[Episcopal News Service] Cuando el gobernador Dannel Malloy refrendó un proyecto de ley en abril mediante el cual Connecticut se convertía en el quinto estado [de Estados Unidos] en abolir la pena de muerte en los últimos cinco años, la presencia de James Curry, obispo sufragáneo de la Diócesis Episcopal de Connecticut, en la ceremonia daba fe de la influencia de los líderes episcopales en ponerle fin a la pena capital en el estado.

Curry y otros miembros de la diócesis habían cooperado con la Red para Abolir la Pena de Muerte en Connecticut desde la ejecución en 2005 del asesino en serie Michael Ross, el primer prisionero que era ejecutado en Nueva Inglaterra en 45 años.

Abolir la pena de muerte se convirtió en “un asunto muy, muy contencioso” en Connecticut luego de que dos presos recién liberados allanaron una casa y “asesinaron brutalmente” a dos niñas y a su madre en 2007, dijo el obispo.

“En medio de eso, era muy difícil sostener una conversación en este estado acerca de no exigir la pena de muerte por crímenes tan espantosos”, afirmó Curry. “También era un momento en la Iglesia donde comenzamos a cambiar el tema de que e trata de un castigo a que la pena de muerte se refiere en verdad a lo que queremos que sea nuestra sociedad”.

La Iglesia Episcopal se ha opuesto oficialmente a la pena de muerte durante más de medio siglo, y su campaña ha ido ganando adhesiones según ha ido cobrando fuerza a través del país [la idea] de ponerle fin a la pena capital. Los obispos y otros líderes eclesiásticos han escrito cartas, han integrado coaliciones, han testificado ante legisladores y han manifestado públicamente su oposición a la pena de muerte.

Diecisiete estados y el Distrito de Columbia han abolido la pena capital. En total, 3.189 personas se encuentran actualmente en el pabellón de la muerte en Estados Unidos, entre ellos algunos en Connecticut y Nuevo México, estados que abolieron la pena de muerte sin hacerlo con carácter retroactivo, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

La Iglesia Episcopal aprobó por primera vez una resolución en la que se oponía a la pena de muerte en 1958, dijo Alexander Baumgarten, director de relaciones gubernamentales de la Iglesia Episcopal. “Desde entonces [esto] se ha reafirmado en múltiples convenciones, de manera que nuestra posición como Iglesia ha estado clara durante mucho tiempo.

“Creo que el hecho de que veamos este comportamiento reciente de obispos y otros líderes de la Iglesia en las diócesis de Estados Unidos que aumenta la prominencia de nuestro activismo es un reflejo del clima en el que la opinión pública en Estados Unidos parece inclinarse en contra de la pena de muerte por primera vez en muchos años”.

Una encuesta de Gallup de 2011 mostraba que aproximadamente uno de cada tres estadounidenses se oponía a la pena de muerte, un descenso de un 19 por ciento en apoyo de la pena capital en 17 años y un descenso sin precedentes del 80 por ciento que la apoyaba en 1994. Baumgarten atribuye la tendencia a una comprensión de “los fallos inherentes a la aplicación de la pena de muerte”.

Por ejemplo, repetidos estudios han documentado que la pena capital no frena la comisión de delitos, agregó. La pena de muerte también lleva implícita prejuicios raciales y socioeconómicos y la posibilidad de ejecutar a personas inocentes.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte

Algunos estudios indican que la oportunidad de ser sentenciado a muerte es mucho mayor cuando las víctimas de asesinato son blancas, y un estudio de 1998 revelaba un patrón de discriminación en relación con la raza de la víctima o la raza del acusado o ambas en el 96 por ciento de los estados donde [los aspectos] de la raza y la pena de muerte se habían revisado.
Más de 130 personas han sido liberadas del pabellón de la muerte desde 1973 debido a pruebas de su inocencia, con un promedio de cinco personas exoneradas anualmente de 2000 a 2011.

