Sarah Lawton, vicepresidente de la Comisión Permanente sobre Justicia Social y Política Pública, y miembro de la iglesia de San Juan Evangelista en el Distrito Misión de San Francisco, durante una conferencia de prensa el 15 de agosto en la catedral episcopal de la Gracia Foto/Francesca Pera

[Episcopal News Service] Clérigos, miembros de la comunidad y jóvenes inmigrantes se reunieron el 15 de agosto en la catedral de la Gracia [Grace Cathedral], en San Francisco, para celebrar un indulto temporal de la deportación de jóvenes inmigrantes indocumentados. Pero, si bien aplaudían la medida limitada que le ofrece una vía legal al trabajo a personas jóvenes que ingresaron [ilegalmente] siendo niños en Estados Unidos, la concurrencia instó a Jerry Brown, gobernador de California, a firmar  la Ley TRUST que extiende alguna protección a miembros de la familia y la comunidad.

Por ejemplo, Diego y José Hernández, mellizos de 18 años que cursan el último año de la escuela secundaria y que vinieron con sus padres de México cuando tenían 7, hablaron en la conferencia de prensa en la catedral. Ellos tienen derecho al indulto temporal de dos años, pero sus padres no.

Los mellizos se cuentan entre los millares de jóvenes inmigrantes que hicieron colas el 15 de agosto para aprovecharse del “plan de acción diferido” del presidente Obama, un programa por el cual “…individuos que tengan derecho y que no constituyan un riesgo a la seguridad nacional o pública podrán pedir una suspensión temporal de sus procesos de deportación y solicitar una autorización para trabajar”.

El Rdo. Richard Smith, sacerdote adjunto en la iglesia episcopal de San Juan Evangelista [St. John the Evangelist] pronunció unas palabras en nombre de Marc Andrus, obispo de California, ante un grupo de más de 50 personas presentes en la catedral, entre ellas periodistas de los grandes medios de prensa.

“Éste no ha sido un camino fácil para ustedes, que una y otra vez han dado un paso adelante para decir la verdad y contar sus historias. A veces ha habido riesgos, pero ustedes han sido valientes, y lo han hecho. Nos enorgullecemos de ustedes y nos enorgullecemos de seguir junto a ustedes hasta que hayamos logrado que se haga justicia para todas sus familias también”, dijo Smith. Él es un líder clerical del Proyecto de Organización de San Francisco, una red comunitaria que representa a más de 40.000 familias.

“Una palabra acerca de la Ley TRUST que está a punto de llegar al escritorio del gobernador Brown: sabemos que la inmensa mayoría de los inmigrantes en nuestras iglesias y comunidades son personas respetuosas de la ley que trabajan arduamente para sostener a sus familias”, siguió diciendo él. “[y que] hacen enormes contribuciones a nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra cultura y, ciertamente, a nuestras vidas de fe”.

“Y es por eso que está diócesis y nuestro obispo le hacen un llamado hoy al gobernador Brown a que firme la Ley TRUST cuando llegue a su escritorio”, concluyó Smith.

Las actividades de inmigración de la Diócesis de California son un reflejo del histórico apoyo de la Iglesia Episcopal a una reforma migratoria global. Más recientemente, la 77ª. Convención General aprobó la Resolución D059 “Detener la injusta reforma migratoria”, así como la D011 “Reformar la desigual ley de inmigración”.

La D059 pide que se suspenda el Programa de Comunidades Seguras, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), que se concibió como un medio para que las autoridades federales deportaran a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

“[En lugar de eso] estamos deportando a cualquiera que viole las leyes de inmigración, no sólo a delincuentes”, dijo Smith en una entrevista anterior con el Servicio de Prensa Episcopal (ENS). Él conoce de casos en que un inmigrante indocumentado es detenido por la falta de una luz trasera en su auto, arrestado y deportado, a pesar de la ausencia de antecedentes penales.

La Ley TRUST de California se propone restablecer la confianza [trust] entre las autoridades locales y las comunidades de inmigrantes —confianza que se ha visto erosionada por [el programa de] Comunidades Seguras, según los datos informativos.

El programa Comunidades Seguras del ICE, según el texto de la Resolución D059 “…conduce a largos períodos de detención —a expensas del público— de inmigrantes sin representación que no tienen graves cargos pendientes en su contra, y de hecho inhibe a las víctimas de diversos delitos, tales como la violencia doméstica, de denunciar esos delitos”.

“Dicen que es para proteger nuestras comunidades”, dijo la Rda. Paula Jackson, rectora de la iglesia de Nuestro Salvador [Our Savior], en Cincinnati, Ohio, y quien propuso la resolución, [cuando en verdad] “Destroza las comunidades”.

Jackson bautizó recientemente a los tres hijos de una pareja no casada (rechazados por la Iglesia Católica Romana), una ocasión usualmente feliz que se vio ensombrecida por la deportación del padre a [su natal] Guatemala.

“Lo que debía haber sido una celebración se vio colmada de pesar”, dijo ella al hablar [en apoyo de] la Resolución D059 en la Convención General.

En la primera mitad de 2011, deportaron a más de 46.000 padres, que dejaron atrás a sus hijos que son ciudadanos de EE.UU. De esos que se quedaron, se calcula que más de 5.000 fueron puestos en hogares de acogida —a menudo sin consultar a los padres y cuando pudieron haberlos situado con familiares o con amigos cercanos a la familia. —según un aviso de acción de la Red Episcopal de Política Pública del 1 de agosto en que se citan datos federales obtenidos por el Centro de Investigaciones Aplicadas —un comité asesor de justicia racial— a través de una solicitud de libertad de información.

