechos al agua y la electricidad.

José Manuel Muñoz, a la derecha, y Benjamín Pérez, residentes de La Anémona, de pie sobre el techo de una de las casas abandonadas de la comunidad donde habían vivido durante 36 años. El huracán Ida obligó a los residentes a abandonar sus casas en 2009. Foto de Lynette Wilson para ENS.

Los vecinos de La Anémona distan de estar solos en haber sido desplazados de sus hogares por huracanes y otros desastres naturales. En todo el mundo, 34,2 millones de personas fueron desplazadas por desastres naturales en 2012. En América Central, 605.046 personas fueron desplazadas por desastres naturales en 2011, según un informe del Centro de Supervisión de Desplazamientos Internos y del Consejo Noruego para los Refugiados.

En El Salvador, los desastres naturales desplazaron 90.362 residentes entre 2009 y 2011, según datos compilados por el centro de supervisión. Más del 88 por ciento de la totalidad del suelo de El Salvador se considera en peligro de sufrir desastres naturales, y el 96,4 de la población vive en esas zonas riesgosas, según el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas.

Los vecinos de La Anémona, dicen Flores y otros líderes de la comunidad, se consideran víctimas del cambio climático. Desde que se vieron forzados a relocalizarse, han luchado por rehacer sus vidas y trascender el nivel de subsistencia.

“Después de la tormenta, la gente tenía pocos recursos y se vieron obligados a optar entre vivir en peligro de muerte por un deslave o en peligro de ser excluidos por vivir sin derecho a la tierra, como ocupantes ilegales”, dijo Bullock. “[Los miembros de] la comunidad se sienten como extranjeros en su propio país.

La competencia de cometas es un pasatiempo popular entre los niños que viven en La Anémona. Los padres dicen que uno de los problemas de criar niños en la comunidad es mantenerles ocupados y fuera de peligro. La comunidad está situada en una zona controlada por una de las pandillas más peligrosas de El Salvador. Foto de Lynette Wilson para ENS.

“Con las personas desplazadas, la inseguridad del lugar se convierte en una patología y refuerza la sensación de ser menos igual o de tener menos derechos que los otros salvadoreños. En un sentido, el desplazamiento era una negación de la plena ciudadanía”, afirmó él, añadiendo que sentirse inseguro respecto a la vivienda perpetúa el ciclo de la pobreza.

“Tiene que ven con la estabilidad y con la capacidad de una familia de proyectar la senda de su vida futura. Si no tienes la seguridad de que has de vivir en ese sitio durante cinco o 10 años, no puedes tener una perspectiva a largo plazo. Vives de día en día, no quieres invertir en tu casa o en cosas que podías probablemente perder mañana”.

Cinco personas encabezaron la reclamación de la tierra junto a la carretera, primero midiéndola y luego parcelándola y marcándola en lotes de [aproximadamente] 3,5 por 3,5 metros para cada familia. Durante 22 días, los dirigentes clavaban sus postes y la policía se los sacaba y les exigía un permiso para permanecer allí.

“Debíamos mostrar un permiso que no teníamos”, dijo Flores. “Un día uno de los policías me dijo, ‘estoy cansado de verte’, y yo le dije, ‘y yo estoy cansada de verte’. Así fue como seguimos haciendo nuestras chozas”.

Los dirigentes de la comunidad no cedieron. Una vez que las familias habían levantado las paredes de lo que serían sus casitas, los policías se cansaron y no han amenazado con demoler la comunidad. Sin embargo, los residentes viven con miedo, dijo Flores. El miedo a ser desahuciados les dificulta el dormir de noche y, como uno de los líderes de la comunidad, ella se siente responsable por los demás, agregó.

“Tenemos fe en Dios de que un día nos darán esta tierra”, afirmó Flores. “No es grande, pero tomaremos lo que podamos. No es seguro estar en tierra ajena”.

– Lynette Wilson es una redactora y reportera de Episcopal News Service temporalmente radicada en San Salvador, El Salvador.
Traducción de Vicente Echerri