“En la medida en que la gente empieza a entender las complejidades de cómo la pena de muerte se aplica en la práctica”, dijo Baumgarten, “creo que empezamos a ver a personas que a primera vista podrían no oponerse a la pena de muerte y que ahora empiezan a decir: tal como se aplica la justicia en este país, esto realmente no funciona”.

Si bien la Iglesia Episcopal tiene una posición oficial contra la pena de muerte, ésta es fundamentalmente un problema de cada estado, y los empeños de la Iglesia para abolirla se han originado principalmente a nivel local, señaló Baumgarten, que trabaja en la oficina de la Iglesia en Washington, D.C.

“No es algo que yo creo que haya sido impulsado por las estructuras centrales de la Iglesia Episcopal o las entidades del gobierno central de la Iglesia Episcopal”, dijo. “Los obispos y las congregaciones y los líderes de las diócesis se han fijado en la posición histórica de la Iglesia sobre esto y la han aplicado al… contexto que se desarrolla en su entorno”.

Empeños de colaboración

En Connecticut, la diócesis trabajó con la Red de Connecticut para la Abolición de la Pena de Muerte en los intentos legislativos que fracasaron más de una vez antes de que el gobernador refrendara el proyecto de ley el 25 de abril que abolía la pena de muerte en el estado. En 2009, el entonces gobernador M. Jodi Rell vetó un proyecto de ley, y en 2011 el proyecto de ley se frustró por falta de dos votos en el Senado estatal.

El proyecto de ley de 2012 le puso fin a la pena de muerte, pero no para los que habían sido convictos antes de que entrara en vigor -entre ellos los dos hombres sentenciados a muerte por los notorios asesinatos de 2007.

“Es un fallo de la ley”, dijo curry. “Creo que va a librarse una batalla legal”.

Durante la campaña por la exitosa ley de la abolición, la Red de Connecticut ayudó a organizar conversatorios en la iglesias en torno a la pena de muerte, agregó. “Comenzamos a organizar campañas de escribir cartas a los representantes y senadores del estado. Nos dispusimos a participar en el diálogo. Estuvimos cabildeando en el edificio de las oficinas legislativas”.

La diócesis también se alió con la oficina de la Iglesia en Washington, D.C. enviando partes a través de la red de política pública de Connecticut.

El testimonio público de la diócesis incluyó el invitar a clérigos a renovar sus votos durante la Semana Santa este año al tiempo de participar en el oficio del Viacrucis en que se meditaba sobre problemas de justicia en la sociedad y en particular sobre la abolición de la pena de muerte. Participaron entre 175 y 200 personas, sacerdotes episcopales en su mayoría, pero también algunos clérigos de otras denominaciones, explicó Curry. “Tuvimos un rabino que se nos unió… Eso habla del poder de este tema y del poder de la coalición, porque el mismo lenguaje de nuestro Viacrucis era inquietante para él”.

Mientras ellos caminaban en oración, la última senadora que se necesitaba para aprobar la abolición celebró una conferencia de prensa en la que dijo que había cambiado de opinión después de haberse opuesto a la [promulgación] de la misma ley el año anterior, siguió diciendo Curry. La Iglesia fue decisiva en la aprobación del proyecto de ley, agregó, desde [el empeño de] escribir la carta hasta la imagen de tres obispos episcopales y numerosos clérigos en sus sotanas andando en procesión a través de la capital del estado.

“Para mí, la otra realidad es que la Iglesia aprendió que tenemos la posibilidad de afectar el discurso público manteniéndonos fieles a quienes somos y mediante la creación de alianzas con otras agrupaciones, como la Red de Connecticut para Abolir la Pena de Muerte [Connecticut Network to Abolish the Death Penalty], que vamos a mantener en tanto examinamos la justicia social… Debemos mantenernos siempre mirando más allá de nosotros mismos, fuera de nosotros, para [escuchar] otras voces con quienes podamos aliarnos.

En la Diócesis de Montana, el obispo C. Franklin Brookhart Jr. pertenece a la Coalición de Montana por la Abolición, un grupo multitudinario de organizaciones religiosas y de otro carácter que buscan ponerle fin a la pena de muerte en ese estado. Él ha escrito editoriales y cartas a los legisladores que se oponen a la pena de muerte y ha testificado ante un comité del Senado estatal.