En los 22 años que Jackson ha prestado servicios en Nuestro Salvador, la parroquia ha llegado a convertirse en una especie de refugio para inmigrantes. Durante una entrevista telefónica después de la Convención, Jackson describió la población a la que sirve la iglesia de Nuestro Salvador y explicó que en una ocasión había acompañado de regreso a Guatemala a una mujer indígena que era analfabeta —y que junto con sus tres hijos había perdido su apelación de asilo— en un viaje a través de aeropuertos de grandes ciudades y la embajada de EE.UU. hasta llegar a su remota aldea.

“Los inmigrantes que vienen a nuestra Iglesia son un grupo selecto —mucho más los inmigrantes recientes—  y los que vienen a la iglesia de Nuestro Salvador tienden a ser indígenas cuya segunda lengua es el español, su primera lengua es un idioma indígena, el man, una lengua maya, y la mayoría eran ciudadanos de segunda clase en el sitio de donde provenían”, dijo Jackson. “No sólo vienen de la pobreza, la pobreza es algo que se da por sentado, aunque algunos son gente muy preparada y no pueden ganarse la vida. Huyen de la opresión brutal y la violencia”.

La disparidad en las leyes de inmigración también afecta adversamente a parejas del mismo sexo, especialmente cuando uno de los dos nació en el extranjero. Eso llevó a Sarah Lawton, diputada de California y vicepresidente de la Comisión Permanente sobre Justicia Social y Política Pública, a proponer la [resolución] D011.

Su marido es inmigrante y ciudadano naturalizado. Pero si él no fuera ciudadano, ella podría patrocinarlo —una opción que no tienen las parejas del mismo sexo, dijo Lawton. La resolución fomenta una legislación que le permita a las parejas del mismo sexo tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales en lo tocante a la capacidad de un ciudadano estadounidense o de un residente permanente de patrocinar a su pareja en el proceso de inmigración.

Lawton explicó, en una entrevista telefónica con ENS, que su parroquia —San Juan Evangelista en el Distrito Misión de San Francisco, donde Smith presta sus servicios— ha perdido miembros, muchos de los cuales [han emigrado] al Canadá, donde permiten el patrocinio [conyugal] de parejas del mismo sexo.

La Iglesia Episcopal ha apoyado históricamente una reforma migratoria global; las resoluciones aprobadas en la 77ª. Convención General reafirman esa posición.

“Las resoluciones aprobadas en la Convención General le dan a mi labor en Washington su centro y su legitimidad”, dijo Katie Conway, analista de la política de inmigración y refugiados de la Iglesia Episcopal. “Es algo muy convincente para los funcionarios de la Administración o los miembros del Congreso ver cómo una resolución sobre inmigración propuesta por una diócesis en Ohio, en un distrito, puede luego ayudar a la defensa [de una causa] a través del país, en California o Nueva Jersey o Arizona, en otras diócesis y otros distritos”.

“Estas resoluciones ofrecen una oportunidad de ilustrar a los legisladores sobre estos problemas mediante la labor y la pasión de los episcopales y garantizar que la voz [de la Iglesia] Episcopal siga siendo firme y clara mientras continuamos promoviendo políticas migratorias humanas y justas”.

A nivel local, agregó Lawton, el contar con resoluciones tales como la D059 ayuda a conseguir apoyo para iniciativas tales como la Ley TRUST.

La Convención General aprobó una tercera resolución relacionada con la inmigración, la D067, que expresa su “apoyo a la aprobación de una legislación federal que ofrezca un camino a la ciudadanía a jóvenes y jóvenes adultos indocumentados” y que respalda el otorgamiento de becas a jóvenes indocumentados que serían los beneficiarios de la Ley DREAM.

La Ley DREAM, una legislación bipartidista que ofrecería un camino a la ciudadanía a personas que hubiesen llegado a Estados Unidos como menores, está atascada en el Congreso. El 15 de junio, el presidente Barack Obama, que ha alentado su aprobación y quien dijo que la firmaría, anunció el plan de acción diferida.

En el pasado, el gobierno federal ha concedido amnistía a inmigrantes indocumentados que reúnan ciertos criterios.

De no haber sido por la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986, Ariana González-Bonillas, de la Diócesis de Arizona, dijo que ella no hubiera podido asistir a la Convención General como parte de la Presencia Oficial de la Juventud en 2012.

“Mi padre no nació aquí. Nació en Ciudad de México en el seno de una familia pobre, que se mudó a California cuando él tenía 7 años, y él se quedó aquí indocumentado durante los próximos 10 años”, testificó ella durante una reunión del Comité de Asuntos Nacionales e Internacionales el 9 de julio. “Él vivía en el valle de San Fernando, en Los Ángeles, y rodeado por otras personas indocumentadas. En la escuela secundaria contempló la idea de alistarse en el ejército, aunque había progresado lo bastante [en sus estudios] para llegar convertirse en el estudiante de mejores notas. Hubiera podido ir a cualquier escuela si sólo hubiera tenido documentos”.

La ley de 1986 le permitió a su padre asistir al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Dos años después, conoció a la madre de González-Bonillas, que estudiaba en el vecino Wellesley College.

“Un sacerdote episcopal los casó cuando ella se graduó”, agrego. “Dos años después de eso, él se convirtió en ciudadano de EE.UU., una semana antes que yo naciera. Cuando yo tenía 6 meses, me bautizaron en la Iglesia Episcopal. Podría decir que debido a la amnistía que le permitió a mi padre ir a la universidad, yo estoy ante ustedes hoy, y es por eso que quiero ayudar a otros jóvenes indocumentados a ir a la universidad, a adquirir una notable educación y finalmente a adoptar la ciudadanía al tiempo que una vida mejor, y a que sepan que los apoyamos de todo corazón”.

– Lynette Wilson es redactora y reportera del Servicio de Prensa Episcopal. Traducido por Vicente Echerri.