“Es difícil en alguna medida porque, al hacer esto, uno tiene que hablar con personas con una amplia gama de antecedentes éticos y religiosos”, afirmó. “Para mí resulta más fácil hablar simplemente como cristiano”.

Él sacó a relucir temas tales como si la pena de muerte es justicia o es venganza; cuán fielmente puede aplicarse; si disuade [la comisión] de delitos y si sirve al bien común. Él considera la pena de muerte como “moralmente corrosiva para una sociedad”.

“Pienso que tenemos que decir, a partir de las Escrituras, que no hay duda de que el Estado tiene -la frase tradicional es ‘el poder de la espada’- para hacer esto, pero, en este día y en esta época ¿es realmente un testimonio cristiano decir que matamos a la gente? Yo no creo que lo sea”.

Al igual que Curry, él cree en el testimonio de la Iglesia, cree que la Iglesia puede influir decisivamente.

“Creo que hay poder en ser obispo y en hablar en nombre de la Iglesia. Sé que logro que me escuchen con mayor atención debido a eso”, dijo y añadió. “La otra cosa es, creo yo, que para alguna gente resulta más fácil descartarme: bueno, ¿qué esperaría uno que dijera un tonto cristiano?”

La legislatura de Montana se reúne durante 90 días cada dos años, y la abolición de la pena de muerte es un asunto [a discutir] en cada sesión, apuntó. “Casi llega a aprobarse la última vez”.

“Cada vez que sale a relucir… la idea de la pena de muerte parece tener menos fuerza y atractivo, y saldrá a relucir otra vez cuando la legislatura se reúna en enero de 2013”, predijo.

Líderes episcopales abogan contra la pena de muerte en otros estados también.

Como presidente de la Agrupación de Líderes Ecuménicos del Concejo Ecuménico de Maryland Central, Eugene Sutton, obispo de la Diócesis de Maryland, presidió recientemente una marcha hasta la Cámara del Estado de Maryland luego de celebrar, muy temprano en la mañana, un oficio de Miércoles de Ceniza en la parroquia episcopal de Santa Ana [St. Anne’s Episcopal Parish], en Annapolis, dijo Sharon Tillman, portavoz diocesana. El evento del 22 de febrero culminó con una conferencia de prensa y debates con líderes religiosos y legisladores.

En 2008, en una manifestación contra la pena de muerte en Annapolis, Sutton dijo: “No hay lugar para el asesinato auspiciado por el Estado y la venganza auspiciada por el Estado. Matar y vengarse por la muerte de otra persona contribuye al ciclo de la matanza… El amor hace lo correcto, precisamente cuando resulta difícil. Jesús enseñó a sus discípulos a trascender [la doctrina de] ‘ojo por ojo’ y ‘diente por diente’ porque eso inevitablemente conduciría a lo que el Dr. Martin Luther King y otros llamarían ‘una sociedad tuerta y desdentada’. En cambio, él nos enseñó a amar incluso lo que no es amable y a detener el ciclo de la violencia”.

En la Diócesis de Los Ángeles, el obispo J. Jon Bruno, y las obispas sufragáneas Mary Douglas Glasspool y Diane Jardine Bruce respaldaron la Ley SAFE California, que reemplazará la pena de muerte del Estado con una sentencia de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional como la pena máxima por asesinato.

En la campaña para obtener firmas para lograr que la iniciativa fuese incluida en la boleta de California en noviembre de 2012, estaban la Agrupación (diocesana) de Programa sobre Ministerios de Paz y Justicia, El Ministerio de Justicia Reparadora PRISM (también de la diócesis) y la iglesia de Todos los Santos [All Saints], en Pasadena, y San Miguel y Todos lo Ángeles [St. Michael and All Angels] en Studio City, entre otras congregaciones, dijo Robert Williams, canónigo diocesano para las relaciones comunitarias.

El obispo Mark Andrus, de la Diócesis de California, también ha apoyado empeños a favor de la abolición de la pena de muerte.

En la Diócesis de Ohio, el Rdo. Will Mebane, canónigo de la catedral de la Trinidad en Cleveland, testificó en febrero ante el Comité Judicial del Senado en apoyo de un proyecto de ley para abolir la pena de muerte.

En Kansas, obispos episcopales y de otras denominaciones han participado en campañas de escribir cartas y en otros esfuerzos en pro de la abolición de la pena de muerte.

Teología de la obra de justicia

Tales empeños son consecuentes con la misión de la Iglesia, dijo Baumgarten.

“Si miramos el catecismo en el libro de oración”, afirmó, “nos dice que la Iglesia lleva a cabo su misión al orar y rendir culto, al proclamar el Evangelio, y al promover la justicia, la paz y el amor”.

“Como episcopales, como anglicanos, entenderíamos la promoción de estructuras justas en la sociedad y de la paz en el reino de Dios en las tierra como algo que es central a la misión de la Iglesia, no una distracción de la misión de la Iglesia”, dijo él. Seríamos remisos si no atendiéramos a lo que dice nuestra fe acerca de la justicia y la paz y luego lo pusiéramos por obra en el mundo que nos rodea”.

Curry estuvo de acuerdo.

“Nuestro testimonio bíblico es acerca de la transformación del mundo, y no del acaparamiento de las buenas nuevas del amor redentor de Dios”, agregó. “Creo que tenemos que estar afuera, en el mundo, y que una de las razones fundamentales de la comunidad eclesial es preparar a todos los cristianos para que asuman ese fe en sus propias vidas. De manera que siento un gran respeto por los legisladores, o los activistas y organizadores sociales que viven su fe. Es casi antinatural que los clérigos sintieran que no pueden hacer eso”.

La política de la Iglesia le permite a los episcopales configurar la posición de la Iglesia sobre asuntos de política pública, señaló Baumgarten. “Una de las cosas importantes del sistema de gobierno de la Iglesia Episcopal es que existe realmente una línea recta desde el nivel congregacional hasta el nivel de la Convención General… Todo el mundo tiene la capacidad de participar en la interpretación que hace la Iglesia de dónde se encuentra respecto a asuntos particulares”.

Esto no significa que todos los episcopales deben estar de acuerdo en todas las posiciones que la Iglesia toma, tal como Brookhard advirtió.

“Creo que nuestra Iglesia tiene el sentido de que no esperamos que todo el mundo esté de acuerdo con las llamadas posiciones oficiales”, dijo, añadiendo que no hay ninguna “reacción punitiva” por discrepar con las resoluciones de la Convención General sobre asuntos de política pública.

“Por otra parte”, añadió, “creo que es importante decir que hay algunos asuntos que son lo bastante importantes que la Iglesia debe dar su testimonio al respecto, aun si una minoría sustancial de sus miembros no estuviese de acuerdo”.

Y ese testimonio no se queda en el nivel institucional.

La promoción social es parte de la misión de todas las personas de fe, incluidos los episcopales, afirmó Baumgarten. “No es el papel o la responsabilidad exclusivos de las estructuras, de los obispos o de los líderes de la Iglesia”.

“Eso viene de nuestra concepción del bautismo”, agregó. “Eso viene de nuestra interpretación de los mandatos de Jesús. Eso viene de nuestra interpretación de la misión y de la teología anglicana. Y es así que nuestra oficina [en Washington, D.C.] existe con el fin de preparar a los episcopales a participar en el ministerio de promoción social en sus propios contextos.

“En un sentido, ofrecemos regularmente un rostro representativo de la Iglesia en Washington” continuó. “Pero en el sentido más importante, el tuétano de nuestro trabajo, el meollo de nuestro ministerio como oficina es preparar a los episcopales de todo el país para su propio ministerio de promoción social”.

— Sharon Sheridan es corresponsal de ENS. Traducción de Vicente Echerri.